El tema de los aportantes truchos en las campañas electorales de Cambiemos del 2015 y 2017 se convirtió en un gran problema para el oficialismo. Las declaraciones de integrantes de Cambiemos que aseguraron no haber aportado dinero fueron determinantes en la investigación.
Ahora, el juez federal Ariel Lijo investigará la presunta comisión de delitos en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017. El magistrado quedó al frente de ambas investigaciones después que el fiscal federal Ramiro González concluyera que son competentes para asumir las dos pesquisas, según consignó La Nación.
En su dictamen, el fiscal González concluyó que él y Lijo son competentes para instruir ambas pesquisas sobre aportes supuestamente apócrifos, lavado de dinero y falsedades documentales. Asimismo el funcionario judicial sugirió nuevas medidas de prueba para determinar si Cambiemos delinquió.
La investigación sobre la campaña presidencial de 2015 comenzó en manos del fiscal federal con competencia electoral en la Capital, Jorge Di Lello. En ese expediente, González sostuvo que las maniobras bajo sospecha “consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias en negro durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales”.
Un cuarto de los aportantes declarados por Cambiemos son pobres