Este miércoles, la Cámara Federal determinó de manera unánime conceder licencia al juez federal Ariel Lijo para que asuma en comisión como nuevo magistrado de la Corte Suprema. En las primeras horas del día, tras conocer el número del decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial, Lijo solicitó a sus superiores de la Cámara Federal una licencia en su puesto.
La designación para formar parte de la Corte se extiende hasta noviembre, y si no se alcanza un acuerdo en el Senado, podría verse obligado a retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py, donde actualmente se encuentra trabajando.
Para tratar este tema, el titular de la Cámara Federal, Mariano Llorens, convocó al resto de sus colegas: Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun.
En la junta se discutió la solicitud de Lijo para recibir una “licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con la designación conforme al artículo 99, incs. 4° y 19° de la Constitución Nacional, realizada mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 137/2025 del 25/2/2025”.
Existía una tendencia mayoritaria a concederle la licencia de manera directa, mientras que otra opción era enviarla a la Corte para que el tribunal supremo tomara una decisión.
Finalmente, con la firma de los seis jueces, acordaron “hacer lugar a la petición”, “comunicar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, y “remitir copia de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante oficio de estilo”.
El decreto
Después de casi un año sin un consenso político para llenar las dos posiciones vacantes en la Corte Suprema, el presidente Milei firmó ayer el decreto que designa en comisión al juez federal Lijo y al abogado Manuel García Mansilla. Con la aparición de los nombramientos en el Boletín Oficial, se activaron horas determinantes, ya que el Gobierno busca que ambos asuman sus responsabilidades lo más pronto posible, a pesar de la oposición y un procedimiento que necesita la intervención del sistema judicial.
El presidente tomó la decisión de firmar el decreto esta semana, que es la última en la que el Congreso permanece “cerrado”, puesto que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias se inauguran el sábado. Esta acción culmina un proceso complicado que dio inicio en marzo de 2024, con la comunicación de las nominaciones, y que se vio obstaculizado la semana pasada por discrepancias con el kirchnerismo en el Senado.
