Los movimientos sociales aliados al Frente de Todos se expresaron a lo largo del día en un claro apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al fiscal federal Diego Luciani, quien el lunes solicitó que la Vicepresidenta de la Nación sea condenada a 12 años de prisión e “inhabilitación de por vida” en la causa denominada “vialidad”.
La mesa directiva de la UTEP, con su secretario general Esteban Castro, la secretaria adjunta, Dina Sánchez, y el secretario gremial, a la cabeza, elaboraron un documento que publicaron poco después del cierre de la exposición realizada por CFK a través de su cuenta oficial en YouTube. En el texto también rechazan “la acusación del fiscal Luciani” contra la Vicepresidenta y aseguran: “Es absurdo hablar de asociación ilícita cuando no hay una sola prueba material que relacione a la expresidenta con los delitos de los cuales se la acusa”.
El Movimiento Evita señaló que “un Gobierno democrático y popular no puede acusarse de asociación ilícita” al fijar su postura, mientras que la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) respaldó a la Vicepresidenta poco después de que terminara su réplica al pedido de condena en su contra con fuertes acusaciones a los fiscales.
Además agregaron: “El Movimiento Evita rechaza este nuevo intento de avallasamiento sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsado por el fiscal Luciani y funcionarios judiciales vinculados con el macrismo. No hay ni una sola prueba material que le de sustento a las graves acusaciones que se vierten sobre la ex presidenta en ejercicio de su mandato que den cuenta que hubo una asociación ilícita ligada a la obra pública”.
El texto avanza sobre una cuestión que los dirigentes sociales ya vienen denunciado hace varios meses: “La creciente estigmatización y criminalización llevada adelante por el poder judicial y mediático al conjunto del campo nacional y popular no es otra cosa que un intento más para desprestigiar —a través de causas inventadas— al peronismo en su conjunto. Nos solidarizamos con Cristina y esperamos que se haga justicia”.
UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y POPULAR NO PUEDE ACUSARSE DE ASOCIACIÓN ILÍCITA
Rechazamos este nuevo intento de avallasamiento sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsadas por el fiscal Luciani y funcionarios judiciales vinculados con el macrismo.
— Movimiento Evita (@MovimientoEvita) August 22, 2022
En tanto que Juan Grabois, un dirigente social por lo general alineado a la dos veces jefa de estado, se manifestó como referente del espacio político Frente Patria Grande: “12 años… un año de prisión por cada año de gobierno. No es una coincidencia numérica sino una amenaza mafiosa del poder real. Y la amenaza no está dirigida a CFK, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más”.
Somos Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, también funcionario del ministerio de Desarrollo Social, como Pérsico, publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad a la Vicepresidenta en el cual opinan: “Repudiamos la utilización de la justicia para practicar la persecución política hacia diferentes dirigentes políticos y sociales. Hace años que vemos funcionar esta estrategia no solo en nuestro país sino a lo largo de todo el continente. En complicidad con una parte de la prensa, ciertos miembros del Poder Judicial cumplen las tareas encomendadas por los grandes centros de poder. Lo que importa es disciplinar y condicionar a los sectores populares y a todo que el que ose representar un interés diferente al que tienen los poderes fácticos”.
El Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez, la secretaria adjunta de la UTEP también se expresó en favor de la ex presidenta: “Basta de persecución política y judicial. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a la Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchercher. El avance del poder judicial contra Cristina sin pruebas y con un proceso viciado es una nueva muestra del lawfare que impera en Argentina y en toda América Latina”, sostiene el comunicado.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) sumó la voz del diputado nacional Juan Carlos Alderete, quien sostuvo: “La persecución judicial contra Cristina Fernández se inscribe en el plan de Juntos por el Cambio para volver” y planteó que la “movida judicial” tiene por fin “avanzar sobre los derechos del pueblo con ajuste, entrega y sumisión nacional” y recordó que: “El recurso no es nuevo, viene de décadas. Los líderes populares son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra y, luego, esto encuentra su caja de amplificación en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones”.