El mercado inmobiliario atraviesa un período difícil. En la Ciudad de Buenos Aires, durante el 2012 las escrituras cayeron un 27,2 % con relación al año 2011. En este marco de caída de las operaciones, desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron ante la justicia porteña con el objeto de evitar el incremento en el pago de tributos a las arcas locales.
Carlos José Laplacette, representante de los martilleros porteños, impulsó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia cuestionando la legalidad del artículo 58.5 de la Ley Tarifaria de la Ciudad para el año 2012. En el planteo, se considera inconstitucional la determinación del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con una alícuota del 5.5 % para “los servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata, servicios de administración, martilleros, rematadores y comisionistas, y otros servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata”.
Por un lado, los corredores inmobiliarios sostienen que se estaría generando una doble imposición (Ingresos Brutos en la Ciudasd y Ganancias en la Nación). También consideran que su actividad debería estar exenta “dada las exigencias legales de obtener un título universitario expedido o revalidado en la República Argentina como requisito habilitante para ejercer el corretaje inmobiliario” y por lo tanto, “dicha actividad debe entenderse alcanzada por la exención dispuesta para el ejercicio de actividades profesionales universitarias no organizado en forma de empresa (art. 142 inc. 7º del Código Fiscal) toda vez que reúne las características descriptas por la norma que contempla el beneficio”.
Frente a estos planteos, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad entendieron admisible el planteo y el próximo miércoles 20 de marzo se celebrará una Audiencia Pública en la cual el Colegio de Corredores Inmobiliarios por un lado, y el Gobierno porteño por otro, expondrán sus argumentos en el caso. También se presentará la Fiscalía General para presentar su opinión en la causa.
La Audiencia tendrá lugar en la sede del TSJ, Cerrito al 700, a partir de las 11 horas.
