Con esto, se creará un Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo, que estará ubicado en los barrios populares de la Ciudad alcanzados por las leyes de reurbanización e integración socio-urbana sancionadas por la Legislatura, tales como el Barrio Mugica (Ex Villa 31), Barrio 20, Barrio Fraga y Barrio Rodrigo Bueno.
Desde entonces, vecinxs de muchos barrios populares y organizaciones sociales manifestaron su disconformidad con esta iniciativa, a la que tildan como “competencia desleal”.
A esto, se sumó la Resolución N° 472/IVC/22 del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a través de la cual se aprobó y adjudicó la licitación pública Nº 63/21 para la concesión de uso y explotación con carácter oneroso de los inmuebles de dominio del Instituto de Vivienda de la Ciudad en el Playón de Chacarita y en el barrio Rodrigo Bueno por un total de 5 años, por $20.964.120,00.
-Lea aquí las resoluciones y licitaciones del Gobierno porteño publicadas en el Boletín Oficial-.
“Respecto a esta resolución del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, creemos que el GCBA ingresa a las villas de la Ciudad sólo para beneficiar a sus amigos, demostrando claramente con esta adjudicación y licitación pública de la concesión de uso y explotación de los inmuebles de dominio del IVC, que nada le importa la urbanización y el progreso de los habitantes, ya que con esta ley van a perjudicar a los pequeños comerciantes hasta hacerlos desaparecer”, opinó en diálogo con Noticias Urbanas Elizabeth Sanguina, militante de La Cámpora Rodrigo Bueno. Y completó:
“No nos sentimos identificados con esta ley y es por eso que desde los barrios populares nos oponemos rotundamente a estas concesiones, hasta que vean y cambien esta resolución”.
Al respecto de este tema, Marcelo Urquiza, referente de Comunarte NEP Villa 20 Lugano, indicó también a este medio:
“Creo que el Gobierno de la Ciudad está apurado por aplicar esta ley Farmacity y lo hace a espalda de los vecinos. Ellos saben que esta ley, seguida de la resolución que tomaron, no está buena si no se discute en las mesas de gestión participativa”.
Urquiza explicó que este combo sólo provocará la destrucción de puestos de trabajo y de los comercios ya existentes en los barrios populares.
Cabe mencionar que el Ejecutivo porteño le dará a las grandes cadenas beneficios impositivos, a fin de que abran sucursales en los mencionados barrios. La intención expresa de este plan es crear puestos de trabajo genuino en las villas porteñas en el marco de su urbanización, por lo que estas empresas estarán obligadas a emplear vecinos/as locales hasta cumplir con al menos el 30% de su personal.
Sin embargo, las fuentes consultadas no están de acuerdo con esta premisa. “Nosotros creemos que el hecho de que pongan una sucursal de Carnicería Res va a destruir a las carnicerías de las villas. Nosotros queremos que el Gobierno de la Ciudad cree políticas para los comerciantes que ya existen, por ejemplo, con el otorgamiento de créditos a pagar a tasa cero, donde el comerciante de la villa pueda ampliar su negocio, ya que hace años que vienen trabajando”, detalló el referente de la Villa 20, para completar que “cada familia come y vive de sus comercios, ya que en muchos casos es su única fuente de trabajo”.
En un comunicado difundido por redes sociales, la comunidad del Barrio Mugica (Villa 31) expresó:
Las competencias de las empresas de consumo masivo empeoran las condiciones comerciales de los comercios de ese rubro que ya están operando dentro de los barrios. Eso va a generar mayor desigualdad en la competencia, a la que le agregamos que los beneficios que le otorga la ciudad a los que vengan de afuera es todavía más desigual.
Esto fortalece la cuestión comercial (es decir, obtener la plata de los consumidores de las villas) pero no desarrolla a los sectores productivos ni fomenta el crecimiento de las actividades productivas que ya existen en los barrios (talleres y espacios productivos que ya funcionan, especialmente con trabajadores de los barrios).
El proyecto, además, deja a criterio de las empresas cuándo considerar que la gente de los barrios no está capacitada, ni siquiera van a contratar el 30 por ciento mínimo requerido. En ese sentido se vio que uno de los principios originales de la ley que promulgaron para su inicial aprobación, sólo beneficia a las grandes empresas.
Resistencia popular
“El viernes 1°/7 tuvimos una gran actividad en el barrio Rodrigo Bueno, que consistió en la participación de los vecinos de 20 villas diferentes de CABA, donde hicimos una volanteada para informar y concientizar sobre la ley de comercio con la que se verán afectados los negocios internos”, mencionó Sanguina, quien también especificó que “en esta lucha tenemos el apoyo de todos los legisladores del Frente de Todos, que nos acompañan desde el primer día en que nos enteramos de esta ley”.
En apoyo a esta idea, el comunicado también transmitió que “este viernes 1°/7, 20 villas de la Ciudad de Buenos Aires nos unimos bajo la lluvia, 500 vecinos y compañeros para defender y bancar a lxs compañerxs de la Rodrigo Bueno ante el hostigamiento del Gobierno de la Ciudad. El IVC no termina con la urbanización ni el mejoramiento del barrio histórico. Exigimos participación real en las decisiones para la urbanización de la villa. Fuera las empresas que perjudican a los comerciantes de la villa. Defendemos a los pequeños comerciantes de nuestras villas”.
La resistencia popular toma forma de protesta en la Legislatura porteña, donde realizan conferencias y manifestaciones, o bien “volanteadas” en el barrio Rodrigo Bueno, para informar a todos los vecinos y vecinas sobre las acciones del Gobierno en sus barrios.
Piden y reclaman una instancia de diálogo con el Ejecutivo, mas Sanguina aclaró que, a pesar de todas estas manifestaciones, aún no lo han logrado. “Desde la conferencia que se realizó en la Legislatura no tenemos ninguna novedad de parte del GCBA. En cambio, de parte de los vecinos estamos cada día más conscientes del daño que produciría al barrio la instalación de estas grandes cadenas a los pequeños comerciantes. A partir de ahí estamos logrando la unidad de los vecinos, para que sean ellos quienes decidan qué tipos de comercios es necesario tener en el barrio”.
Reclamos concretos
Las necesidades de las y los vecinos de los barrios populares están claras y son las que quieren llevar a una instancia de diálogo con el Gobierno porteño. A saber, algunas son:
-Vivienda digna para todxs lxs habitantes (sean propietarios o inquilinxs) de los barrios populares.
-Más presupuesto para los CESAC de los barrios y creación de hospitales.
-Creación de establecimientos educativos públicos (primarias, secundarias y nivel terciario).
-Más presupuesto para la educación pública.
-Trabajo digno y formal.
-Representantes de barrios populares en la Legislatura porteña.
-CIM en cada barrio popular, toda urbanización debe estar atravesada por la perspectiva de género y diversidades.
-Reurbanización real, efectiva, respetando la identidad de cada barrio por una ley integral con perspectiva de géneros, diversidades y discapacidades.
-Un centro deportivo en el barrio Rodrigo Bueno.
