El Instituto Argentino de Derechos Humanos (IADH), que preside la ex defensora del Pueblo porteño Alicia Pierini, comenzó sus actividades con un seminario en la Legislatura de la Ciudad dedicado a la justicia restaurativa y a los derechos de las víctimas de delitos. El taller se realizó este martes en el salón Presidente Perón del parlamento local, con la participación del presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (Pro), y del ex juez de faltas Valentín Héctor Lorences, además de la presencia de la titular del IADH.
Presti saludó la iniciativa. “Lo que se está intentando cambiar son los paradigmas judiciales”, afirmó. Resaltó que hoy “los imputados y encausados tienen garantizada una defensa, donde el juicio se hace conforme a derecho”, pero se preguntó sobre “quién se acuerda de las víctimas”. Consideró necesario que el Estado sea patrocinante del querellante, “dándole la posibilidad de litigar sin gastos”. Por esto destacó que la Ley Nacional de Protección de las Víctimas de Delitos, que tiene media sanción en el Congreso, una vez aprobada, “va visualizar el cambio de paradigma”
Pierini, por su parte, inició su discurso subrayando que desde el IADH se trabaja “mirando la realidad a la luz de los derechos humanos y teniendo en cuenta el pasado, analizando el presente y construyendo el futuro”; ya que consideró que defender los derechos humanos “no es solo hablar de desaparecidos, sino también de la pobreza del 30 por ciento que tenemos en la actualidad”. Luego, adentrándose en el tema central del seminario, recordó: “Las Madres del Dolor o de Cromañón, siempre nos dijeron que sus derechos como víctimas no habían sido contemplados”. Así, remarcó la falta de un “esquema preventivo” (como análogamente se hace en la medicina sanitaria) para que se cumplan los derechos de las personas. También criticó propuestas tales como “la baja de la edad de imputabilidad”, ya que con esta se “busca castigar” a los menores que cometen delitos, pero “no se ven las razones, no se previene”. Finalmente, reflexionó que “tanto las víctimas como los victimarios tienen sus derechos y que no hay que menoscabar ninguno, ya que debe cumplirse con la ley para que haya justicia”.
Tras la presentación del tema, Lorences -docente en universidades nacionales y extranjeras, además de ex juez de faltas en dos jurisdicciones- fue el encargado de exponer los pormenores de la justicia restaurativa. Primero recordó que cuando escribió su tesis de doctorado en Derecho, en 2007, analizó las estadísticas criminales, que mostraban que ese año hubo más de un millón de delitos denunciados, pero solamente 29.304 sentencias condenatorias. “Hoy hay muchísimas posibilidades de no ser castigado por un delito”, explicó.
Frente a esta disparidad consideró que las reacciones de la sociedad son “la inseguridad y el miedo”, y que las víctimas “no reciben ninguna satisfacción” por parte del sistema.
Explicó que, en la actualidad, la única respuesta de la legislación es la cárcel, que es solo parcial, y se olvidan de “restaurar los derechos de las víctimas y de la reinserción social de los victimarios”. Por eso consideró que “justicia es mucho más que la aplicación de penas de prisión”.
Al sistema actual, denominado “justicia retributiva”, opuso los principios de la “justicia restaurativa”, que busca la restauración de los derechos de la víctima, la reinserción social del victimario a través de la toma de conciencia de sus actos y la facilitación del proceso para obtener esas cuestiones. “Si hay restauración, hay integración y hay pacificación”, señaló Lorences.
Después, enumeró los principios generales de la justicia restaurativa: “No implica necesariamente una compensación patrimonial. Busca encuentro, enmienda, integración, solución y compromiso”, dijo, para pasar a especificar sus formas: “Procesos informales de negociación, conciliación, transacción, acuerdo de partes, mediación penal, solicitud de disculpas (en los problemas de convivencia entre vecinos, por ejemplo), restitución de objetos, prestación de servicios personales, servicios a la comunidad, búsqueda del consenso social y políticas sociales pacificadoras”. También aclaró que como “no hay ninguna privación del derecho para el victimario, para ellos estos procesos deben ser voluntarios, pero el juzgador deberá tener en cuenta si alguien no se quiere avenir”.
Finalmente, citó a Cesar Beccaria, que en plena Francia de la guillotina, dijo: “La certidumbre de un castigo, aunque sea moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, pero con un hilo de esperanza de impunidad”.
Previo a las preguntas del público, Pierini retomó la palabra para recordar que la “Ley Nacional de Protección de Víctimas del Delito tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2016, hace seis meses”, y no pasa nada. “Es importante que lo sepa la ciudadanía porque no hay manera de empujar a los senadores a trabajar en el tema. Este proyecto no solo promueve el criterio de los derechos de las víctimas como un nuevo paradigma en los procesos judiciales, sino que además crearía un centro de asistencia y protección de las víctimas del delito como parte de las instituciones del Estado. Pero está durmiendo en el Senado”, criticó.
Luego fue el momento de aclarar las dudas. Una de las preguntas de parte del público se refirió a si los derechos de las víctimas se contraponen al denominado “garantismo” a los victimarios. Pierini y Lorences fueron contundentes al respecto.
Según el exjuez, debe haber “igualdad absoluta” de derechos en el proceso tanto para las víctimas como para el victimario. “Que el victimario no sea torturado, pero que la víctima tampoco lo sea con una justicia ineficiente que la va revictimizando constantemente. Los derechos son para que existan. Ni un derecho menos para los victimarios y todos los derechos para las víctimas”, manifestó.
“Me preocupa mucho que desde los medios se hable de garantismo como algo negativo”, cuestionó a su vez, Pierini. “Sin garantías –se preguntó- ¿adónde vamos a parar?”. “Es un error creer que restándole derechos al victimario se le van a dar más derechos a las víctimas, como si se tratara de vasos comunicantes. Son derechos separados. No se puede renunciar a las garantías, es gravísimo. Eso hay que tenerlo bien claro”, sentenció.