El Mercado Central de Buenos Aires, centro neurálgico del comercio de frutas y verduras de la provincia de Buenos Aires, vivió horas de incertidumbre la semana pasada cuando el ingreso de mercadería se vio perjudicado por un corte que realizaron integrantes del sector de puestos frutícolas, como medida de protesta ante el aumento del alquiler de los locales. El principal pedido era claro: rever los contratos y discutir nuevamente el precio, aunque había otros puntos.
En ese marco, el Directorio de la Cooperación del Mercado Central de Buenos Aires, quien gerencia el predio, emitió un duro comunicado la semana pasada, dirigido a los operadores y a los sectores que tienen su actividad cotidiana del Mercado, en el que subrayó que habían recibido una “nueva embestida, con modos violentos y poco democráticos”, y los mismos, afirmaron, habían afectado la “operatividad comercial y administrativa del Mercado”, además de “los derechos laborales de los y las trabajadores del Mercado Central”.
“Queda claro que este Directorio ha hecho lugar a cada uno de los reclamos que se han presentado”, aseguraron en el documento e indicaron que “incluso el pasado martes cuatro de julio, una parte de los integrantes de este Directorio mantuvo una reunión con representantes del sector, que se prolongó durante 5 horas, a los efectos de llegar a soluciones consensuadas y evitar el paro previsto”.
En esa línea, destacaron que “sin embargo, a pesar de ello, queda claro que independientemente de la buena voluntad y predisposición del Directorio, este tipo de accionar responde más bien a maniobras llevadas a cabo por sectores minoritarios, que presentan un claro sesgo desestabilizador, en un contexto de elecciones nacionales a corto plazo”.
De esta forma, el conflicto escaló hasta dicha acusación, en la que se afirmaba la existencia de un interés político en el accionar de los puesteros, a causa del corte realizado. Tal es así, que el presidente del Mercado Central, Aníbal Stella, explicó en una entrevista que “si no hay acceso libre, hay un intento de desestabilización importante. Están intentando que no entren y salgan alimentos”.
“Se hizo un trabajo para llevarlos (en el caso de los contratos renovados) a los montos que correspondan”, advirtió Stella e indicó que fue con “valores fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones”. Asimismo, adelantó que se trabaja para encontrar nuevas “variables” y tener en cuenta la productividad de cada puesto, tanto “como la antigüedad y la localización en las naves”.
No obstante, en diálogo con Noticias Urbanas, el presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (COMAFRU), Fabián Zeta, negó de forma categórica cualquier intento de desestabilización motivada por la política nacional y explicó que “no se puede trabajar de la manera en que estamos trabajando. No sólo no se cuida el Mercado Central, sino que tenemos la policía en la puerta y hace unos días llegó la AFIP, lo cual no rechazamos, pero el tema es que los clientes se fueron por la otra puerta, todos saben en qué condiciones trabajan”.
En cuanto al eje del reclamo, detalló que ellos tenían “un permiso de uso, una concesión que automáticamente, cuando se va a renovar el canon, tenemos en principio el derecho sobre el puesto y los aumentos deberían haberse hecho sobre el contrato el contrato en vigencia que había”.
“Siempre fue así a lo largo de la historia, pero esta administración tomó una nueva modalidad que es una locura, porque es un mercado público y tendrían que primar la igualdad y la equidad y acá, cuando se hizo el contrato nuevo, se llegó a aumentar hasta un 380% anual”, lamentó Zeta.
Además, el puestero advirtió que los reclamos no sólo son por el alquiler. “Ahora piden un refuerzo o garantía. A medida que van aumentando los alquileres, va aumentando la garantía y le llaman un ajuste de garantía, pero está muy mal implementado. Y como si eso fuese poco, la verdad es que el mercado lo tenemos hecho una mugre y prima la inseguridad”.
Al respecto, detalló que Mercado ocupa una superficie de 30 hectáreas y “el presidente dijo que se pagan 30 millones de pesos por la seguridad, lo cual es un despropósito” y consideró que actualmente, “de ser el mercado más barato pasó a ser el más caro desde hace dos años hasta el momento”.
Zeta, en tanto, concluyó en que no hay ninguna motivación política, ya que “son cuatro cámaras las que están al frente de esto y las Cámaras son muy plurales, en general”. Luego, adelantó que esta semana habrá nuevas medidas de fuerza si el directorio del Mercado no les brinda una solución acorde con las exigencias. Lo cual, lamentablemente, podría impactar de lleno en el precio de los alimentos y afectar al bolsillo del consumidor, que como siempre afrontaría el costo de la disputa.
El conflicto, hasta el momento, está muy lejos de estar resuelto, por lo que la semana próxima será definitiva en cuanto a la marcha de los sucesos.
Miles de clientes, en tanto, esperan respuestas.