El desierto de Vaca Muerta funcionó como una locación perfecta para la foto que selló un pacto. Esa zona de Neuquén, emplazada sobre uno de los principales yacimientos de hidrocarburos del planeta, es el oasis desde el que brotará el renacimiento de la economía argentina, según los proyectos y las fantasías de empresarios locales y extranjeros, incluyendo a los que ahora habitan en la Casa Rosada.
Los protagonistas del encuentro fueron Mauricio Macri y Paolo Rocca, convertidos en los hombres fuertes de los dos grandes clanes ítalo-argentinos que se hicieron gigantes gracias a sus negocios con el Estado durante el último medio siglo.
De lado quedó el recelo causado por una rivalidad que duró décadas y atravesó generaciones. Algo más importante está en juego. Los herederos ahora deben salvar a sus familias, su poder y sus fortunas, que se encuentran bajo amenaza entre las revelaciones sobre el esquema de corrupción en la obra pública y la incertidumbre que se proyecta sobre el futuro de las finanzas del país, otra vez al borde de la quiebra. Empresarios especializados en ganar durante las crisis, no está en sus planes que esta sea una excepción. Pero tienen un problema más grande ahora.
La foto se anunció el lunes y se tomó el martes. Hubo tres instancias previas que prepararon el terreno para el encuentro. La noche del viernes, el juez Claudio Bonadio, que entiende en la causa de los cuadernos sin cuadernos, publicó un curioso “resumen” a través del sitio oficial de prensa del Poder Judicial en el que anunciaba que la asociación ilícita que investiga funcionó entre 2008 y 2015.
La elección de esas fechas resulta conveniente: dejó afuera los años en los que Franco y Mauricio Macri tuvieron responsabilidad directa sobre Iecsa, una de las empresas involucradas en el cartel de obra pública. También quedó convenientemente excluida la negociación que encaró Techint con el expresidente venezolano Hugo Chávez, que había nacionalizado la fábrica de acero Sidor, en el marco de la cual la familia Rocca habría pagado coimas al gobierno argentino para que mediara en el cálculo de la indemnización, según el propio Paolo Rocca confesó en una conferencia de la Asociación Empresaria Argentina.
Existió una decisión política de Bonadio de excluir a los Macri y a los Rocca de su investigación, porque en la pesquisa que viene llevando adelante sobran diversos elementos que apuntan a la existencia de delitos cometidos antes de 2007. Por caso, la declaración como imputado colaborador del expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, marca que el comienzo de la cartelización de la obra pública acaeció tres años antes que el punto de partida que delimitó el juez.
Los testimonios de dos ejecutivos de Techint imputados en la causa, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que ratificaron la participación de la empresa en el entramado ilegal, serían desechados. Por su parte, Rocca, tras admitir el pago de coimas, ni siquiera fue llamado a declarar.
La totalidad del testimonio del extitular de la Occovi, Claudio Uberti, “el primer funcionario arrepentido”, dejaría de tener valor en la causa, porque él renunció a su cargo en agosto de 2007. “Lo que vi, conozco y escuché fue durante ese período, después no tuve vinculación con nadie”, consta en su declaración ante el tribunal.
El loteo de la causa fue el primer paso que allanó el pacto de Rocca-Macri. El lunes a primera hora, el Gobierno se encargó de dar la segunda señal. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, confirmó en una conferencia de prensa la continuidad de todos los contratos de obra pública, aun los que involucran a empresas que confesaron haber participado del cartel y que pagaron sobornos para obtenerlas. Para garantizarlo, el Estado saldrá como garante del financiamiento a través de un fideicomiso.
Con los micrófonos apagados, el funcionario les prometió además a los empresarios que tampoco quedarán excluidos de futuras licitaciones. Siga, siga. Con los micrófonos encendidos, Dietrich dijo que “hay que separar a las empresas de las personas”. (Alguien más lo escuchó: el jefe de gabinete del jefe de Gabinete, Mario Quintana, separó su persona de Farmacity. Según informó el Gobierno esta semana, vendió sus acciones. Lo que no queda claro es si entregó las llaves.)
El martes por la mañana, pocas horas antes de que Macri y Rocca realizaran el viaje exprés a Vaca Muerta, cada uno en su propio avión, para no despertar suspicacias, la AFIP hizo el tercer movimiento para apuntalar la impunidad de los principales empresarios del país. En un comunicado, el organismo informó que aquellos empresarios que hayan participado de delitos en el marco de la causa que investiga Bonadio no perderán los beneficios obtenidos por el último blanqueo fiscal.
No es un asunto de menor cuantía: según filtraciones que circularon largamente y no fueron desmentidas, entre directivos y accionistas de Techint y sus familiares blanquearon más de siete mil millones de pesos. La decisión fue un buen gesto también hacia otras empresas vinculadas con el caso, cuyos ejecutivos y dueños hicieron uso del beneficio, como Pescarmona, Eusko y Cartellone. En caso de que el Estado hubiera decidido hacer caer el blanqueo, habrían quedado comprometidos hasta el ochenta por ciento de los montos ingresados, además de abrir la puerta a nuevas acciones penales contra los responsables.
Así, con ese triple movimiento judicial, ejecutivo y fiscal, el Presidente busca apuntalar un muro que los deje a salvo a él y a los suyos de las consecuencias penales de la investigación, que tiene como epicentro un cartel de obra pública del que fueron protagonistas, no solamente entre 2008 y 2015, como investiga Bonadio, ni en los doce años de kirchnerismo, sino, al menos, desde hace medio siglo, atravesando gobiernos civiles y militares, de izquierda y de derecha, radicales y peronistas, duraderos o breves, sobreviviendo a cada una de las crisis que azotaron al país en ese período, saliendo más fuertes de cada una de ellas.
Con el futuro económico y político de su gobierno en peligro creciente, Mauricio ha decidido volver a ser Macri, que puede permitirse un fracaso como presidente pero no como patriarca del clan. Si no puede salvar el país buscará salvar al menos la herencia de Franco, que él mismo puso en riesgo por sus ambiciones políticas. En los círculos empresariales se escucha con fuerza, por estos días, el reproche. Quién te mandó. Mirá el lío en el que nos metiste a todos. Va a ser mejor que lo resuelvas.
El mayor temor en ese círculo rojo ya no pasa por las consecuencias judiciales de las investigaciones, que serán mínimas, según las promesas que emanaron de Comodoro Py como condición previa a las delaciones premiadas de los businessmen.
La continuidad de las obras y el blanqueo ya fueron garantizados por el Presidente. La crisis financiera del país los encuentra a buen resguardo, más allá de las inevitables pérdidas en el corto plazo. El principal peligro para las grandes empresas locales pasa por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, en la que América latina es territorio de batalla. Algunos señalan que el origen de los cuadernos está en Washington y que el objetivo no es solamente poner un dique ante un posible reflujo populista sino también asfixiar económicamente a empresas clave para que sean adquiridas por capitales estadounidenses, como contención ante el avance del dinero chino en la región.
Más allá de las conspiraciones, que no existen pero que las hay, las hay, el escenario geopolítico es ese, las empresas locales están perdiendo valor y el riesgo de un take over extranjero está latente. Cuidar ese capital es, ahora, el principal objetivo de Macri, el empresario. Todo lo demás, su presidencia, su reelección, el país, solo serán medios para ese único fin.
