El mismo día en que la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se entrevistó en Roma con el papa Francisco consiguió un logró muy importante para su gestión. La Legislatura bonaerense aprobó en la noche del jueves la segunda parte de la reforma impositiva que permitirá eliminar cánones municipales para que los vecinos de la provincia de Buenos Aires puedan tener un 6% de descuento en las tarifas de la luz y otro 4 % en el agua potable. La norma había sido impulsada por Vidal en un proyecto que eliminaba impuestos provinciales y municipales para reducir el costo de la energía eléctrica un 15,7%; la del gas, un 6,3%, y la del agua corriente, otro 6,2 por ciento.
Para este logró fue clave la muñeca negociadora del vidalismo para conseguir consensos con el massismo y el peronismo y de esa manera también conseguir el apoyo de los intendentes de esos sectores.
La primera parte de esa iniciativa fue sancionada hace seis semanas y los descuentos ya comenzaron a llegar a los usuarios. Pero la eliminación de normas municipales chocó contra la resistencia de los intendentes. Los jefes comunales alertaron que la eliminación de estos cánones, tal como quería la gobernadora, traería aparejada complicaciones en las cuentas de los municipios ya que los presupuestos en cada distrito son confeccionados a comienzo de año.
Por eso su tratamiento se estancó y los jefes comunales, tanto oficialistas como opositores, buscaron alguna alternativa para poder salir de la situación. Fue así que esta semana el Frente Renovador y el bloque del PJ de los intendentes llegaron a un acuerdo con el oficialismo para introducir cambios al proyecto original y de esta manera sortear los problemas de las cuentas municipales.
En denitiva, se resolvió cargarle los importes al sector privado. Es decir el 6% de luz que hasta ahora pagaba los vecinos en concepto de cánones municipales ahora lo pagarán las empresas prestatarias del servicio. Del mismo modo ocurrirá con el 4 % del agua.
Solo Unidad Ciudad alertó que la puesta en marcha de esta norma generará inconvenientes en los distritos.
Las modificaciones introducidas al proyecto establece que “cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda” sin excederse del 6 % establecido en la vieja ley, y tienen prohibido cobrar por actividades o servicios “no vinculados” a la actividad.
El mismo criterio se usó para las boletas de agua y así cada municipio podrá aplicar al prestador correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda, los que en total no podrán exceder el 4% de las entradas brutas del prestador, netas de impuestos, recaudadas por la venta de los servicios. Las contribuciones especiales o de mejoras y aquellas que correspondan por la prestación efectiva de un servicio no vinculado a su actividad quedan exceptuadas del tope fijado precedentemente.
