La causa por la masacre de San Miguel del Monte alcanzó su punto máximo con la detención de otras cinco personas, cuatro policías y un civil, que se suman a los ocho uniformados que habían sido apresados hasta ahora.
Las primeras dos nuevas detenciones fueron las del secretario de Seguridad del municipio local, Claudio Martínez, y la del teniente primero Héctor Enrique Angel, de 51 años, conocido en el pueblo como “El Pipi Angel”, que no es otro que el señalado como “transa y coimero” por los vecinos.
La abogada Dorina Bernardez, que representa a la familia de Gonzalo Domínguez, de 14 años, uno de los cuatro jóvenes fallecidos, señaló que en la causa se investigaba la hipótesis de que los chicos podrían haber presenciado “un movimiento policial relacionado con narco menudeo”. La abogada estimó que la sospecha podría haber surgido por el hecho de que, el viernes, habían sido desafectados de la fuerza por Asuntos Internos dos tenientes a los que se acusaba de transar con los narcos: el teniente primero Héctor Enrique “El Pipi” Angel y el teniente José Durán, ambos vinculados a una investigación por infracción a la Ley de Drogas, aunque al comienzo no se le dio vinculación con la masacre. Desde el primer día los vecinos sospecharon del “Pipi”, jefe de calle de la comisaría local, señalado por todos los consultados como “un transa de la droga y de la coima”.
Uno de los puntos oscuros de una trama más oscura todavía, tenía relación con supuestos Whatsapp de audio enviados por dos policías en la madrugada del lunes 20. En uno de ellos se aseguraría que “el Pipi y otros más estaban bajando droga (…) y los chicos cruzaron y lo vieron. Y los sacaron a correr porque estaban bajando droga”.
Ayer por la tarde, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, informó que el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte “ha dispuesto la aprehensión de cinco personas más (…) Cuatro son efectivos de la policía y uno es civil”. Aunque el procurador evitó dar los nombres “para resguardar el éxito de la investigación”, con posterioridad fuentes policiales precisaron que los primeros detenidos fueron el teniente Ángel y el secretario de Seguridad de la comuna, Claudio Martínez. Los otros detenidos ayer son el subcomisario Franco Micucci, la oficial ayudante Nadia Genaro, y el oficial inspector José Manuel Duran. Los nombrados Micucci y Durán, ya habían sido desafectados de la fuerza con anterioridad.
Un dato que parece importante es el pedido de las autoridades judiciales para que los familiares de Aníbal Suárez, de 22 años, el fallecido chofer del Fiat, demoren el traslado del cuerpo a Misiones, donde viven sus padres. Con anterioridad, los investigadores habían solicitado la exhumación de Camila López, de 13 años, que había sido sepultada el miércoles, pero los padres no dieron el permiso para que eso pudiera realizarse. Se cree que podrían disponerse estudios más precisos para determinar si hubo más de una víctima herida de bala. Esto determinaría que hubo intención de matar desde el primer momento.
Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, otra de las víctimas, declaró que hay testigos que señalan que el primero de los tres móviles policiales que persiguieron al Fiat, embistió al auto antes de que se produjera la colisión contra el camión.
Ayer, en el programa de Mauro Viale, la intendenta de Monte, Sandra Mayol, tuvo que explicar la razón por la cual fue la primera en llegar al Hospital local, luego de la trágica persecución, incluso antes que los familiares reconocieran a los fallecidos. “Me mintieron (los policías), me dijeron que fue un accidente”. Igual quedaron dudas, porque si hubiera sido un accidente no provocado ¿por qué razón la iban a convocar? La detención del secretario de Seguridad de la comuna refuerza la sospecha de un posible encubrimiento a nivel político. Este dato fue señalado por una familiar de Camila López, otra de las víctimas, que estuvo en el programa de Mauro, pero no se le dio oportunidad para interpelar a la intendenta Mayol.
En el mismo programa, por vía telefónica, el periodista Nicolás Ramírez, denunció que fue amenazado de muerte por una persona que le puso un revólver en el pecho, en la puerta de su casa. “Cuando pedí ayuda al municipio, me pusieron un custodio de la policía local que en un momento abandonó su puesto y me volvieron a amenazar las mismas personas, que dijeron estar vinculados con la Policía de San Miguel del Monte”.
Los policías que estaban presos con anterioridad y que se negaron a declarar ante el fiscal Damonte son Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, acusados de “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego”. Están imputados por las muertes de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez, y por la tentativa de homicidio de Rocío Guagliarello, que sigue internada en grave estado.
Tampoco declararon los policías José Alfredo Domínguez, Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.
