Los letrados que defienden al joven baleado en La Boca durante la tarde del 9 de noviembre, señalaron que el accionar de Roberto Ayala, el efectivo de la Policía Metropolitana que disparó a sangre fría al muchacho, debe responder, en última instancia, al Gobierno de la Ciudad. También, destacaron “la falta de independencia entre la conducción política y la fuerza, contradiciendo todos los protocolos, disposiciones y normativas creadas en treinta años de democracia”.
–¿Cómo analizan lo que sucedió con Lucas Cabello?
Nahuel Berguier: –Macri miente cuando dice en el debate con Scioli que tienen una policía altamente profesionalizada. En el caso de Lucas Cabello hay varias aristas que muestran una responsabilidad política grave por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. En primer término, porque el hecho sucede en una locación que es un hogar de tránsito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que, ante situaciones de conflictos entre vecinos que se suceden en este lugar, en el cual la gente vive en condiciones de precariedad, conflictos que excedían a Lucas Cabello y a su familia, el Gobierno de la Ciudad responde policializando el lugar.
Había una posta policial ubicada adentro del hogar de tránsito, en el primer piso, desde hacía más de un año. Es decir que ante conflictos entre vecinos, la forma de gestionar la situación del Gobierno de la Ciudad, en vez de hacerlo a través de asistentes sociales, redes de contención, restituyendo derechos, fue poner una posta policial. Esto es una grave falta de conocimiento sobre el abordaje de las políticas públicas.
Y además, el policía que ocupaba la posta desde hacía muy pocos días es un oficial joven y que en el caso quedó demostrado que tenía una completa falta de experiencia y de preparación. Por supuesto que hay un accionar criminal por parte del policía y además es clara la responsabilidad penal que le cabe. El policía le dispara a Lucas una vez y, una vez que cae al piso, le dispara dos veces más por encima de la cintura y luego sale corriendo para volver a ocupar la posta del primer piso y aprieta el botón de pánico que tenía otra vecina para llamar a las autoridades.
Aparte del hecho criminal, ese accionar muestra una falta de conocimiento profesional absoluta, lo cual deja de manifiesto la responsabilidad política del Gobierno de la Ciudad, que intervino en los conflictos entre vecinos policializando el lugar y, además, poniendo agentes sin ningún tipo de experiencia. Lo que desmiente el discurso de Macri de la profesionalización de la policía.
Gabriela Carpinetti: –Hay algo muy grave políticamente, que es que una policía que se pretendía nueva, de proximidad y cercana al vecino, porque Macri y Montenegro hablan de seguridad democrática, realiza este tipo de actos. Y muy grave es la primera reacción que tuvo María Eugenia Vidal como gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, de salir a respaldar una versión muy débil de la fuerza de seguridad porteña. Es muy grave que los que conducen civilmente esa fuerza convaliden actos de estas características, porque claramente los primeros indicios demuestran que se trató de un hecho de violencia institucional y de accionar ilegítimo de la fuerza. Esto rompe todos los esquemas de independencia entre la conducción civil y policial que requiere toda fuerza de seguridad democrática.
Y, a su vez, lo más preocupante en términos políticos es que quien va a ser la conductora política de la policía de la provincia de Buenos Aires, al respaldar actos de impunidad de la Policía Metropolitana, que es la única experiencia que tiene el Pro en materia de conducir una fuerza de seguridad, da un mensaje de impunidad a la Policía Bonaerense. Es como decirles a sus integrantes: “Yo los voy a conducir porque los puedo proteger, incluso cuando actúen ilegítimamente”.
–La Policía Metropolitana estuvo involucrada en otros hechos de represión, como los del Indoamericano y el Borda. ¿Existe un hilo conductor entre estos casos y el de Lucas?
N. B.: –Sí, claramente hay un hilo conductor. Y es importante señalar que la actuación posterior al hecho de Lucas Cabello tanto por parte de la Metropolitana como de su conducción política deja a las claras que hay un hilo conductor y que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad avalan esta política, por varias cuestiones: primero, el Gobierno porteño no actuó como lo debe hacer un gobierno democrático y que se ajusta a derecho, que era pasar a disponibilidad al policía, ponerse a disposición de la Justicia y solidarizarse con la familia. Nada de esto hicieron las autoridades políticas de la Ciudad. En segundo lugar, marcar que la Policía Metropolitana continuó hostigando a la familia y a los vecinos de la zona en las horas posteriores al hecho.
Luego de que varios vecinos llevaran a Lucas al hospital, aproximadamente dos horas después del hecho, cuando la familia volvió a la casa a buscar documentos y cosas básicas que se necesitan cuando una persona se encuentra internada, se encontraron con un vallado humano de más de 20 efectivos de la Policía Metropolitana que les impidió ingresar a la vivienda. Luego, la policía continuó rodeando el lugar hasta por lo menos el día miércoles. Esto es coherente con las declaraciones de Vidal. Es echar un manto de impunidad y tener una actitud corporativa con la fuerza. Y va de la mano con esta línea de interferir negativamente en el libre desarrollo de la investigación.
G. C.: –Y de falta de independencia entre la conducción política y la fuerza misma, contradiciendo todos los protocolos, disposiciones y normativas creadas en treinta años de democracia. En clara contraposición con un espíritu de democratización de la policía.
