El Salón Montevideo de la Legislatura porteña estaba repleto. Casi todos los legisladores de la Ciudad esperaban el testimonio del director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño, Matías Álvarez Dorrego, para que respondiera sobre las 5 muertes ocurridas en la fiesta electrónica Time Warp.
El funcionario había sido citado, este lunes por la mañana, por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura, Gabriel Fuks.
A las 18.15, Matías Álvarez Dorrego, tomó asiento. A su izquierda estaba, Gabriel Fuks, y a su derecha la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo y el presidente del bloque del Pro, Francisco Quintana.
Antes de que se iniciara la exposición, Fuks explicó que el funcionario porteño comenzaría a explicar el rol de la Agencia en el evento, y luego los legisladores le harían las preguntas que consideraran necesarias.
Además, aclaró que los ejes de la exposición estarían centrados en la concesión del lugar donde se realizó la fiesta electrónica y en los controles que se llevaron a cabo.
El discurso de Álvarez Dorrego estuvo acompañado por diapositivas que se proyectaban en un power point, en donde aparecían las actas que se habían firmado para la habilitación del lugar.
“En primer lugar quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas”, arrancó su exposición el funcionario. Luego dio detalles acerca del funcionamiento de la Agencia y destacó que desde el 2013 vienen trabajando con más ahínco en el control de los locales nocturnos de la Ciudad. “Nuestro objetivo es que haya una mayor seguridad”, agregó Álvarez Dorrego.
Después se encargo de dejar en claro, que los ejes de su discurso girarían en torno a la normativa vigente para este tipo de eventos. Y a continuación dijo que el predio de Costa Salguero estaba habilitado para este tipo de fiestas.
“Siempre se hace una inspección previa antes de este tipo de eventos. Para comprobar que toda la documentación presentada con anterioridad por el organizar se corresponda en los hechos. Recién ahí se otorga el permiso para que el lugar se pueda abrir”, señaló el funcionario.
Además agregó: “Durante el evento se vuelve a realizar otra verificación. En el caso de Time Waqrp, el viernes 15 a las 10, los inspectores inspeccionaron el lugar, exactamente cuatro horas antes de la apertura de la fiesta electrónica. Un día antes, dos inspectores realizaron la inspección del armado del predio”.
Álvarez Dorrego aseguró que al firmar las actas con los inspectores, el organizador del evento “queda facultado y asume todas las obligaciones del evento como así también su responsabilidad por si hubiera falseado alguna declaración ante el Gobierno porteño”.
Maximiliano Avila fue el organizador de la fiesta y quien firmó todas las actas con el Gobierno de la Ciudad, como responsable del evento.
El funcionario también dijo, que tanto la policía, como los bomberos, la seguridad privada y el SAME firmaron las actas previas a la apertura de la fiesta electrónica.
Según, Álvares Dorrego, los plazos y controles se cumplieron como lo marca la ley. Y destacó las tres inspecciones llevadas a cabo por la AGC: la realizada 48 horas antes de la fiesta, la llevada a cabo 4 horas antes y la que se hizo durante la fiesta.,
“La Agencia Gubernamental de Control cumplió con todas los normativas vigentes”, manifestó.
Una vez finalizada la exposición comenzaron las preguntas, el primero fue el legislador Marcelo Ramal, que habló del hacinamiento y de la falta de agua, entre otras cuestiones. Luego habló Gustavo Vera, que dejó en claro que detrás del organizador estaba el abogado Víctor Stinfale y agregó que presentarían una denuncia el martes. El diputado también hizo alusión a las concesiones truchas. Y aseguró que varios jóvenes de identidad reservada declararon en la Justicia que faltaba agua. “El fiscal de la causa dijo que el lugar no estaba habilitado para este tipo de fiestas”, finalizó Vera.
Ante la falta de respuestas por parte del funcionario, el legislador del FpV, Javier Andrade, pidió que respondiera algunas de las cuestiones antes que continuara la ronda de preguntas. Enseguida, los diputados del Pro, Alejandro García y Quintana, señalaron que Álvarez Dorrego, tenía el derecho de no contestar.
Fue en ese momento en que el director ejecutivo de la AGC, tomó la palabra y dijo: “Los inspectores comprobaron que había agua potable en los baños y dos dispensers”.
Después hicieron uso de la palabra los legisladores Adrián Camps, Patricio del Corro, que mostró una entrada y dijo que la capacidad del lugar estaba excedida; Carlos Tomada, que señaló que pedirían la interpelación del funcionario y Roy Cortina, que también manifestó, que además pediría la interpelación del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.
Al final del encuentro, los legisladores Fucks y Hernán Rossi, se comprometieron a elaborar un pedido de informes, que será presentado en la sesión del jueves. Por su parte, Quintana se comprometió a trabajar en un texto consensuado.
