El fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y la detención del exministro kirchnerista y actual diputado nacional Julio De Vido, en la causa donde se investiga el desvío de más de26.000 millones de pesos que debían destinarse entre 2005 y 2015 a la mina de Río Turbio, en Santa Cruz.
La solicitud se realizó ante el juez Luis Rodríguez por los presuntos delitos de “defraudación a la administración pública” y “malversación de fondos”. Las indagatorias también incluyen a otros 23 involucrados, entre ellos Roberto Baratta, mano derecha de De Vido.
Las denuncias investigadas están relacionadas con convenios celebrados entre Planificación Federal y la UTN junto con la Fundación Regional Santa Cruz, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la municipalidad de la Cuenca Carbonífera, para destinar fondos a la puesta en valor del ramal ferroviario del tren Eva Perón, además de fondos destinados a lausina térmica Río Turbio.
En la mayoría de los procedimientos hubo “violación de las leyes de contratación” de obras, triangulación con universidades “para esquivar la normativa aplicable, sobreprecios de las valuaciones de costos” y contrataciones de personal por sumas millonarias, entre otras irregularidades.
La cifra investigada supera los $ 26.000 millones, fondos aplicados desde el extinto Ministerio de Planificación entre 2005 y 2015.
El año pasado la actual gestión de YCRT, a cargo de Omar Zeidán, denunció a De Vido por malversar dicha suma de dinero que debía destinarse a la mina y cuya producción se encontraba en los mismos niveles que tenía en 1953.
Se remarcó que en el período 2011-2015 se debían construir 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros, “un 70% menos de lo planificado”.
El trabajo señala que esto no guarda relación con el incremento de la planta de personal durante esos años, que fue del 233%.
Los convenios celebrados con la UTN – Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) fue otro punto crítico del dictamen. Entre 2009 y 2015 se suscribieron 453 convenios y 90 adendas entre YCRT y la FRSC por $ 4.866.400.000. Los gastos fueron calificados como“irregulares” y el mecanismo de contratación se hizo por tareas“que no son propias y específicas de estas instituciones”. Y que la subcontratación de la Facultad “habilitó la triangulación de las operaciones y permitió soslayar la aplicación de la normativa de contrataciones públicas”. Y sospechan de la existencia de “sobreprecios en diversas adquisiciones de bienes”.
Ante estas irregularidades, el fiscal pidió indagatorias y detenciones de 24 involucrados en la causa.
Los principales son Julio De Vido (a quien se le pidió el desafuero), Roberto Baratta, el ex ministro de Minería Jorge Mayoral y Jaime Álvarez (actual funcionario de Alicia Kirchner), todos del entonces Ministerio de Planificación.
De YCRT se llamó al actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, a Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez.
Y entre otros, figuran autoridades de la UTN y de la fundación: el rector Héctor Brotto, Martín Goycochea, Orlando Taboada, Orlando Pastorio, Claudio Masson y Gustavo Maza.