El presidente Alberto Fernández anunció que pagará con bonos los fondos los fondos determinados por la Corte Suprema en la demanda por coparticipación y desactivó un pedido de juicio político que impulsaba la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados.
El cambio de estrategia del Gobierno nacional cambió el escenario y es por eso que en el bloque decidió desistir de la presentación que tenía como principal apuntado al mandatario. Argumentaron que el planteo estaba fundamentado en la desobediencia de un fallo de última instancia.
Como Nación empezará a pagar, queda disipada la acusación del bloque encabezado por Mario Negri.
La decisión de la UCR trascendió minutos después de una serie de tweets en los que Fernández anunció que instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros “para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”.
Dijo que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
La duda ahora es que va pasar con las denuncias que se presentaron la semana pasada y este lunes contra el presidente por desoír el fallo de la Corte Suprema. De hecho, este lunes se conoció que el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González son quienes salieron sorteados para investigar estos planteos.
Que pasará con las denuncias
Cuando la semana pasada la casa rosada comunicó que el fallo en el cual la corte le ordenó a Nación que le pague un dos, 95% de los fondos de la masa coparticipables a la ciudad era de imposible cumplimiento comenzaron a llover denuncias. Una de ellas, por supuesta sedición, fue presentada por los dirigentes del Espacio Republicanos Unidos Yamil Santoro y Roberto Garcia Moritán.
Consultado respecto de qué harán con la denuncia, Santoro respondió: “Mantenemos (la denuncia), en todo caso que la Justicia determine si ahora si cumplen”.
Por otro lado, en la Coalición Cívica otro de los espacios de los cuales se promovió una denuncia contra el presidente hasta el momento no esta definido qué van a hacer con la denuncia, supo este medio. Esa presentación también apuntaba al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Economía Sergio Massa. Se enumeraban ahí supuestos delitos como alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Mientras tanto, en Comodoro Py la decisión del presidente de acatar la medida cautelar no significa un cierre de la investigación penal preparatoria abierta tras la presentación de las denuncias. El fiscal González quien tiene delegada la investigación por lo que es el que debe definir si corresponde impulsar la o archivar las denuncias.
