Miguel Ángel Ponte y Luis Palomino presentaron su renuncia a sus posiciones en la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero, bajo la supervisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Ponte ocupaba el puesto de secretario de Empleo, un rol significativo dentro de la estructura, y fue el arquitecto de la reforma laboral inicial promovida por la administración de Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
Su último puesto como asesor era ad honorem. Decidió renunciar para enfocarse completamente en la presidencia de una fundación llamada Instituto del Crecimiento, un think tank que aboga por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad.
Ponte, quien fue el número dos de Jorge Triaca durante la administración de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, se unió a La Libertad Avanza (LLA) mucho antes de las elecciones primarias, donde Milei realizó su primer impacto en la carrera presidencial. Fue el arquitecto de una reforma laboral que trasciende el fondo de cese al estilo Uocra, establecido por ley para sustituir las indemnizaciones.
Durante su tiempo como funcionario de Macri, Ponte adquirió notoriedad con una frase que finalmente deterioró las relaciones con los sindicatos al delinear una reforma que incluso había recibido un breve visto bueno de la CGT. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Así como en el organismo es fundamental comer y descomer”, expuso en un intento de normalizar las contrataciones y despidos. Esta declaración, junto con el fracaso del “plan empalme”, cuyo objetivo era transformar planes sociales en empleo genuino, selló su destino en la administración pública, donde permaneció cerca de dos años como secretario de Empleo.
Ocupó el mismo cargo durante la gestión libertaria, pero su permanencia fue ligeramente superior a un año. “Motivan la renuncia razones personales enfocadas en la necesidad de dedicarme más este año al Instituto para el Crecimiento, dado la relevancia que tiene en 2025 todo lo que se realice para consolidar la difusión y apoyo de la Gestión del Gobierno, que es el principal objetivo del IC y de los otros Institutos hermanos”, escribió Ponte en su mensaje de desvinculación dirigido a Cordero. Ahora se dedicará al Instituto del Crecimiento, donde también se encuentra Palomino, otro funcionario que dejó su puesto.
El caso Palomino
Palomino, por su parte, dejó su puesto como director nacional de la Unión Ejecutora del Programa Volver al Trabajo, que gestiona los planes exPotenciar Trabajo, para volver a asumir su rol como concejal en Vicente López. Ambas decisiones se materializan dos meses después de la incorporación de la abogada Claudia Testa como subsecretaria de Trabajo de la Nación. Testa, quien es la actual mano derecha de Cordero, se desempeñaba como directora general de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde había sido promovida por el secretario de Trabajo porteño, Ezequiel Jarvis, quien ahora ocupa un nuevo cargo en el Ceamse.
La renuncia de Palomino responde a motivos estrictamente políticos. Su objetivo es recuperar protagonismo en Vicente López como concejal y se prepara para postularse a la intendencia en 2027 con La Libertad Avanza. “A Sandra [Pettovello] no le agrada que se mezcle la gestión con la política, así que decidí dar un paso al costado”, declaró Palomino.
En su carta de renuncia, se manifestó de acuerdo con el mileísmo: “Tengo la responsabilidad política de dar la BATALLA CULTURAL en el Municipio de Vicente López, promoviendo la desregulación del estado municipal, la transparencia y honestidad en la gestión, así como la reducción de impuestos, entre otros aspectos”.
Durante su gestión en la Unión Ejecutora del Programa Volver al Trabajo, se congeló el monto del plan Potenciar Trabajo en $78.000, aunque se eliminó el requisito de realizar una contraprestación de cuatro horas diarias. Se establecieron centros de capacitación con el fin de reintegrar a los beneficiarios del subsidio al ámbito laboral. Además, firmó convenios con empresas del sector petrolero y de comida rápida. La mayoría de los beneficiarios de esta ayuda provienen de la economía popular. Es probable que su puesto sea ocupado por Eugenia Cortona, actual subsecretaria de Empleo y Formación Laboral, quien gestiona aproximadamente $78.000 millones mensuales.
Desde el área de Capital Humano minimizaron las salidas y argumentaron que los cambios se deben “a la revisión constante de la estructura, orientada a optimizar recursos y mejorar la gestión”.