Los gobernadores de JxC apoyarán la Ley Ómnibus: cómo está el poroteo de votos

Los gobernadores de JxC apoyarán la Ley Ómnibus: cómo está el poroteo de votos

Ocho de los diez mandatarios de esa liga federal consensuaron dar el visto bueno al proyecto.


Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) volvieron a reunirse para discutir el apoyo a la Ley Ómnibus. Si bien optaron por no hacer fotos, ocho de los 10 mandatarios de esa liga se reunieron este miércoles en Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen incidencia sobre un grupo de legisladores nacionales que serán claves para que Javier Milei logre aprobar el proyecto que impulsa. El Gobierno necesita apoyos de aliados para lograr una mayoría que les permita sancionar definitivamente el articulado. Si bien no todos están de acuerdo, los jefes territoriales consensuaron respaldar a la Casa Rosada.

La reunión empezó minutos después de las 10, duró cerca de dos horas y se desarrolló en una coqueta oficina de la sede del Gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, ofició de anfitrión. La liga de gobernadores de JxC se conformó en 2023, tras la derrota de esa coalición en las elecciones generales. Los 10 mandatarios buscaron generar un bloque general y mantenerse concertados para darle gobernabilidad a la Casa Rosada. Pero, al mismo tiempo, presionar entre todos a Milei para reclamar intereses provinciales.

Están en contacto todo el tiempo. Por chat, llamadas y encuentros esporádicos. Esta semana coincidían la mayoría en Buenos Aires, en el contexto del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso. Son días decisivos, dado que Diputados debatirá mañana el texto para darle sanción definitiva. Los gobernadores pujaron con el Gobierno para destrabar las negociaciones finales. Las dudas más grandes estaban en la Ley de Medidas Fiscales, que es la parte impositiva de las reformas que impulsa el oficialismo. El Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, dos capítulos rechazados por el Senado, eran los puntos de mayor atención para las provincias.

Los gobernadores resolvieron juntarse este miércoles en Uspallata para unificar una postura política y púbica. Resolvieron aprobar los cambios que hizo el Senado a la Ley Ómnibus, pero incidieron sobre los diputados que controlan para insistir en la redacción original del paquete fiscal. El objetivo es restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales.

Quienes estuvieron presentes hoy Uspallata son los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco); los de Pro Macri, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut); así como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). En tanto que los boina blanca Gustavo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) no pudieron estar presentes. El correntino porque está abocado a la desaparición en su provincia del niño Loan Peña. El santafesino por cuestiones de agenda.

El radicalismo tiene posturas encontradas. Son propias de la interna del partido. Esos matices se reflejan en la fractura implícita en el bloque que conduce Rodrigo De Loredo en la Cámara de Diputados y Eduardo Vischi en Senado. Cornejo y Valdés tienen una postura más cercana al programa de Milei. Especialmente el mendocino. Zdero, en tanto, se mueve en tándem con el correntino. Son viejos conocidos y concilian posiciones políticas. Pullaro es, acaso, quien representa la principal diferencia. Alineado a nivel nacional con Martín Lousteau, expresa ideas distantes a las de la Casa Rosada. Si bien tiene buena sintonía con Balcarce 50 en materia de seguridad, no consiente la política económica de La Libertad Avanza.

Pese a esos matices, los gobernadores radicales lograron reunir la cantidad de diputados suficientes de su bloque como para que la restitución de Ganancias y los cambios en Bienes Personales sean una realidad. Mientras que el resto de los mandatarios respaldarán también la Ley Ómnibus tal y como vino de la Cámara revisora y acompañarán también la insistencia en esos puntos del capítulo fiscal.

En medio de esas discusiones, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica y HCF plantó la necesidad de insistir también con la reinstauración del artículo 111 de la Ley Bases. Se trata del punto que elimina los beneficios impositivo para el conocido “Régimen de Tierra del Fuego”. Algo difícil de lograr, porque el Senado vetó ese inciso con dos tercios. Por lo tanto, obliga a Diputados a lograr idéntica mayoría para reestablecer la redacción suprimida por la Cámara Alta. No sucederá, pero los diputados en cuestión pedirán que el tema se trate para dejar sentada su posición.

En tanto que el Gobierno cedió en las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y medios públicos, que no logra los números para reincorporarlas. Desde el bloque de Pichetto le achacaron al Gobierno que son puntos que no se pueden incluir por un error del oficialismo: el miembro informante del Senado no incluyo esos tópicos en la sesión de la Ley Ómnibus y, entonces, no pueden tratarse en la Cámara Baja. Respecto a al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Diputados aceptará los cambios que hizo el Senado.

Las provincias le reclaman al Poder Ejecutivo fondos para suplir la quita del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable. El gobierno anterior, bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, había impulsado la detracción de la cuarta categoría de ese gravamen. La medida implicó una pérdida en la recaudación de las administraciones provinciales.

A lo largo de los últimos días hubo tironeos entre los gobernadores y el Gobierno para no pagar el “costo político” de restituir un impuesto que afecta a la clase media y, en consecuencia, es una mala noticia para sus electorados provinciales. Algunos mandatarios, incluso, sugirieron que la Casa Rosada debía emitir un comunicado para manifestarse en sintonía a las provincias.

Estos temas fueron agenda de la reunión que un grupo de gobernadores dialoguistas tuvieron ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con los diputados de Hacemos Coalición Federal y la UCR. Hay consenso, finalmente. El camino está allanado para que la Ley Bases y el paquete fiscal tengan luz verde.

Cómo está el conteo de votos

El gobierno nacional se apronta a tener su primer paquete de leyes aprobadas. Mañana sesionará la Cámara de Diputados para darle tratamiento final a la Ley Ómnibus y el paquete fiscal que llegó al Congreso de la Nación el 27 de diciembre de 2023.

Hace seis meses, Guillermo Francos ingresaba al Congreso con una caja cerrada con una cinta celeste y blanca en donde estaba el texto de la norma con más de 600 artículos. Hoy, Francos no es más Ministro del Interior, es jefe de Gabinete, y la norma tiene poco más de 200 artículos. Pero finalmente está cerca de tener su sanción definitiva.

“La ley está”, dijo la diputada de Pro, Silvia Lospennato, en la previa a firmar el dictamen que la habilita para ser tratada. Y parece cierto. ¿Cómo está el poroteo? El Gobierno tiene los 129 votos que le permite aprobar ambas leyes, en algunos casos de manera más holgada que en otros. La sesión será larga, así lo especulan en el oficialismo. Entienden que desde Unión por la Patria buscarán dilatar. La Ley Bases se vota toda junta y el paquete fiscal, separadas las insistencias (gastos tributarios, ganancias, bienes personales).

“Esperamos una mayor fuga del bloque de Unión por la Patria”, reconoció un diputado libertario que especula con una pérdida de votos del peronismo en la Ley Ómnibus por la puesta en marcha del Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI). “El problema es que se vota todo junto, hay que ver cómo hacen para acompañarlo”, explicó un radical.

En la primera votación en Diputados, el bloque de Unión por la Patria (UP) sufrió la fuga de 6 votos que terminaron siendo fundamentales para La Libertad Avanza. Sin esos votos, el régimen se caía porque no alcanzaba las 129 adhesiones necesarias.

A pesar de esto, el conflicto lo tiene en el Impuesto a las Ganancias. Hasta este martes, el Gobierno tenía los votos justos para recuperar el capítulo del tributo que el Senado descartó. En la Cámara Alta fue descartado por el peso que tienen los patagónicos -son el 25% de los votos- más el bloque de Unión por la Patria (UP) que suma 33 votos. La medida, de aprobarse, ampliará el universo de trabajadores que se verán alcanzados: pasaría de los actuales casi 200.000 a casi 1.200.000 empleados en relación de dependencia que superan los mínimos imponibles de $1,8 millones para solteros y $2,3 millones para casados.

“La cuenta es más ajustada, pueden aparecer PJ votando Ganancias y eso sería muy importante”, explicaron desde la UCR.

En la primera edición del debate en Diputados, la votación fue una de las más reñidas de las más de 40 que se hicieron. En esa ocasión, por la positiva hubo 132 diputados, mientras que por el rechazo lo hicieron 113, con 4 abstenciones y 7 ausencias.

Los que votaron en contra fueron los 99 de Unión por la Patria (UP) más 8 diputados de la UCR, la izquierda, varios de los bloques provinciales y una sola del Pro: la chubutense Ana Clara Romero.

“Ahora los gobernadores lo están pidiendo, saben que necesitan los fondos – Ganancias el 80% se coparticipa- y teniendo en cuenta que las posibilidades de que se aprueben son altas, puede ser que alguno de Unión por la Patria se fugue a pedido”, explicaron. Y todos miran a Raúl Jalil.

El gobernador de Catamarca en la anterior votación logró que uno de los cinco diputados del peronismo provincial apoye Ganancias. Sin embargo, como se sumó a la reunión de los jefes de los estados provinciales de Cambiemos el pasado martes en el Consejo Federal de Inversión (CFI), se especula que podrá aportar más votos.

En Bienes Personales la situación es similar a Ganancias y las luces de alarma se prendieron luego de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijera que no acompaña el cambio en la norma y que sus cinco diputados votarán en contra. En abril la propuesta recibió 142 votos a favor.

La reforma de Bienes Personales aprobada en Diputados, que fue rechazada en el Senado, aumenta los pisos imponibles a $100 millones y a $350 millones para viviendas familiares y propone un plan de pago a cinco años, para garantizar estabilidad fiscal por diez años. Esta medida beneficia a los sectores de mayores recursos de la sociedad con una baja de la presión impositiva.

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