El Gobierno presentará en el Congreso un proyecto de ley para comenzar a cobrarle impuesto a las Ganancias a grandes empresas tecnológicas que actualmente no pagan ese tributo a pesar de tener rentabilidad por sus operaciones en el país.
El equipo económico prepara una iniciativa para ser enviada al parlamento durante las sesiones ordinarias del año próximo, tras la declaración del G20 en el que las economías centrales dieron el visto bueno a avanzar con un impuesto global mínimo.
El comunicado de ese foro, elaborado durante la cumbre de jefes de Estado en la que participó la Argentina, expresó un consenso buscado desde hacía varios años en una discusión que comenzó en el marco de otro organismo multilateral, la OCDE, con la premisa de encontrar formas de tributación que incluyan a gigantes digitales, que perciben ganancias en distintos países a pesar de no tener domicilio en ese lugar.
En términos prácticos, el acuerdo entre los países del G20 fue, por un lado, el de “repartir” las ganancias de unas 100 empresas multinacionales que tengan una ganancia anual superior a los 20.000 millones de dólares entre los países en los que operan pero no pagan impuestos. Este aspecto del acuerdo, estiman fuentes oficiales, no redundará en un beneficio relevante para economías como la Argentina, pero sí para otras como los Estados Unidos.
El segundo aspecto del consenso del G20 fue el de implementar un impuesto mínimo global. En este punto es en el que el Gobierno pretende avanzar, ya que más allá de la declaración general de ese foro, cada país tendrá que actuar internamente para ponerlo en marcha. El comunicado internacional habló de un mínimo de 15%, pero cada país podrá cobrar otras tasas más elevadas.
En ese sentido, el proyecto de ley en el que trabaja el Gobierno para ser discutido en las sesiones ordinarias del 2022 incluirá, explicaron fuentes oficiales a Infobae, las alícuotas actuales de Ganancias, que son, dependiendo del tamaño de la empresa, de entre el 25 y 35 por ciento. Para el caso de los gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, Netflix, Google y Facebook, por ejemplo, el Estado buscará cobrarles el 35 por ciento. La idea que rondó el acuerdo global es que cada país comience a percibir ese impuesto desde 2023.
Una alta fuente del equipo económico le explicó a Infobae: “La Argentina ahora puede grabar con el impuesto a las Ganancias a las empresas multinacionales de la economía digital con actividad en el país pero sin presencia física, esa es la diferencia más sustancial del acuerdo. Hasta ahora se cobraba solo IVA para una empresa como Netflix, pero no son Ganancias, que es un impuesto más complejo, porque habrá que ver cómo calcular el beneficio y atribuirlo a ese mercado en particular”.
Una particularidad que surgió del consenso entre los gobiernos del G20 es, además, que cada Gobierno no podrá calcular bajo sus propios términos cuál es la ganancia que tuvo cada empresa en su territorio, sino que tendrá que seguir lineamientos técnicos que serán consensuados más adelante.
El auge de las compañías tecnológicas que ofrecen servicios en todo el mundo disparó entre los países integrantes de la OCDE en los últimos años la pregunta sobre cómo asegurarse de que esas corporaciones sean gravadas por las ganancias que reciben en todos los países en los que operan, independientemente del lugar en el que están radicados.
El criterio básico que aplican los países desde hace décadas para cobrar impuestos es tomar en consideración el lugar de radicación de la empresa, pero las big tech desafían esa lógica: pueden generar ganancias sin necesidad de tener presencia física en determinado país. La preocupación de los gobiernos fue que esa situación les permita a las empresas hacer planificaciones fiscales para pagar impuestos en países de baja tributación o paraísos fiscales mientras obtiene renta en naciones con altos impuestos.
El debate -que en la OCDE se materializó en una iniciativa conocida como BEPS (erosión de la base imponible y al traslado de beneficios)- tuvo muchos capítulos y la posibilidad de un consenso entre los países europeos y los Estados Unidos estuvo lejos de la mesa, al menos hasta antes del cambio de gobierno en la Casa Blanca.
Fuentes oficiales le dijeron a Infobae que “Argentina se vería beneficiada, no sólo por formar parte de una estructura global que va a continuar expandiéndose, sino además por el cambio en las reglas de juego internacionales sobre el tema. Somos un país que tiene significativos niveles de consumo de servicios digitales pero como los grandes jugadores del mercado no tienen presencia física en nuestro país, esos ingresos generados contribuyen muy poco a la recaudación impositiva nacional”.
El proyecto del Gobierno buscará “considerar el volumen de facturación total” de cada empresa de este tipo y “aplica una alícuota mínima para determinar el impuesto mínimo que deberá pagar. De ese monto la Argentina podría ser acreedor de una porción en función del volumen de negocios que la empresa tenga en el país. Las perspectivas resultan interesantes sobre todo pensando en un mercado que crezca y se continúe desarrollando”.
Google manifestó su posición al respecto del impuesto global en la voz de su vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas Karan Bhatia una vez conocido el comunicado del G20 y explicó: “Durante mucho tiempo hemos apoyado la reforma fiscal corporativa global y el desarrollo de reglas claras. El acuerdo de hoy es un importante paso hacia adelante; somos optimistas con que este impulso continúe. Estamos agradecidos por el liderazgo de la administración de EE.UU. y el arduo trabajo que tantos gobiernos y la OCDE han realizado”.