El presidente Alberto Fernández procurará, a través de Biden, obtener el apoyo político que aceite los mecanismos de aprobación, mientras que Massa deberá detectar las oportunidades que pueden surgir de organismos multilaterales o de privados para lograr nuevos fondos para el país.
Agotada la capacidad de pedidos a los tradicionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las opciones son cada vez más angostas.
Una de las variantes que se baraja es la de avanzar con Biden para que apruebe una flexibilización del acuerdo con el FMI. Argentina debe reducir su déficit fiscal a 1,9% del PBI en medio de la peor sequía de la historia que le quitará recursos por unos USD 20.000.
La moción fue cobrando cuerpo en los últimos días a partir de la demora del FMI en confirmar la fecha de reunión del Directorio para aprobar la cuarta revisión y girar USD 5.300 millones.
En ese marco, Sergio Massa y Kristalina Georgieva se encontraron el jueves en Washington para analizar la situación económica de la Argentina y su impacto en el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ministro ratificará a la directora gerente del FMI sus intenciones de cumplir con las metas, pero a continuación explicará que la economía nacional sufre asfixia por las pérdidas irreparables en las cosechas, la inestabilidad del sistema financiero global y la guerra en Ucrania que afectó el precio relativo a la energia y los alimentos.
Massa tendrá a su favor una cláusula de contingencia prevista en el propio Acuerdo de Facilidades Extendidas y un minucioso informe técnico que demuestra el impacto de la sequía en las cuentas públicas.
En el párrafo 11 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras -aprobado en marzo de 2022-, se estable la posibilidad de negociar recalibraciones. Ese párrafo establece: “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. (…) Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales”.
Este argumento jurídico, acordado entre las partes, adquiere una fortaleza estratégica si se lo vincula con las cifras técnicas que maneja Massa y que revelará a Georgieva durante el encuentro del jueves. La produccion de soja, trigo y maiz caeran cerca de 50 millones de toneladas en la cosecha 2022-2023, y en consecuencia el Estado dejara de percibir unos 2.500 millones de dolares en derechos de exportacion.
Es decir: Massa tiene cerrado sus argumentos -norma legal y detalle técnico- para frenar la presión de determinados países del tablero que exigen un plan de ajuste que permita cumplir las metas actuales de reservas y déficit. Pareciera obvio que sin los recursos públicos previstos -a consecuencia de la sequía y otros efectos exógenos como la guerra en Ucrania y la crisis financiera global- sería indispensable revisar aspectos claves del Acuerdo de Facilidades Extendidas.
