Ciento un días pasaron desde el inicio de la toma de los terrenos de Pola y Fernández de la Cruz, aledaños a la Villa 20, en Lugano. Ciento un días en los que, en la jornada posterior a la noche del lunes 24 de febrero, cuando comenzó todo, se produjo la muerte de uno de sus ocupantes, Osvaldo Soto, de 30 años, quien recibió dos impactos de bala en el tórax y uno en una pierna, poco después de que cerca de 300 personas ocuparan el predio en el que la Policía Federal había montado en los 90 un cementerio de autos incautados, a metros del Parque Indoamericano, y que hoy es parte del tironeo entre Nación y Ciudad para concretar la urbanización del barrio, bautizado Papa Francisco por los propios vecinos. Ciento un días en los que, en esas doce hectáreas, se llevó a cabo un loteo de parcelas, que en principio se delimitaron con cintas de embalaje, cintas aisladoras, cintas de peligro para constituirse en la locación, siempre desafortunada, de escenas en las que alrededor de 300 familias montaron, con el transcurso de las horas y de los días, carpas iglú, sombrillas, toldos, casillas de cartón que serían el preludio de construcciones un tanto más sofisticadas y sólidas pero que seguían –siguen– siendo el signo de la precariedad dentro de la precariedad. Ciento un días en que llegó, aunque tímidamente, el frío, la lluvia sumida en el gris, la humedad que no ceja. Ciento un días en que la toma abrazó, en el peor de los sentidos, el Jumbo de la avenida Escalada. Ciento un días en que las familias fueron más, se reprodujeron bajo el patrón de la solidaridad y la miseria, que llama a la miseria. Ciento un días en los que el recuerdo de la toma del Parque Indoamericano, de diciembre de 2010, se tornó en experiencia vívida, se haya participado o no: la memoria colectiva tiene esas cosas, se deja sentir en la carne y en los huesos, en lo bueno y en lo malo. Pero sobre todo en lo malo. Como aquellas tres muertes y el accionar de la Policía Metropolitana y la Federal.
Se trata de 101 días en los que la Justicia intervino y cobró el primer responsable: Marcelo Chancalay, histórico puntero de Villa Lugano, sindicado como instigador de la toma del predio y, hasta el momento de su detención, empleado del Gobierno porteño y militante de las filas territoriales de Unen, al que llegó de la mano del Coti Nosiglia, dejando su pasado ligado a banderas de otros colores. Ciento un días en los que, en pos de cumplir con el artículo 2 bis de la Ley 1.770 de urbanización de la Villa 20, según el cual el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) debía hacerse cargo de la realización de un censo en el plazo de 30 días de promulgada la norma, con el fin, justamente, de determinar con precisión la cantidad necesaria de viviendas a construirse, el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio se llevó a cabo el relevamiento.
El IVC contó, a su vez, con la veeduría de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y con la colaboración del procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, y de la asesora tutelar, Norma Sas. Si bien los datos todavía están siendo procesados, trascendió que fueron unas 700 familias las censadas, lo que se traduciría, respecto a la labor de aquellos días, en unas 1.800 personas habitando la zona tomada. Consultados por Noticias Urbanas, los vecinos disienten sobre esas cifras, no solo porque, en su visión, no son representativas de la cantidad real de ocupantes –ya que varios miembros de muchas familias, sobre todo los ancianos y los niños, los más vulnerables, viven la mayor parte del tiempo en piezas alquiladas en la Villa 20– sino porque, a su vez, estas desconocen el fenómeno de rotación respecto a la presencia en la toma: hoy yo, mañana vos. Pero no es ese el único aspecto acerca del cual dieron a conocer su disconformidad.
Cristian, delegado de la toma, contó a NU: “Fue todo muy desprolijo. Nos avisaron a las seis de la tarde del día anterior que se iba a hacer el censo. No le pudimos avisar a un montón de vecinos, que por ahí no se encontraban en el barrio por cuestiones personales o estaban trabajando. Nosotros creemos que somos, en realidad, contando los diez sectores en los que está dividida la toma, entre 80 y 100 familias por sector. Y a cada una la tenés que multiplicar, como mínimo, por tres”. Desempleado hace un mes y medio, padre de dos chicos, sostiene convincente el lema personal, compartido por sus pares: ni villa ni desalojo. “Espero que la urbanización se defina en estos días, que el censo haya sido un primer paso en ese camino. Y también espero que los datos no sean usados en nuestra contra. Por eso el sábado 7 firmaremos un acta de compromiso con la Defensoría del Pueblo, para que nos ayude con eso”, se anticipa, escudándose en la Ley 1.845 de protección de datos personales.
Poni vivió toda la vida en la villa. La conoce, dice, como si fuera su propia piel. Llegó de Santa Fe a los 22 años, creyendo que “Buenos Aires era Hollywood”. En sus 46 años cosechó 9 hijos y 13 nietos. Si de recursos hablamos, solo dispone de una pensión que la obliga a pedir fiado. Le tienen confianza, asegura. Quiere que los gobiernos, el nacional y el porteño, se junten, que Cristina ceda los terrenos del cementerio de la Federal y que Macri arranque con la urbanización de una vez. Que no es capricho, aclara, que es ley. Poni quiere que la villa mute en barrio, condición que se logra con ambulancias, policía, servicios, lejos del barro y las enfermedades respiratorias, que por estos días son moneda corriente en el lugar. “El fin de semana que viene van a seguir censando. Nosotros estimamos que acá hay más de 1.200 familias, y cada una tiene, en promedio, cinco o seis integrantes. Lo que pasa es que la gente entra y sale de la toma, porque los terrenos están conectados a los pasillos de la villa. Yo –continúa– hasta que no lo vea a Macri sentado con Cristina, no lo creo. La gente está dispuesta a pagar su casa, está podrida de pagar una piecita de 4 por 5 en la villa, con baño compartido, por 1.200 pesos o más”, opina, y al tiempo insiste con un pedido: pañales para una chica de 18 años discapacitada. Ese tema le interesa: quiere hacer un relevamiento de personas discapacitadas en la villa que, sabe, son unas cuantas.
–¿Por qué te dicen Poni?
–Mis compañeras con las que juego a la pelota me pusieron ese apodo porque soy petisita. Los fines de semana hacemos torneos, antes por Parque Roca, ahora por el Parque de la Victoria, en Lugano.
–¿Y de qué jugás?
–De defensora. Como en la vida, sobrevivo.
Más acá en el tiempo, el lunes 2 se llevó adelante una audiencia para tratar el planteo de incompetencia presentado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el marco, precisamente, de la causa que investiga la ocupación de lo que hoy se conoce como barrio Papa Francisco. En ese sentido, el fiscal Carlos Rolero expuso los argumentos sobre la incompetencia local para entender en la causa, fundando dicho planteo en que la materia que se investiga cuadraría con una asociación ilícita, delito de competencia nacional, y no con una usurpación, delito de competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y por el cual se encuentra imputado y detenido Marcelo Chancalay.
El defensor general adjunto Luis Duacastella y Juan Manuel Di Teodoro, abogado patrocinante de Marta Yané, militante del Movimiento Evita para quien la fiscalía había solicitado la detención por considerarla partícipe del delito de usurpación, expusieron su oposición a que la causa abandone el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, centrando su posición en “la falta de prueba” para fundar los delitos que la fiscalía señala. Finalmente, la jueza Gabriela López Iñíguez rechazó el pedido de detención de la militante. “Esto demuestra una vez más que el macrismo invierte esfuerzo y dinero en investigaciones mal hechas y con falsas acusaciones, y no se preocupa por el verdadero problema que constituye la crisis habitacional y la falta de vivienda digna”, dijo la propia Yané a NU.
Por otro lado, la jueza titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad solicitó la participación de la subsecretaria Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Mónica Reina, para que informe al tribunal los avances en la causa que tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en relación al plan de saneamiento del predio para su posterior urbanización, y los resultados del censo. Así, dispuso un cuarto intermedio para el 4 de junio, a las 10.30, en los tribunales de Tacuarí 138, convocando la presencia del defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, y del procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, para que informen sobre los avances para una solución pacífica del conflicto, en su calidad de miembros del comité de crisis creado, en el marco de la causa por incumplimiento de la Ley 1.770, por la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Elena Liberatori.
En comunicación con NU, Juan Manuel Di Teodoro afirmó que no hubo grandes novedades en la audiencia del miércoles, pero que, entiende, las habrá la semana próxima, en la que deberá definirse la cuestión del desalojo de la toma, que tiene como fecha máxima el 12 de este mes. “Seguramente se dé por tierra la idea del desalojo, pero creemos que la fiscalía apelará. Esperemos que concluya esta situación en la que parece haber un estado esquizofrénico, que por un lado criminaliza la protesta social que evidencia la crisis habitacional, y por otro tiene intención de avanzar con la urbanización”, manifestó.
Alejandro “Pitu” Salvatierra, por su parte, sostiene: “El censo muestra, después de mucho tiempo de inactividad, al Estado haciendo algo, buscando hacer frente a un problema social y político, en lugar de pretender una solución judicial, que siempre es el camino más fácil para los villeros, que nos ha llevado lamentablemente a una situación tragicómica: se procesa y detiene a luchadores sociales por protestar ante un Estado que claramente no cumple con la ley”.
–¿Te referís a Marcelo Chancalay?
–Y… sí. No tengo la misma trayectoria política ni las mismas prácticas que Chancalay, nada que ver, pero creo que es un chivo expiatorio. Si creen que la toma fue solo de Chancalay, es una ingenuidad muy grande. No tiene sentido. El promotor de la toma es el Gobierno de la Ciudad, que tiene una falta total de autocrítica.
–¿El Gobierno nacional va a ceder los terrenos que usaba la Federal?
–Yo estoy tranquilo porque el Gobierno nacional siempre hizo lo que tenía que hacer. Va a priorizar la resolución del conflicto por una ciudad inclusiva.
Ya concretado el censo, resta el trabajo –o su continuidad– sobre unas cuantas peticiones de los vecinos del barrio Papa Francisco, expuestas en las puertas del IVC, en Pellegrini 211. A saber: la inmediata urbanización con radicación de la Villa 20 de Lugano y el cumplimiento de la Ley 1.770, sancionada en 2005; la regularización de las tierras lindantes al barrio, “que son parte de la Ley 1.770 y que hoy están siendo usurpadas por la Policía Federal Argentina por el incumplimiento del GCBA”; la apertura de una mesa de trabajo para avanzar en la urbanización con radicación de la Villa 20, en la que estén contemplados las partes y los actores sociales afectados, como delegados y vecinos del barrio, el GCBA, el IVC, la Defensoría del Pueblo y la Justicia, y “que no se criminalice a los verdaderos vecinos de la toma, que sufrimos una verdadera emergencia habitacional ni se denuncien a los militantes sociales que nos acompañan”. En definitiva, la disyuntiva pasa, como suele suceder, por dos polos que se llevan bastante mal: la criminalización y la urbanización. Como sea, los vecinos esperan que los 101 días no se transformen en las mil y una noches de la espera infructuosa.
El congreso de la carpa villera
Convocado en un principio para el sábado 7, a instancias del Mundial, el encuentro de los militantes villeros, que ya llevan 46 días acampando en el Obelisco, se realizará finalmente el sábado 19 de julio. “Nos daremos cita para poner de pie una herramienta que nos permita luchar por la urbanización y la vivienda. Ya llevamos casi dos meses en huelga de hambre sin respuestas del GCBA. Son días de lucha, de dignidad. Para los que no quieren vernos, acá estamos. Para los que no quieren escucharnos, seguimos gritando, sumando brazos y voces: ni un paso atrás, vamos por la urbanización con radicación siempre”, expresó a Noticias Urbanas Rafael, militante de la iniciativa.
