Jim Thompson fue un escritor de policiales desacatado. Tan políticamente incorrecto que escribía sobre un sheriff corrupto y asesino sin escrúpulos que tenía un asombroso parecido con su padre. Una frase de 1.280 almas, uno de sus libros más importantes, es tan inquietante que asusta. “Hay una sola historia para contar, y es que nada es lo que parece.” Tal afirmación perturba de una manera particular cuando se ve reflejada en la realidad.
Y la presencia de militares en la Policía Metropolitana (PM) es un dato que perturba. Más si se tiene en cuenta que personal capacitado para la guerra se encuentra realizando tareas de delito urbano para las cuales no fue entrenado. Si a esto se le agrega que la Ley de Seguridad Pública prohíbe la presencia de militares en la fuerza porteña, el cóctel es explosivo.
Noticias Urbanas accedió en exclusiva a un pedido de informes sobre la presencia de militares en la Metropolitana, que redactó el legislador de Bien Común, Gustavo Vera, y que será presentado en los próximos días. El documento se centra en cinco requerimientos que se le hacen al Poder Ejecutivo porteño sobre la situación que cumplen los integrantes de las Fuerzas Armadas en la estructura de la policía de la Ciudad.
En el punto uno se le pide que “indique la cantidad de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas que ingresaron en cada año a la Policía Metropolitana desagregando por cada fuerza de origen”.
En el segundo punto, que se “discrimine la cantidad y porcentaje de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas según el grado y dirección en la que se desempeñen al día de recibido este pedido de informes. Especificando cuántos integran la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), la División de Intervenciones Complejas (DIC) y la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM)”.
En el cuatro, que se “indique cuántos efectivos de la PM aún mantienen estado militar en su fuerza de origen. Y en aquellos casos en que no lo mantengan, remita copia de la documentación certificatoria de su desvinculación de dicha fuerza militar”.
Finalmente, en el quinto punto, se pide que se “informe la cantidad total de miembros de Fuerzas Armadas postulados para ingresar en la PM desde su creación, cantidad actual en estado de evaluación y cantidad en proceso de incorporación a la fecha de recibido este pedido de informes”.
Un reconocimiento que nadie defiende
El 21 de febrero de 2013 el Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, reconoció en un escrito cómo fue el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas en la policía desde 2009. Ese año llegaron 60 efectivos, de los cuales catorce eran del Ejército, 41 de la Armada y cinco de la Aeronáutica. En 2010 ingresaron 39: nueve del Ejército, 29 de la Armada y uno de la Aeronáutica. En 2011 ingresaron 46: seis del Ejército, 39 de la Armada y uno de la Aeronáutica. Y en 2012 ingresaron 41: seis del Ejército, 33 de la Armada y dos de la Aeronáutica. En total, en cuatro años, ingresaron 186 efectivos de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.
En ese mismo escrito se especifica qué grados tienen dentro de la jerarquía de la Metropolitana esos 186 militares. O sea, cuáles son sus cargos, para determinar de esa manera el nivel de responsabilidad y mando que tienen dentro de la institución.
Según ese desglose, 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Por último, en el escrito se deja constancia de que doce de esos efectivos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). Esta es una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en casos complejos como los del Indoamericano, el Borda, la Sala Alberdi y el desalojo del barrio Papa Francisco de Villa Lugano.
Todos estos datos demuestran que la mayoría de ellos se encuentran en puestos operativos, a los que en la jerga policial se denominan “de calle”. Son los que están en contacto directo con el delito urbano. Y esto no es menor, sino todo lo contrario: implica un mayor estado de gravedad si se toma en cuenta que estos efectivos tienen como trabajo combatir y prevenir el delito en la calle, cuando en realidad están entrenados para tareas militares de guerra.
“La situación de los militares en la PM es muy complicada y peligrosa a la vez. En principio se incorporaron porque los sueldos eran más altos que los que ganaban en su fuerza de origen. Pero en realidad nadie sabe si abandonaron sus puestos anteriores, porque no hay datos oficiales. Y ninguno de ellos estaba muy interesado en hacerlo debido a la jubilación que piensan percibir a futuro de la fuerza de origen. Pero el problema más grave es que no están preparados para las tareas de la policía y del delito común y corriente. Su entrenamiento es otro, y un tipo así en tareas de calle es muy peligroso”, le manifestó a Noticias Urbanas un inspector de la Policía Federal con buenas amistades en la PM.
La contradicción y la violación de la ley
La Ley de Seguridad Pública 2.894 establece en su artículo 47 que no pueden desempeñarse como miembros de la Policía Metropolitana las personas que “pertenezcan a las Fuerzas Armadas”.
A pesar de esto, a través del decreto reglamentario 210/09 del 20 de marzo de 2009, el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de incorporar a personal de las Fuerzas Armadas en la PM.
En la disposición Transitoria y Complementaria Tercera del decreto 210/09 se afirma: “Para quienes sean designados, no les será computada incompatibilidad alguna derivada de la posesión de estado policial o militar vigente en su Fuerza de origen, y en ese contexto no les resultarán de aplicación las previsiones del Decreto Nº 1.123/01. No obstante ello, ante una eventual convocatoria obligatoria de su Fuerza de origen, el interesado deberá acreditar su solicitud de baja en dicha Fuerza, para continuar en la Policía Metropolitana”.
En este decreto también se afirmaba que los militares iban a cubrir los mandos medios de la policía, algo que finalmente no sucedió –con lo que violaron el decreto que ellos mismos habían redactado– porque, según la información oficial, el 70 por ciento de los militares está en rangos operativos (oficial y oficial mayor).
Este decreto fue el que les permitió a los militares en ejercicio y por un tiempo incierto ingresar en la policía porteña. Pero la maniobra no pasó inadvertida. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció que el decreto 210/09 anula la prohibición establecida en la Ley de Seguridad Pública. Y a través de la Resolución 3.700/09 lo calificó como un “exceso reglamentario” que viola el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad, que establece que el jefe de Gobierno “promulga las leyes y las hace publicar, las reglamenta sin alterar su espíritu y las ejecuta de igual modo”.
Lo realizado por el gobierno del Pro es aun más grave si se tiene en cuenta que el decreto que habilitó la llegada de militares a la Metropolitana viola también la Ley Nacional de Seguridad Interior 24.059, que prohíbe la participación militar en asuntos de seguridad interior.
Todas estas irregularidades motivaron la presentación de un pedido de informes sobre la situación de los militares en la Policía Metropolitana, que se realizó en 2012, en la Legislatura porteña. La respuesta del Ejecutivo fue sorprendente, ya que respondió que no se disponía de información oficial sobre los antecedentes ni sobre cuántos de los 186 militares de la PM mantienen estado militar.
Datos rojos de los verdes
La Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana comprobó que 38 de los 52 altos mandos de la PM cumplieron funciones durante la última dictadura militar. Lo que resta por saber es cuántos de esos casos involucran a efectivos venidos de las Fuerzas Armadas.
Ante la contundencia de los datos y la problemática que surge de la incorporación de militares en la Policía Metropolitana, Noticias Urbanas trató de conocer la versión del Pro sobre los hechos. Se consultó sin éxito a varios legisladores macristas de la Comisión de Seguridad de la Legislatura. Por su parte, la directora general administrativa y legal de la Policía Metropolitana, Mariana Ostiglia, que además es una de las representantes del Poder Ejecutivo en el directorio del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, aseguró que no está autorizada a opinar sobre el tema. Lo mismo argumentaron voceros de la Policía Metropolitana.
“El problema es complicado porque a través de un decreto se les permitió a los militares entrar en la fuerza de seguridad de la Ciudad sin necesidad de renunciar a su fuerza de origen. Y a eso se suma que no tienen ningún tipo de protocolos de actuación específica y no están adheridos a los de Nación. Entonces, como el decreto sigue vigente, hay que suponer que siguen ingresando, violando la ley nacional. Y lo peor del caso es que se encuentran realizando tareas de calle”, le dijo a NU un integrante de la PM que no está de acuerdo con la llegada de militares a la fuerza.
“¿Cómo te imaginás el futuro si esto sigue así?”, le preguntó de manera retórica el policía porteño a Noticias Urbanas. Y sin esperar la respuesta, contestó él mismo: “El futuro pasó de verde a rojo”.
Un cierre que, más que un punto final sobre el tema de los militares en la Metropolitana, deja tres puntos suspensivos.
