Marcelo Koenig es diputado nacional por el Frente de Todos y miembro de la comisión de Libertad de Expresión. Defiende el decreto que declara los servicios de telecomunicaciones como públicos, esenciales y estratégicos, separa la medida de la histórica pelea contra el Grupo Clarín, y asegura que no había motivos para consultar a las compañías del sector.
¿Qué significa que los servicios de telecomunicaciones sean públicos, esenciales y estratégicos?El
Estado toma determinadas cosas, que antes estaban libradas al mercado, y por considerarlas de carácter público, interviene en ellas. Intervenir no significa hacerse cargo o tener el monopolio. En esta pandemia, estos servicios son de carácter claramente esencial. Esas empresas de telecomunicaciones son un puñado y tienen una porción mayoritaria del servicio. A partir de esta declaración, quedan reguladas por el Estado y se impide que se especule con los precios, dado su carácter monopólico.
La regulación de los precios ya se venía ejerciendo. ¿Por qué no continuar de esa forma?
De alguna manera se venía haciendo. Salvo en la época de Macri, esto funcionó de esta manera. Pero creo que declararlas esenciales es un paso adelante, porque al regular, de hecho se lo transforma en un derecho.
Hubo fuertes críticas de las empresas que se enteraron por el tuit del Presidente. ¿Cree que debería haberse consultado a las compañías?
Me parece natural que haya críticas de las empresas, porque preservan su libertad de hacer cualquier cosa. En última instancia, el mercado es una forma de relación de fuerzas, de poder. Me parece natural que protesten, porque venían brindando sus servicios de forma abusiva. Si tomamos el promedio de aumentos de estas empresas en los últimos cuatro años, vemos que los aumentos le ganaron por el doble a la inflación. Venían ejerciendo de forma abusiva. Cuando el Estado dice ‘basta, ahora vamos a atender particularmente esta cuestión’, se sienten incómodas. Estoy convencido de que de esta crisis que nos deja la pandemia y que nos dejó el neoliberalismo, donde todo se regula de acuerdo a la lógica del mercado, se sale con más Estado. No sé por qué el Estado tendría que consultar a las empresas. A quien tiene que consultar es al pueblo. Justamente, me preocupa más que se consulte a las empresas antes que al pueblo.
En ese sentido, ¿no hubiera sido mejor presentarlo a través de un proyecto en el Congreso, en lugar de un DNU?
Fue una decisión del Ejecutivo y los decretos son parte de las facultades que tiene el Ejecutivo. Luego van a la Comisión Bicameral encargada de aprobar o rechazar. Los decretos son una instancia previa a un tratamiento legislativo, que en última instancia, es la forma en que se tienen que regular este tipo de cuestiones. Fue una decisión que desconozco, no soy parte de la Comisión de Comunicaciones. Pero me parece que, dada la necesidad y urgencia frente al abuso de las empresas, que habían decretado otro aumento de sus servicios, el Estado intervino rápidamente. Considero que era de carácter urgente. Por eso el Presidente lo hizo por esa vía, y no por la vía de un proyecto de ley, que hubiera tenido mucho trámite y debate.
Me parece natural que haya críticas de las empresas, porque preservan su libertad de hacer cualquier cosa. En última instancia, el mercado es una forma de relación de fuerzas, de poder. Si tomamos el promedio de aumentos de estas empresas en los últimos cuatro años, vemos que los aumentos le ganaron por el doble a la inflación. Venían ejerciendo de forma abusiva.
¿Esta medida es parte de la pelea con el Grupo Clarín?
No estoy de acuerdo con eso. Creo que el problema es que Clarín es un monopolio. Entonces, cuando se regulan los monopolios, parece una cruzada contra Clarín. La Constitución de 1949 plantea, cuando habla precisamente del reconocimiento de la intervención y posibilidad del Estado de intervenir, dice que las cuestiones se rigen por iniciativa privada salvo que sea utilizada monopólica u oligopólicamente en perjuicio de la población. Las leyes antimonopólicas, donde el Estado interviene regulando o participando en un área económica específica, no son contra nadie en particular, sino contra empresas oligopólicas. Las leyes antimonopólicas existen en todo el mundo. Así lo ha regulado Finlandia, y no creo que en Finlandia esté el Grupo Clarín.
¿El decreto podría ahuyentar eventuales inversiones?
Hay que estudiar los números de la inversión. La inversión promedio en los tiempos de finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era de 250 millones de dólares por año. Durante el macrismo fueron 264 millones en todo el período de cuatro años, del 16 al 19. Cuando se da absoluta libertad para la autodeterminación de las ganancias, la inversión no se multiplica. Sobre todo en estas áreas. Dejar al capital en su libre albedrío no significa que el capital invierta. En lugar de mayores inversiones, más bien hubo fuga de divisas.