En su última sentencia del año, la Corte Suprema de Justicia volvió a fallar en contra de los deseos de la Casa Rosada, dejando en evidencia (y en soledad) a su titular, Carlos Rosenkrantz, que otra vez volvió a sentir la mojada de oreja del trío que conforman Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Es que, nuevamente, al igual que en las últimas sentencias, estos tres volvieron a consolidar una mayoría para fallar en contra de los intereses del presidente Mauricio Macri.
Esta semana, resolvieron rechazar el índice elegido por la Anses para el cálculo de las jubilaciones. A mediados de noviembre, el máximo tribunal había anunciado su calendario de sentencias en temas de absoluta relevancia institucional para lo que restaba del año. En su primera sentencia, resolvieron corporativamente que solamente los jueces nombrados a partir de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. Luego, rechazaron el beneficio del 2×1 para los condenados por delitos de lesa humanidad, una bandera de los sectores más conservadores del electorado de Cambiemos.
En otra resolución de alto impacto político, la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo contra la Ley de Lemas de Santa Cruz, que en 2015 le permitió consagrarse a Alicia Kirchner como gobernadora. En el medio, resolvió a favor de La Pampa y le ordenó al Estado nacional que le restituya los fondos coparticipables, en la misma línea que había resuelto los casos de San Luis, Santa Fe y Córdoba.
En todos los casos, quedó en evidencia la mano de Ricardo Lorenzetti para recomponer su poder de fuego tras haber sido desplazado de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con la venia (y la mano) de la Casa Rosada. Desde el cambio de autoridades, producido a fines de septiembre, casi todos los fallos fueron contra los intereses de Cambiemos.
Incluso, a veces le torcieron el brazo a Elena Highton de Nolasco, la más permeable al lobby del ministro de Justicia, Germán Garavano, como en este último fallo sobre las jubilaciones. El Gobierno viene presionando a la integrante más veterana del tribunal desde hace tiempo. Primero cuando impulsó su jubilación, hasta ahora refrenada por la propia magistrada, quien resiste en su cargo pese a haber superado los 75 años de edad.
En su momento, el Gobierno promovió un escrito, a través del Ministerio de Justicia, para que la magistrada fuera sometida a un proceso de revisión de sus aptitudes, un procedimiento que está contemplado en la reforma constitucional de 1994 para determinar si un miembro de la Corte está o no en condiciones de seguir integrado el máximo tribunal.
Ahora Highton de Nolasco prende todos los días una vela por ella, pero aún así tampoco le alcanza su voto para derribar al trío de jueces que mete la cola cada vez que puede y que no disimula ningún gesto en ese sentido. El mejor ejemplo tuvo lugar a principios de mes: al mismo tiempo que Mauricio Macri, Marcos Peña y Germán Garavano almorzaban en Casa Rosada con Rosenkrantz y Highton de Nolasco, en un convite que el resto de los cortesanos rechazó por considerarlo inapropiado, el trío resolvía a favor de los pampeanos sin la estampa en el papel de la firma de su máxima autoridad.
Por estas horas, en el Gobierno deben estar lamentándose una y otra vez por haber promovido el desplazamiento de Lorenzetti, enemigo íntimo de Elisa Carrió, y haber subestimado al otro nuevo integrante, pensando que podían influir sobre él como lo hacen con el nuevo titular.
Es que Rosatti no es Rosenkrantz: el primero, un exintendente de la capital santafesina en tiempos de menemismo y luego ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, mientras que el otro, el favorito de Macri, es recordado por haber sido un abogado corporativo, uno de cuyos clientes era, entre otros, el Grupo Clarín, al que representó ante la ¡Corte Suprema! en su avanzada contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Desde un principio, el nuevo dejó en claro su independencia dentro del tribunal y le puso su firma, al igual que Maqueda, Lorenzetti y Highton de Nolasco, al fallo que le puso un freno al tarifazo de gas de la Casa Rosada. Igualmente, en ese entonces, quien terminaba de resolver absolutamente todas las resoluciones era Lorenzetti por su influencia sobre Highton de Nolasco y Maqueda para alcanzar la mayoría.
Esta semana, volvió a ratificarse la preponderancia del oriundo de Rafaela en la Justicia, que el martes volvió a hacerle sentir al Gobierno su poder de fuego. La Corte Suprema de Justicia avaló actualizar las jubilaciones con un índice superior al que había elegido la Anses, que proponía ajustar los haberes según el índice de Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte), que se calcula sobre el promedio de los salarios de la economía formal. Los jueces ratificaron la aplicación del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) y ratificaron al Poder Legislativo como el único ente con potestad para definirlo.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, fue el vocero elegido por Marcos Peña para anunciar, sin mayores precisiones, que acatarán el fallo y que enviarán un proyecto de ley que “resuelva la cuestión de forma y no de fondo” sobre el cálculo de los haberes jubilatorios. Para no perder la costumbre, el Gobierno responde a la derrota judicial culpando al kirchnerismo y tirándole a la cabeza a Sergio Massa por su gestión en la Anses.
Según el cálculo oficial, el impacto fiscal sobre el nuevo índice alcanzaría los 700 millones de pesos anuales, una vez que la Justicia valide el resto de los 12 mil casos, “manejables para nuestro Presupuesto”, dijeron.
“No hemos decidido si vamos a ratificar el mismo índice. El fallo es reciente y tenemos que trabajar juntos, especialmente con la Anses, que es la que tiene el rol preponderante en este caso. En los próximos días vamos a estar trabajando sobre esto”, sostuvo Dujovne, para luego cerrar que en la Casa Rosada están “satisfechos con vivir en una Argentina con independencia de los tres poderes”.
Inmediatamente, contradiciendo estas sabias palabras que conforman su propio relato, el Gobierno presentó esta semana una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para enjuiciar a los camaristas Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, por haber fallado a favor de los trabajadores de la agencia nacional de noticias Télam, que fueron reincorporados porque al ser despedidos la empresa no presentó un plan de crisis, teniendo en cuenta que los despidos alcanzaron a una cifra cercana al 40 por ciento de su personal.
