El Gobierno nacional empieza a posar la lupa sobre las empresas a las que les dio dinero para pagar los sueldos. Así surge del Acta Número 11 emitida por el Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, publicada este lunes junto a la decisión administrativa 721/2020 en el Boletín Oficial.
De esa manera, “profundizó los controles para las empresas grandes” de más de 800 empleados que solicitaron el beneficio de salario complementario contemplado en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP).
Entre los compromisos legales que tienen que asumir las empresas grandes por recibir el ATP, se destaca que por el transcurso de 24 meses desde que recibieron la ayuda económica del Estado, no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, comprar bonos para después fugar los dólares ni realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o que estén radicadas en paraísos fiscales.
Las empresas que reciban el beneficio para pagar parte de los salarios devengados en mayo deberán cumplir, además de las iniciales, otras cuatro condiciones.
Esos requisitos son que no pueden distribuir utilidades, comprar sus propias acciones; ni adquirir bonos para después fugar los dólares.
Asimismo, tampoco pueden realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o no que estén radicadas en paraísos fiscales.