Los amantes condenados a la diosa inca justifican su pasión por la virgen pálida con una sentencia a prueba de balas. “Si es que Dios ha creado algo mejor que la cocaína, se lo ha guardado para él”, repiten robóticamente, como si la frase los salvara del juicio final.
La Ciudad de Buenos Aires no es mágica. Ni es la Ciudad que les venden a los turistas. O, en todo caso, es esa Ciudad y otra más narcótica, que esconde el peor de los estigmas que nace del capitalismo actual: el consumo creciente de la droga que mejor se adapta a la posmodernidad. La cocaína es tan democrática que va desde los sectores más humildes hasta los más ricos.
“La ilegalización del tráfico favorece al sistema. Especialmente a los grandes bancos que lavan el dinero narco y, de esa manera, inyecta con plata sucia la economía en crisis de los grandes países, como es el caso de los Estados Unidos”, le dijo con una sorna a prueba de escépticos un político y economista liberal a Noticias Urbanas, con la condición de mantener en el anonimato su nombre.
La Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo del creciente auge del negocio de la droga. Un negocio que prospera gracias a los suculentos aportes que destinan los capos narcos a los políticos de todas las ideologías.
“El narco pone plata en la derecha y en la izquierda para asegurarse la protección de cualquiera que llegue al poder”, detalla ante NU un policía federal de Drogas Peligrosas. Colombia y México son el mejor ejemplo. Los narcos ponían plata en la campaña de conservadores y liberales, en progresistas y centroderechistas. Les daba igual. El objetivo era conseguir el favor del gobierno de turno. Y los políticos aceptaban de buena gana esa contribución poniendo su mejor cara de póquer.
Entonces el negocio prosperó. El lunes de esta semana, Jorge Rodríguez, exasesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó el libro Laboratorios de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, en el que denuncia el crecimiento del narcotráfico en el territorio porteño.
El negocio que más crece
De la presentación del libro participaron el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Ritondo; el diputado nacional y candidato a gobernador Felipe Solá (Frente Renovador); el senador nacional Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur); el secretario general del gremio de Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, y el legislador de Bien Común y titular de La Alameda, Gustavo Vera.
El licenciado Jorge Rodríguez resaltó que “la Policía Federal está compuesta por muchos agentes adictos a la cocaína y a la marihuana que realizan la recaudación diaria en las zonas liberadas por comisarios”, y afirmó: “La Argentina se volvió un país sin control en sus fronteras, por las cuales pasan diariamente muchos delincuentes peruanos sin problema alguno”.
El libro Laboratorios de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, editado por la Legislatura porteña a pedido del legislador Gustavo Vera, contiene 170 informes con fotografías y planos recibidos por la exministra de Seguridad Nilda Garré y su equipo más cercano, entre ellos la fiscal –hoy supervisora de las escuchas telefónicas en la Procuración– Cristina Caamaño, Natalia Fedelman y Ricardo Dios.
Tras ser despedido del Ministerio de Seguridad, Jorge Rodríguez presentó todos sus informes ante la Justicia. Lo hizo en el juzgado federal Nº 2, a cargo de Sebastián Ramos, en el Consejo de la Magistratura, en la Corte Suprema de Justicia y en la fiscalía especializada en narcocriminalidad Procunar.
El trabajo realizado por Rodríguez asombra y preocupa. La prepotencia de los datos y la transcripción de los e-mails que fue enviando a sus superiores en el Ministerio de Seguridad y que nunca tuvieron respuesta es algo difícil de entender.
En esos correos se dan precisiones sobre el accionar narco en las villas, con el aporte concreto de pruebas que causan escalofríos. No se habla de un negocio que hacen un par de lúmpenes en horas de la madrugada y a escondidas. Todo lo contrario.
En la Villa 1-11-14 el negocio está a la vista de todos y es conocido por todos. Además, los soldados narcos se exhiben a plena luz del día con armas de guerra para proteger su negocio.
El motivo de por qué las fuerzas de seguridad, los jueces, los políticos de distintos partidos y los funcionarios públicos no actúan parece demasiado evidente.
“Lo que sucede es de una grosería tal que nos tratan como si fuéramos estúpidos. Si están a la vista de todos y nadie actúa es porque se cobran sobornos de los narcos y, a pesar de que digan que combaten el narcotráfico, nada de eso sucede”, asegura a Noticias Urbanas un comisario retirado de la Policía Federal.
La ciudad narco
El trabajo realizado por Rodríguez describe con exactitud la organización más grande y más aceitada a nivel de narcos que operan en las villas de la Capital Federal, y que lo hace en la 1-11-14.
El exfuncionario presentó durante su gestión 235 informes con datos muy precisos sobre la organización que conduce el peruano Marco Antonio Estrada González (alias “Marcos”) en la villa del Bajo Flores, y en más de una ocasión denunció públicamente la existencia de por lo menos diez “cocinas” (laboratorios de producción) de cocaína en ese asentamiento. Una de las cuestiones más escalofriantes de sus reportes es que los narcos están mejor equipados que los gendarmes apostados en los alrededores del asentamiento, que portan “escopetas 12/70 con munición de postas de goma”. En marzo de este año, Rodríguez hizo público un informe en el que narraba que en la villa hay “300 ‘soldados’ peruanos armados con FAL, AK-42 y AK-47” y que en los pasillos, donde se infiltró durante años, vio “peruanos con Uzi y mini Uzi”.
Ya en su primer informe, fechado el 9 de marzo de 2011, le había revelado a Garré que “los ‘soldados’ [de Marcos] en general portan armas cortas en la cintura y a la vista, y solo algunos llevan armas largas”. En otro pasaje, afirmaba: “No tenemos dudas, además, de que los ‘soldados’ apostados en algunas de las terrazas disponen de lanzamisiles RPG, conforme nos han informado varias fuentes peruanas, como también de granadas, y que sin dudas saben utilizarlas”. En octubre de 2012, Rodríguez publicó un nuevo informe (el séptimo), donde elaboró tres mapas sobre lo que el bautizó como Territorio Liberado Peruano.
En su informe 198, en enero de 2013, el entonces funcionario del Ministerio analizó la política de seguridad de Río de Janeiro en las favelas. Al comparar el armamento usado por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, afirma sin vueltas: “No van a las favelas como nuestros gendarmes y prefectos, dotados de escopetas 12/70 con munición de postas de goma”. Rodríguez sostiene que hay un acuerdo entre la Policía Federal y los narcos para que estos últimos no agredan a los gendarmes. Según el exasesor, Gendarmería tiene la orden de no entrar a los pasillos a combatir el narcotráfico y solamente dedicarse a resolver conflictos vecinales.
Pero el flagelo de la venta y tráfico de estupefacientes se extiende como una plaga. Lo mismo sucede, en menor escala, en las otras villas. Ya entre los años 2007 y 2008, Noticias Urbanas publicaba varias notas en las que contaba cómo crecía el comercio de droga en las villas porteñas.
Actualmente, en la Villa 20 de Lugano, una organización de paraguayos maneja el negocio. En la de Retiro están los peruanos y bandas mixtas. En la de Chacarita, paraguayos, peruanos, argentinos. Otro tanto sucede en la villa de Zabaleta.
Todas las villas de la Ciudad son abastecidas gracias al recorrido y la penetración de la droga al país a través de la Ruta Nacional 34, que desde Bolivia, pasando por Salta, Jujuy, Córdoba y Santa Fe, llega a la provincia de Buenos Aires y, finalmente, a la Capital Federal, para abastecer una demanda que parece insaciable y continua.
Y lo peor del caso es que una vez que llegan a las villas operan sin esconderse. Por eso, la conclusión es obvia y demasiado cruda y brutal: el enemigo no son los narcos, ellos no son el gran problema; el problema es cierto sector de la policía corrupta, la Justicia que se compra y una clase política que se beneficia con el dinero sucio.
La situación es tan dramática, tan honestamente surrealista, que no hay lugar para las excusas. Lo que sucede es injustificable. Y es hora de que los pretextos de los que deben reprimir el delito no sigan tomando a la gente por idiota.
