Finalmente, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó el martes a cargo de la investigación por espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, al dar por válidos los argumentos de su colega María Eugenia Capuchetti, quien se inhibió de entender en el caso por considerarse una de las víctimas de las maniobras.
Desde ahora Martínez De Giorgi quedará a cargo de la investigación, que ya fue remitida a los Tribunales Federales de Retiro, pese a que está pendiente un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, quien interviene en la causa en condición de querellante.
Por otro lado, la instancia de apelación a las decisiones de Martínez de Georgi será a partir de ahora la Cámara Federal porteña
Con esta decisión, Martínez De Giorgi quedó al frente de la causa en las que es querellante la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como víctima de maniobras de espionaje ilegal realizadas sobre su persona y sobre la sede del Instituto Patria.
También se investiga una asociación ilícita “constituida desde el propio aparato del Estado Central, en especial, el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia y también desde el Servicio Penitenciario Federal” según la acusación que habría cometido maniobras de espionaje ilegal contra referentes políticos, dirigentes sociales y detenidos en cárceles federales.
Capuchetti había sido designada para quedar a cargo de las investigaciones en las que están procesados el extitular de la AFI Gustavo Arribas y su exsegunda Silvia Majdalani, entre otros, pero se inhibió porque fue una de las “personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones, por la Agencia Federal de Inteligencia” durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019).
La jueza motivó su decisión de rechazar ocuparse de la investigación que tramitaba en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y fue derivada a los Tribunales de Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación en su “condición de damnificada”.