El Gobierno decidió dar marcha atrás con una medida que parecía predisponerlo a otro escenario de alta conflictividad, que ponía en riesgo las negociaciones por el Presupuesto y alimentaba las tensiones internas, además de ordenar a una oposición que rápidamente empezó a articular en el Congreso para ponerle un freno a otro aumentazo.
Finalmente, el aumento retroactivo en las tarifas de gas y a pagar en 24 cuotas quedará totalmente descartado, según confirmaron a Noticias Urbanas desde las oficinas de Rogelio Frigerio en Casa Rosada. Tras consensuarse una “salida con la oposición”, que presionó tanto a Mauricio Macri como a los emisarios oficiales que negociaban por el Presupuesto.
A partir del 1º de enero próximo, el Estado comenzará a pagar en treinta pagos mensuales lo que la Secretaría de Energía había resuelto que debían pagar los usuarios. Javier Iguacel, el degradado responsable del área energética, uno de los tantos exministros devenidos en secretarios, se había constituido en los últimos días en el nuevo blanco elegido, tanto por la oposición como por la Justicia, que lo acorralaron con una sesión especial –ahora quedaría descartada– y una denuncia penal, en medio de una profusa lluvia de amparos.
La resolución, publicada el último viernes en el Boletín Oficial, habilitaba a las empresas distribuidoras a cobrar un incremento extra en las tarifas de gas con el objetivo de compensar las pérdidas que sufrieron con la devaluación. Un insólito beneficio del que no gozan los asalariados en la Argentina y que debían afrontarlo con sus castigados bolsillos en el medio de una recesión cada vez más dura. En su denuncia penal contra Iguacel, en la que lo acusa por abuso de autoridad y por violación de los deberes de funcionario público, el fiscal federal Guillermo Marijuan había solicitado además una medida cautelar para ponerles freno a los nuevos incrementos, que se sumaban al 35 por ciento de aumento que comenzó a regir a principios de mes. “Los usuarios ya habían realizado los pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total de la deuda”, explicó en su imputación.
La oposición en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno negocia desde hace semanas para alcanzar un grado de consenso que le permita destrabar el Presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), había anunciado una sesión especial para el próximo 18 de octubre en la Cámara de Diputados. Otra vez, sin distinción partidaria, el Gobierno había logrado ordenar a sus contrincantes detrás de una nueva causa en común; nuevamente las tarifas, como ocurriera meses atrás, cuando Mauricio Macri vetara el proyecto que las retrotraía.
Desde la Casa Rosada no querían dar pistas acerca de si esta última medida tuvo su génesis exclusivamente en los despachos de Iguacel, pero ya empezaba a trascender el malestar de los hábiles dialoguistas del primer mandatario en el Congreso. Dejaron trascender que la resolución de la Secretaría de Energía los había tomado por “sorpresa” y que además “complicaba” el diálogo con los bloques opositores de cara al 24, cuando se tratará en el recinto el Presupuesto.
Noticias Urbanas dialogó con un vocero de Cambiemos, que explicó las implicancias de tomar una medida inconsulta con el grupo que conforman Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Luciano Laspina y Nicolás Massot, los soldados de Mauricio Macri que parecen haber presionado puertas adentro ahora para que el Gobierno decidiera esta marcha atrás. “Nos agarró por sorpresa, porque nadie nos anticipó la medida y ninguno tenía conocimiento de que esto fuera a salir de esta manera y en este momento”, apuntaban desde esos círculos a esta revista. Sin pelos en la lengua, decían que la decisión original “complicaba” las negociaciones por el Presupuesto porque “contaminaba el clima” y “tensaba la relación con la oposición, al introducir un tema que no estaba en agenda”.
También advertían otras derivaciones en el calendario parlamentario, porque la sesión especial solicitada por los bloques opositores, unidos en tándem una vez más desde el peronismo federal hasta el kirchnerismo y el massismo, quedaba programada para el mismo día en el que el oficialismo pensaba “sacar” el dictamen del Presupuesto. Esto los obligaba a dos alternativas: adelantar por dos días la sesión que estaba prevista para el 16 y así poder mantener el 24 como el día de su tratamiento general en el recinto. La otra opción era, finalmente, mover al 31 esa sesión, dilatando aún más los tiempos sobre la “ley de leyes” que el Gobierno espera sancionar lo antes posible por pedido de Madame Lagarde.
“Cualquiera fuera la decisión, todas nos generan complicaciones”, despotricaban, horas antes de que finalmente un ala del entorno de Macri entendiera las consecuencias de seguir agravando el malestar social y, para peor, unir a la oposición. Fue el ministro del Interior el primero en recoger el guante y anticipar que se debía “encontrar una salida” que no repercutiera “en el bolsillo ya castigado de la gente”.
“Es un tema que hizo ruido, pero tenemos tiempo para encontrarle una solución”, decía el ministro, en diálogo con la televisión. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, oficiaba como uno de los voceros de la reunión de coordinación encabezada por el Presidente y defendía la “legalidad” y “constitucionalidad” de los actos del secretario de Energía.
Ahora, el Gobierno ya puede olvidarse de pensar en no acompañar la sesión especial anunciada por las tarifas de gas, pero igualmente deberá evaluar si así y todo no ganaron más costo político, especialmente con las clases medias, en detrimento de la desinflada imagen presidencial. Iguacel, por su parte, ya había anticipado que el Gobierno no iba a apelar los fallos judiciales que resolvieran frenar los aumentos y eran las empresas las que debían hacerse cargo de esos litigios judiciales. Encima, mientras repetía una de las máximas de los libretos oficiales que dicen que siempre hay que echarle la culpa al kirchnerismo, cometía la torpeza de señalar a los que reclamaban en contra de los insólitos aumentos como “kirchneristas”.
Algo andaría de mal en peor para las aspiraciones presidenciales si toda la clase media estuviera enrolada en las filas de Unidad Ciudadana. Obediente y desafiante, Iguacel señalaba con el dedo con el mismo estilo y la nula habilidad política de su antecesor, Juan José Aranguren. Entre los que habían presentado amparos había un grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, algunos de ellos referenciados en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en otro gesto que emulaba la estrategia de los meses pasados para hacerle frente a otros aumentos.
Mauricio Macri convalidará entonces estas tarifas que quedaron dolarizadas luego de que decidiera dejar sin efecto la Ley de Emergencia Económica, volviendo a atar los costos de las petroleras productoras de gas a la divisa estadounidense. Al igual que el exministro Aranguren, el actual responsable del área energética es un hombre que ha trabajado muchos años en ese sector. En su currículum se destaca su paso por YPF entre 1997 y 1999, sus cinco años en las filas de Pecom Energía, de la familia Pérez Companc, y otros diez años, hasta 2014, en Pluspetrol, del Grupo Techint.
También los integrantes de Enargas, que por ley tienen el mandato de defender a los usuarios y de actuar de manera independiente, acumulan en los currículum de sus dos principales autoridades, el presidente Mauricio Roitman y el vicepresidente Daniel Perrone, una larga trayectoria en el sector empresarial petrolero. La relación carnal entre las empresas energéticas y el Gobierno de Macri puede ser explicada por la obstinación de hacerles pagar exclusivamente a los usuarios los costos de la quita de subsidios, a costa de la extraordinaria ganancia empresarial, como la que acumula, entre otras, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, uno de los amigos de Macri que más se ha enriquecido en los últimos años y un exponente de uno de los sectores privados más favorecidos por la política económica de Cambiemos.
Resumiendo, en la resolución de este conflicto volvió a perder el Estado. El dinero, una vez más, viajó de las manos de la gente (eso es el Estado) a las de los empresarios.
