Más pobreza y no entregan alimentos: el Gobierno retiene 5 millones de kilos

Más pobreza y no entregan alimentos: el Gobierno retiene 5 millones de kilos

La información fue ratificada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.


Con el 55% de la población debajo de la línea de la pobreza, el Gobierno admitió la existencia de más de 5 millones de kilos de alimentos retenidos en galpones, algunos con fechas próximas de vencimiento. Lo reconoció el vocero presidencial, Manuel Adorni, y responsabilizó a la gestión anterior por esa enorme cantidad de comida arrumbada.

“Efectivamente esos alimentos existen, tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. Los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la gestión anterior”, respondió Adorni tras la consulta de El Destape, que obtuvo el dato mediante un pedido de acceso a la información pública.

“Están allí porque evidentemente y por las auditorias que ha hecho (la ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello, un buen porcentaje de comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, intentó justificar el vocero. Y agregó: “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos”.

Más allá de las acusaciones, no explicó por qué esos millones de alimentos aún no fueron distribuidos, en un contexto de hambre creciente. Dijo que es “una obviedad” que se van a repartir. Y que “van a llegar a quien le tienen que llegar”, sin plazos ni precisiones.

Comedores sin recursos

De acuerdo a la información pública obtenida por ese portal, el gobierno de Javier Milei no realizó ninguna compra de alimentos desde que asumió. Algo que vienen denunciando comedores y organizaciones sociales desde un primer momento: que no están recibiendo recursos, mientras las bocas para alimentar se multiplican.

Los alimentos retenidos en depósitos de Villa Martelli y Tucumán incluyen más de tres millones de quilos de yerba, más de un millón de kilos de leche en polvo, casi medio millón de botellas de aceite. Así como puré de tomates, garbanzos, harina y arroz con carne, entre otros productos.

“Con esa cantidad de alimentos guardados, La Poderosa podría haber cocinado cinco años con estas cinco mil toneladas solo en sus comedores comunitarios. La responsabilidad de cubrir el derecho a la alimentación es del Gobierno nacional y no es de nosotras que venimos trabajando haciendo trabajo comunitario por organizar los barrios populares”, dijo María Claudia Albornoz, referente de La Garganta Poderosa, a AM 1070. Contó que la organización tiene 150 comedores donde preparan 40.000 platos de comida por día. Para poder sostenerlo tuvieron que realizar rifas solidarias, ante la falta de aporte estatal.

La denuncia de Grabois

En ese marco, el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, advirtió en una carta abierta que ampliará la denuncia penal contra Pettovello (está imputada por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público). También solicitó una “inspección ocular” de la justicia hacia uno de los galpones donde está guardada la mitad de la comida (unos 2.751.653 kg de alimentos), en los exgalpones de Pepsico, en Villa Martelli.

La idea de la inspección es corroborar no sólo el estado de la comida (en Capital Humano niegan que estén en descomposición) sino sobre todo saber si los productos están efectivamente allí. La sospecha es que hasta pudieron tener otro destino. “El hecho de tener comida en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano es no solo una inmoralidad en una Argentina con más de 50% de pobres, sino que finalmente se trata de una ilegalidad manifiesta. No es posible que mientras todas las organizaciones de la sociedad civil denuncian falta de asistencia alimentaria y los indicadores económicos marcan un descenso en el consumo de carnes y lácteos sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano esté acopiando mercadería quién sabe con qué objeto”, reza el escrito presentado por Grabois y el MTE.

Grabois también pidió celeridad en las dos presentaciones contra Pettovello. La investigación penal está a cargo del juez Sebastián Casanello y de la fiscala Paloma Ochoa, mientras que el amparo colectivo para destrabar los alimentos lo lleva Walter Lara Correa, del fuero administrativo. “A ver si se ponen las pelotas y dejan de temblar para tomar una decisión concreta”, dijo el dirigente. “Algunos deberían estar dos días sin comer para que vean lo que es pasar hambre”, fustigó.

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