Los pañuelos blancos nacieron hace 40 años en esta misma plaza, aunque anoche sólo los llevaban sobre sus cabezas las Madres de Plaza de Mayo. Tuvo que sobrevenir la catástrofe jurídica que perpetró la Corte Suprema de Justicia para que uno de los símbolos de la resistencia contra la dictadura fuera entregado por esas damas dignas a su Pueblo, para que éste siga enarbolándolo sin claudicaciones.
La entrega simbólica de los pañuelos no es un tema menor. “Yo creo -declaró Leopoldo Moreau en exclusiva a Noticias Urbanas- que fue una decisión política, disfrazada de fallo judicial”, en alusión al fallo de la Corte Suprema que desató la convocatoria de los organismos de Derechos Humanos a la gigantesca movlización, que se realizó en todas las ciudades importantes del país y hasta en París, Berlín y Barcelona, entre otras ciudades extranjeras. Una mayoría abrumadora de los manifestantes coincidió con el ex diputado radical hoy enrolado en el kirchnerismo, más allá de toda comprobación.
El temor al crecimiento de la ofensiva gubernamental contra las condenas a los militares fue determinante para la masiva asistencia de público. Si se sumaran a todos los que se manifestaron, se podría deducir que el impacto del fallo de la Corte fue enorme en la opinión pública, porque hubo no menos de dos millones de personas movilizándose contra la posibilidad que que queden en libertad más genocidas.
Paralelamente, todos los funcionarios del Gobierno -menos el incauto secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- salieron a efectuar el “operativo despegue”, manifestando su disconformidad con un fallo que fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz, que el presidente hubiera incorporado por decreto a la Corte si hubiera podido. El tercer voto fue de la jueza Elena Highton de Nolasco, que eludió con escasa elegancia su retiro, presentando un recurso de amparo que su subordinado, el juez del fuero Contencioso-Administrativo Enrique Lavié Pico, concedió dócilmente.
El ministro de Justicia debería haber apelado el dictamen de Lavié Pico, de haber estado dispuesto a hacer cumplir la ley a rajatabla, pero se abstuvo en la cuestión. Algunos senadores opositores, como Adolfo Rodríguez Saá, consideraron que con esta omisión, el Gobierno “consintió” en una actitud que “parece ser una negociación”, ya que esta abstención le permitió hasta ahora a Highton de Nolasco seguir en su cargo más allá de los 75 años, que cumplirá en diciembre de 2017.
La ley que recortó las consecuencias de la laxitud jurídica de la Corte, que votaron con presteza los diputados y los senadores, fue apenas una gota de aceite en el mar de la inquietud social. El alerta social seguirá existiendo y la desconfianza hacia las promesas gubernamentales, también.
¿Era necesario que se tomara esta decisión? ¿Era necesario pagar el precio político que pagó la Casa Rosada? ¿No se evaluaron las consecuencias de un fallo que emitieron dos jueces propios y una jueza influenciable? ¿Cómo hace para despegarse el Gobierno si lo anteriormente citado es rigurosamente cierto? ¿Quién hizo lobby en favor de esta decisión cortesana?
Cuando tantas preguntas no tienen una respuesta oficial, una que se haya originado en las oficinas del Gobierno, existe una crisis política en pleno desarrollo. No reconocerla sólo la agravará.
