El 25 de septiembre pasado, hace apenas unos días, fue ingresado en la Comisión de Planeamiento Urbano, que preside la diputada porteña Victoria Roldán Méndez, el expediente N° 2094-J-2020, que contiene un Proyecto de Ley que modificaría la normativa urbanística aplicable al conjunto Costa Salguero-Punta Carrasco, ubicado en la Costanera Norte, en las inmediaciones del Aeroparque.
Esta modificación permitiría la venta o la concesión de las tierras públicas en un predio de 32 hectáreas en la ribera del Río de la Plata.
Ante el hecho -aunque el proyecto aún no fue tratado en la Comisión de Planeamiento Urbano-, el Colectivo de Arquitectas envió una carta a todos los legisladores porteños “para manifestar nuestra preocupación con el Proyecto de Ley N°2094-J-2020 (2020-13-GCBA-AJG) cuya norma urbanística descrita en el Anexo I, como Urbanización Determinada U14- Distrito Joven – Costanera Norte admitiría, una vez más, la venta y/o concesión de las escasas tierras públicas con las que cuenta la Ciudad”.
Luego, las profesionales de la construcción manifestaron que “en los últimos años, el Estado se ha desprendido de muchos predios estratégicos para desarrollos urbanos. En esta oportunidad, el proyecto en tratamiento abarca 32 ha. sobre la ribera del Río de la Plata. Somos parte de un colectivo de arquitectas que trabaja y piensa en la construcción de la Ciudad desde la actividad privada, la universidad y las asociaciones profesionales y comunitarias. Como tal, nos alarma que no se contemple la necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente como espacios verdes de uso público, para las futuras generaciones”.
En la carta, que fue firmada por 342 arquitectas que poseen, tal como lo aclaran en ésta, disímiles orígenes profesionales y políticos, declararon que “consideramos inadecuado continuar desprendiéndose de un recurso tan escaso y no renovable como la tierra pública. Por el contrario, tenemos la certeza de la importancia que tienen, para la salud y la sustentabilidad, los espacios verdes de acceso irrestricto al uso público”.
El Colectivo solicitó además que, ante la proximidad del tratamiento de actualización del Plan Urbano Ambiental que se está desarrollando en la propia Legislatura, “resultaría imprudente aprobar un proyecto de ley en forma individual, que afecta a una gran cantidad de tierras costeras”.
Por esta razón y por otras, de raigambre constitucional, las arquitectas apelando “al más profundo sentido de solidaridad con las generaciones futuras, se solicita el archivo del proyecto de ley, y la preservación de la totalidad de las tierras -objeto del mencionado Proyecto- para uso y utilidad pública”.
La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, por su parte, declaró a Noticias Urbanas que “este proyecto es una modificación de la norma urbanística como resultado de un concurso nacional en el que se presentaron más de 100 propuestas y donde el jurado incluso hizo algunas observaciones para mejorarlo”.
Luego, la legisladora consideró que “es un cambio de paradigma en la gestión de estas tierras, donde estamos recuperando el acceso al río, respetando la ribera de una manera integrada a la Ciudad y buscando su propia mixtura de usos”.
Como colofón de su declaración, Roldán Méndez sostuvo que “el proyecto de densificación se piensa sobre una avenida, que tiene accesibilidad e infraestructura, liberando la ribera y promoviendo el acceso al disfrute de la costa a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad”.
Una de las redactoras de la carta, la arquitecta Bárbara Rossen, manifestó a este medio que “la preocupación del proyecto que está en tratamiento en la Legislatura, habilitaría la privatización de las tierras publicas”.
Por otra parte, Rossen destacó que “es importante el origen que motivó esta carta, de alguna manera expresa lo que pensamos las mujeres que nos dedicamos a la arquitectura y al urbanismo. Lo que sentimos es que esta medida es una injusticia y como género nos interpeló esa injusticia. Defendemos el lugar y su visibilidad en la profesión, y creemos que el empoderamiento femenino debe quedar reflejado en la construcción de la ciudad. Este Colectivo de Arquitectas se formó transversalmente, con profesionales provenientes de distintos espacios que se identificó en la importancia de la defensa y la preservación de las tierras públicas”.
En su planteo, Rossen se refirió a la preocupación de la crisis climática que es acuciante. “Si bien es inevitable, debemos tomar medidas para mitigar ese deterioro. Preservar las tierras es imprescindible y las acciones que se tomen deben contemplar conductas de solidaridad con las generaciones futuras. si no, no hay futuro posible”, señaló.
La arquitecta planteó a continuación que “urbanizar no es sólo construir, es también preservar tierras vacantes de uso público. Son bienes no renovables, necesarios para el desarrollo sustentable”.
Los derechos
El Plan Urbano Ambiental estableció los lineamientos y valores sobre los que debe crecer la ciudad. En este sentido, por ejemplo, el Artículo 9° establece que se deben traspasar al uso público los predios que son de dominio estatal que se desafecten de las riberas. Según Rossen “es fundamental que la costa sea preservada como espacio público”. También planteó que “cada época genera su horizonte de derechos. No quisiéramos retroceder en este sentido”.
En la misma dirección, la especialista planteó que “todas las decisiones deberían tomarse por consenso, si fuera posible, por unanimidad. Cuando se dictó el Plan Urbano Ambiental en 2010 –fue la Ley N° 2930/2010- cada punto fue consensuado y, finalmente, fue votado por unanimidad. Así debería ser en el caso de la actualización del PUA y en el proyecto en discusión, que no tiene consenso, entiendo que los derechos urbanos ambientales son derechos humanos”.