Ante el inminente ingreso de la nueva Ley Ómnibus y el paquete fiscal al Congreso, al oficialismo se le abre otro frente de batalla que parecía dormido. La impugnación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que ya cuenta con el rechazo del Senado, vuelve a avivarse en Diputados con el impulso del kirchnerismo y un puñado de legisladores de los bloques dialoguistas que evalúan pedir una sesión la semana que viene para discutir el megadecreto.
La suerte de esta norma, que desregula múltiples áreas de la economía y la política, dependerá de la buena sintonía que prevalezca entre la Casa Rosada y los gobernadores, así como al vínculo con una porción de la UCR que responde al senador nacional Martín Lousteau.
A través de la convocatoria a una “jornada de debate” con abogados constitucionalistas, la oposición que es renuente a acompañar las iniciativas del oficialismo apunta a marcarle la cancha a Javier Milei y exhibe el DNU como la prenda de negociación que podría condicionar las conversaciones entre los mandatarios provinciales y el Gobierno.
“Para nosotros es urgente su tratamiento en esta Cámara: tiene que ser inmediato, la semana que viene si es posible. Esta jornada no es para dilatar, sino todo lo contrario, para demostrar que es imperioso su tratamiento, porque además de cualquier consideración política es ilegal”, dictaminó la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) durante su exposición.
El timing político no es menor. Se da en la antesala del inicio de la discusión de la desmalezada Ley Ómnibus. Conscientes de las tensiones del Gobierno con algunos gobernadores ante el recorte de partidas provinciales, buscan descontar las 12 manos que les faltan para llegar a las 129 que no solo abrirá la discusión en el recinto, sino que también dejaría sin vigor el decreto. Por ahora, suman a los 99 de Unión por la Patria (UP), los cinco de la izquierda, nueve radicales díscolos, dos del socialismo, a Margarita Stolbizer (GEN) y la cordobesa Natalia de la Sota (PJ). No obstante, siguen de cerca las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el paquete fiscal, y esperan atentos a que la buena sintonía se rompa.
La semana pasada, dos madatarios patagónicos le mostraron los dientes al Gobierno en el Senado. Los legisladores que responden al santacruceño Claudio Vidal y al rionegrino Alberto Weretilneck se sumaron a la avanzada kirchnerista de no dar quorum en las comisiones para obstaculizar el nombramiento de sus autoridades. Bajo esta lógica, los diputados Sergio Acevedo y José Garrido, de Santa Cruz, así como Agustín Domingo, de Río Negro, podrían sumarse al rechazo del megadecreto.
La insistencia de la Casa Rosada de reimponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, medida que los patagónicos se resisten, será uno de los puntos claves en la discusión de la nueva Ley Ómnibus. Si bien el Gobierno accedió a subir el mínimo no imponible y trascendió que el nuevo borrador define a $1,8 millones como el piso para solteros y $2,2 millones para casados, los gobernadores apuestan a coparticipar otros tributos, como el cheque o PAIS, y evitar el costo político de gravar a buena parte de su población en un contexto recesivo.
Las negociaciones, no obstante, siguen abiertas. Por eso, la oposición refractaria a las iniciativas de Milei se mueve con pies de plomo. Si bien están convencidos de que hoy hay una mayoría para voltear el DNU, no creen que estén las voluntades para lograr el quorum que abra el debate en el recinto.
“Espero que este encuentro sirva para que muchos diputados y diputadas que dudan de rechazar el DNU puedan venir a la sesión cuando se convoque porque no solo es inconstitucional sino que además está afectando la vida cotidiana de todos nosotros. Uno de los ejemplos más claros es el aumento de las prepagas por la desregulación que provocó la norma”, precisó la entrerriana Carolina Gaillard (UP). Y concluyó: “Es fundamental que se discuta en el Congreso a los más prestigiosos constitucionalistas de nuestro país para que opinen sobre un DNU que es muy controvertido”.
Es imprescindible rechazar el inconstitucional y nocivo DNU 70/2023.
Por eso, diputadas y diputados de distintos bloques de @DiputadosAR mañana recibiremos a constitucionalistas y especialistas del derecho. #NoAlDNU pic.twitter.com/y5cgS0yciy
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 8, 2024
Radicales y socialistas
“En el contexto en el que el Gobierno vuelve a mandar la ley Bases al Congreso, el DNU sigue vigente. Tenemos que trabajar para derogarlo, por eso la convocatoria de esta tarde tiene una pretensión política que apunta a mostrar que estamos trabajando para que sea derogado, sobre todo por los efectos nocivos que incluso ha señalado el ministro de Economía en relación con los aumentos de las prepagas”, analizó el legislador santafecino Esteban Paulón (Partido Socialista).
El diputado radical bonaerense, Pablo Juliano, también dio el presente en el encuentro de esta tarde. Asistió junto a sus colegas de bancada Natalia Sarapura (Jujuy), Jorge Rizzotti (Jujuy), Marcela Coli (La Pampa) y Pedro Galimberti (Entre Ríos). El formoseño Fernando Carbajal no logró llegar a tiempo por un problema con su vuelo. “Es importante que los diputados vayamos tomando posición porque en algún momento el tema llegará al recinto. Se trata de un DNU que está frenado en algunos de sus tramos por la Justicia y que ha generado grandes problemas como el aumento desmedido de las prepagas, que el Gobierno ha admitido y no sabe cómo solucionar. La sociedad está esperando una respuesta de parte del Congreso”, sumó Juliano, quien se mueve en sintonía con Facundo Manes.
A este compendio de radicales los acompañó el presidente de la juventud radical porteña, Agustín Rombolá, cercano al senador Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Los seis legisladores que responden al presidente nacional del partido evitaron participar esta tarde del encuentro con constitucionalistas, pero podrían sumarse al rechazo del megadecreto si se convoca a una sesión para discutirlo.
Según trascendió, el oficialismo impulsará la reforma laboral, incluida en el DNU y frenada por la Justicia, en la nueva Ley Ómnibus. No obstante, el rechazo definitivo del megadecreto constituiría un nuevo revés legislativo así como un símbolo de debilidad política, observada por los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
