Los cuatro gremios docentes nacionales de la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP) anunciaron un paro para el lunes 26, cuando deberían empezar las clases en varias jurisdicciones del país, a menos que el Gobierno convoque a la reunión para discutir un nuevo piso mínimo para el salario docente. Tras una reunión en la sede de la UDA, los representantes de los cuatro gremios definieron esperar hasta el jueves para confirmar la medida de fuerza prevista para el primer día de clases.
“Sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país”, habían anticipado los cuatro gremios en un comunicado la semana pasada. La medida fue definida por los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.
“Vamos a esperar hasta el jueves, pero ya tenemos la decisión tomada de hacer un paro nacional en el inicio de clases, producto del distanciamiento que propone el Gobierno nacional de no hablar con los trabajadores”, dijo Romero al anunciar la medida.
“Estábamos esperando una reflexión de parte del Gobierno nacional que convoque a los trabajadores para construir de manera conjunta un sistema educativo que les sirva a quienes se preparan en las escuelas argentinas, los alumnos y las alumnas, donde se dignifique la tarea del docente, con buenos salarios y buenos edificios escolares. Parece que no es interés del Gobierno, no convoca”, agregó el titular de la UDA.
El jueves 22 habrá un congreso nacional de los sindicatos que componen CTERA, la otra confederación nacional de gremios docentes. Ese día se sabrá si se suman a la medida definida hoy por los gremios de la CGT.
Educación como servicio esencial
El Gobierno nacional confirmó este martes que evalúa declarar la educación como un servicio esencial, algo que estaba incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir, pero que fue suspendido por la Justicia.
“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, dijo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa habitual, sin dar mayores precisiones.
El DNU 70/2023 había modificado la ley laboral argentina y había incluido a la educación como “servicio esencial”, lo que limitaba el derecho a huelga.
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) February 20, 2024
El artículo 97 de esa norma establece que se considerará como “servicio esencial”, entre otros, a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial. La medida se ha discutido en el pasado como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años, pero también genera fuertes resistencias porque limita el derecho a huelga.
La decisión de Milei implica una restricción sobre los paros docentes: establece que, frente a un conflicto colectivo que afecte los servicios considerados esenciales, en ningún caso se podrá “negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Es decir: en una escuela, por ejemplo, no podrán adherir a una medida de fuerza más de 1 de cada 4 docentes.
El DNU modifica el artículo 24 de la Ley N° 25.877 del régimen laboral argentino, que hasta ahora solo consideraba como esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La ley argentina establece que “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.