Con el marco de un paro parcial en todas las líneas de subte, producto de un reclamo salarial por parte de los Metrodelegados, los titulares de SBASE, Juan Pablo Piccardo, y de la AGIP, Carlos Walter, concurrirán a la Legislatura porteña para explicar el proyecto del Ejecutivo porteño para el traspaso del subte. Será a partir del mediodía de este viernes.
Consultado por Noticias Urbanas, el legislador del PRO Martín Ocampo aseguró que se “están evaluando todas las propuestas y estamos dispuestos a conversar algunos puntos de la ley con todos, siempre que no se modifique el espíritu de la iniciativa”. En este punto, y ante las declaraciones del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, quien adelantó que no van a votar “una ley anticonstitucional y carente de criterio”, sostuvo que si sucede eso van a tener que “explicar porque razón cuando nos pedían que nos hagamos cargo, y cuando lo hacemos, lo primero que hacen es boicotearnos”.
Para el PRO, la postura del legislador K refuerza las declaraciones del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien aseguró que podrían realizar una presentación judicial para evitar la aplicación de una tasa al consumo de combustible en territorio porteño. Para Ocampo, es una medida “que busca, nuevamente, desfinanciar a la Ciudad. Ahora que encontramos un sistema para realizar el traspaso lo que hacen es dinamitarlo”.
Otro legislador que condicionó su voto al proyecto macrista es el vicepresidente de la Comisión de Tránsito, Daniel Amoroso (Confianza Pública), quien solicitó que “se incluya en la ley una tarifa social, por la cual no paguen boleto las personas discapacitadas, los jubilados y los estudiantes”, entre otros, además de la creación de una comisión de control que “garantice la transparencia de los fondos” que ingresen para sostener la red.
“Está claro que la Ciudad debe tener el control del subte, pero es imprescindible que estos dos puntos estén incluídos en la Ley: hay que garantizar la transparencia en cuanto a la recaudación y la posterior ejecución de los fondos que necesita el subte, y hay que tener una tarifa social que beneficie a distintos sectores, entre ellos los de más bajos recursos”, dijo Amoroso.
Al respecto, Ocampo señaló la propuesta “es discutible”. “Se puede implementar una tarifa social siempre que no afecte la economía financiera de la Ciudad, y no desfinancie el servicio”, finalizó.
