El Gobierno de Cambiemos quiere marcar diferencias al tratar las causas relacionadas con la corrupción. Las acciones para recuperar activos y reparar los daños sufridos por el Estado -como consecuencia de actividades ilícitas- se sustentarán en pocos días más en la recopilación de “información completa, veraz y confiable”, orientada a litigar con éxito en los juicios que están en curso o por iniciarse.
Esta iniciativa fue confirmada por integrantes de la Procuración del Tesoro de la Nación a la agencia Télam.
Según estas mismas fuentes, a fines de febrero vence el plazo para que los servicios jurídicos de los distintos organismos y entes estatales actualicen los datos sobre la naturaleza, el monto, la estimación del resultado probable y las características de los juicios en los que el Estado nacional, sus organismos y entidades son parte.
La Procuración fijó el 26 de diciembre pasado un plazo de 60 días corridos para que los responsables de los servicios jurídicos de las diferentes áreas del Estado, vuelquen esa información en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (Sigej).
El procurador Carlos Francisco Balbín dispuso esa medida luego de comprobar que, en varios casos, la información obrante en el Sigej no reunía los requisitos impuestos legalmente, por lo que no resultaba confiable.
A esa conclusión se arribó tras los informes de “Auditorías por Grupo de Juicios” y “Auditorías de Revisión”, y luego de las actuaciones administrativas elaboradas entre fines de 2015 y el año 2016.
La Procuración ordenó en los últimos meses una serie de medidas tendientes a corregir las falencias de las que daba cuenta el Sistema Informático, y que obstaculizan el objetivo prioritario de transparentar la existencia y cuantía de los juicios que afectan al Estado Nacional y a sus entes.
El aporte de la Procuración del Tesoro, señalan los funcionarios, tiene el propósito de procurar el retorno de fondos públicos y de combatir la impunidad, en línea con los cambios que se impulsan en el Congreso Nacional.
En junio pasado la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de creación del Régimen de Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes, que fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del último período legislativo.
“La extinción de dominio -dice el proyecto- es una consecuencia jurídica patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna”.
