Entre 2010 y 2011 el gobierno de Cristina Kirchner había enviado gendarmes y prefectos en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense y en el sur de la Ciudad de Buenos Aires para combatir la inseguridad, a través de los operativos “Cinturón Sur” y “Centinela”. Seis años después la administración de Mauricio Macri ordenó desactivar estas medidas.
A través del decreto 66/2017, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ejecutivo determinó el repliegue de estas fuerzas, que será gradual y, en el caso de la Capital Federal, se producirá a medida que se sumen efectivos a la nueva Policía porteña.
El Gobierno argumentó en el decreto que las medidas dispuestas por el Frente para la Victoria generaron “un mecanismo rígido de organización, con presencia estática y focalizada, sin alcanzar los objetivos pretendidos, y en virtud del cual se ha confundido la tarea policial con el accionar propio de las Fuerzas de Seguridad con una misión especializada”.
Además, se consideró que el envío de prefectos y gendarmes a estas zonas provocó un “esquema inequitativo y una discrecionalidad inaceptable y contraria al criterio federal con que este Gobierno decidió encarar las políticas públicas de seguridad”.
La medida se tomó, en especial, por la decisión de la actual administración de devolverles la función original a estas fuerzas: cuidar las fronteras terrestres y marítimas, en momentos en que el Gobierno impulsa cambios en la política migratoria para evitar que entren al país extranjeros con antecedentes.
La idea inicial del Gobierno era reubicar a prefectos y gendarmes desde el primer momento, pero los problemas de inseguridad en el sur porteño, el conurbano y ciudades del interior como Mar del Plata o Santa Fe obligaron a mantener a parte de sus fuerzas federales en estas zonas. A partir de la nueva medida, la Nación vuelve a su plan original.
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