Las amenazas sufridas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien investiga las denuncias por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, y también, quien investiga a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Gargó por la presunta designación irregular de fiscales subrogantes o ad hoc, que no fueron nombrados por concurso ni obtuvieron el acuerdo del Senado, motivaron la reacción de la Asociación Argentina de Fiscales.
En un comunicado firmado por su presidente y fiscal General Adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco, la asociación que nuclea a los fiscales de todo el país manifestó “su preocupación por las actuales circunstancias que afectan la independencia del Ministerio Público Fiscal desde diversos escenarios”.
Entre los puntos que motivaron la reacción de la Asociación Argentina de Fiscales no sólo se mencionan “las amenazas cursadas al señor Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Guillermo Marijuán con motivo de su actuación funcional, que repudiamos y reclamamos públicamente que se adopten los recaudos necesarios para garantizar su seguridad y la de su familia, al tiempo que se asegure que pueda ejercer su magistratura con libertad de conciencia y espíritu”; también se destaca la causa que investiga las subrogancias dispuestas por Gils Garbó.
“La designación de fiscales subrogantes en el ámbito nacional por métodos diferentes a los establecidos en el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Más allá de las evaluaciones que puedan hacerse sobre su legalidad, consideramos que coloca a las personas asignadas de ese modo para ejercer el rol en situación de vulnerabilidad, tanto por la precariedad de la condición funcional, como por los riesgos de ser recusadas y de ser denunciadas penalmente (arts. 246 y 253 del Código Penal), lo que genera inseguridad en todos los actores de los casos en que aquellas estén involucradas en el ejercicio de la acción”, sostiene el comunicado suscripto por Cevasco y por el vicepresidente de la asociación Marcelo Varona Quintian.
Y agrega: “La búsqueda de réditos políticos por parte de denunciantes oportunistas, que al formular denuncia por la designación de fiscales subrogantes involucraron a magistrados del Ministerio Público Fiscal adecuadamente nombrados como subrogantes, por haber sido designados fiscales con acuerdo legislativo, y que ejercen sus funciones conforme a derecho”.
Finalmente, y tras subrayar la “alta trascendencia institucional” de hechos que “involucran la legitimidad e independencia de los magistrados”, los fiscales exhortaron que “al margen de las disputas políticas coyunturales y de las evaluaciones subjetivas de la gestión”, se “garantice la libertad funcional” establecida y pretendida por la Constitución Nacional.
