Las elefantas Mara (de 52 años), Kuki (de 34) y Pupi (de 32), que se encuentran en el Zoo desde hace más de 20 años tendrán su propio abogado que las defienda. La semana pasada, la justicia reconoció a la ONG Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) la facultad de representar a los tres elefantes que viven en el Ecoparque porteño.
“La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) ha dictaminado tener como representante legal” de las elefantas del Ecoparque porteño a Afada fijando así el primer antecedente judicial en la Ciudad a reconocer a una ONG como defensora de los derechos de los paquidermos y permitir su participación en el proceso penal que lleva adelante el órgano fiscal por “maltrato y crueldad Animal” contra el ex Zoo de Buenos Aires el cual había sido denunciado a principios de junio de este año”, indicó la entidad mediante un comunicado.
La ONG de “abogados animalistas” aseguró que Mara “presentaría comportamientos que evidencian una palpable situación de afección física y psicológica que atenta contra el bienestar del animal”. Esto, dijeron, “podría configurar un acto de maltrato y crueldad animal”, sancionados por la Ley de Protección Animal.
La presentación cuestiona además el estado y las reducidas dimensiones en las que se encuentran encerradas las tres elefantas. “El recinto tampoco habría sido diseñado para tener ningún elefante, mucho menos a tres elefantes juntos y de diversas especies (asiáticos y africanos)”, apuntó la presentación. De hecho, los propios cuidadores tienen que dejar a uno de ellos en otro recinto, anexo y de menor superficie, porque hay un problema de convivencia entre las tres.
El dictamen que habilita a Afada como representante legal fue firmado por Blas Matías Michienzi, titular de la unidad fiscal, y reitera diversos pedidos de informes a los distintos organismos del gobierno porteño hace lugar a varias testimoniales de “expertos locales” en elefantes que había solicitado la organización animalista y designa como “Experto de Parte” al biólogo Aldo Giúdice entre otras medidas.
“Frente a la incapacidad de hecho de un sujeto de derecho, como lo son en este caso los animales no humanos, sumado a la inexistencia de normativa alguna que se refiera a los mismos y no siendo facultad del poder judicial o del Ministerio Público Fiscal crear una norma que así lo expresara, entiendo que los sujetos en cuestión, deben ser interpretados en concordancia con las normas ya existentes del Sujeto Humano Incapaz”, señaló en el dictamen.
Y agregó: “A mi entender no existiría duda alguna que la representación de los ‘incapaces de hecho’ en los casos de crueldad y maltrato animal les correspondería a las organizaciones no gubernamentales cuyo fin sea el de defender los derechos de los animales”.