Lo que comenzó como una intención oficial de difícil implementación se convirtió en una posibilidad firme que cayó como una bomba en el mundo judicial.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que el Gobierno nacional impulsará una reforma para suprimir la feria judicial, el receso de actividades que actualmente se extiende por 45 días.
“Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover, generando un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días”, admitió el funcionaro.
Esto no debería sorprender si se repara en que el mismo funcionario Garavano -durante su gestión en la Ciudad- suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
En ese entonces, los fiscales y coordinadores debían apelar a un calendario coordinado para tomarse los días libres entre diciembre y abril y aún así asegurar que siempre hubiera un tercio de los trabajadores en pleno ejercicio de sus funciones.
Un dato importante es que el Poder Ejecutivo no puede avanzar con una decisión de este tenor: el asunto queda en manos de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal.
En el Gobierno lo tienen claro y por eso, antes de darle mayor impulso al tema, quieren lograr consenso con los gremios judiciales.
La iniciativa forma parte de una de las tantas medidas diseñadas de cara a la plataforma Justicia 2020 y aún su implementación resulta un misterio.
Justicia 2020 es un proyecto diseñado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es “incorporar el aspecto social en la administración del derecho e incluye medidas relacionadas con la prevención del delito e inclusión de las minorías” según se informó mediante un comunicado oficial.
El programa se desarrollará durante los próximos tres años y consistirá en siete ejes temáticos: institucional, penal, civil, acceso a la Justicia, derechos humanos, gestión y Justicia y comunidad.
El sistema judicial argentino está integrado por unos 1.000 jueces y casi 20 mil empleados. Allí no existe ningún tipo de control de horarios. Asimismo, la propia feria laboral implica una interrupción de casi el 20 por ciento anual de las tareas laborables de ese sector.
“Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido. Para los abogados que caminan los tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero”, advirtió el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo.
Si bien la medida generará polémica, algunos funcionarios se mostraron a favor y consideraron que la feria representa, directamente, una política laboral obsoleta.
Otros especialistas, en tanto, intentaron relativizar el tema y consideraron la posibilidad de que durante las fechas de la feria se pueda extender el horario de atención.
