Que para qué, si la Línea C del subterráneo, que une Retiro con Constitución, pasa por el mismo lugar. Y qué cosa con esto, que encima, al ejecutar la obra, no se respeta el valor paisajístico, lo urbanístico y tanto verde. Que de cajón, señores, hubo sobreprecio. Seguro.
Aquí están, estos son algunos de los ribetes, los que asoman nomás la cabeza, en la puesta en marcha del proyecto de metrobús emplazado en la avenida 9 de Julio, principal vía de circulación entre el norte y el sur del área más metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho en pocos números, con una inversión de 150 millones de pesos, el plan que comenzó a llevarse a cabo el 11 de enero apunta a poder movilizar más eficazmente –llevar cerca de una hora de viaje a 20 minutos– a esos 200 mil pasajeros que por día toman el 59, 67, 100, 129, 70, 91, 10, 17, 45 y 9, cualquiera de esas diez líneas, pero esta vez concentrando esa circulación por los carriles centrales de la histórica avenida, pasando por cinco estaciones (Independencia, Belgrano, Obelisco, Córdoba y Santa Fe), distribuidas en 14 paradores. Esto significa un gran adiós de los colectivos a Bernardo de Yrigoyen, Carlos Pellegrini, Cerrito y Lima, de un lado y otro, emulando el modelo del hermano mayor, el metrobús de Juan B. Justo, arteria que ya abandonaron múltiples automovilistas por la escasez de manos destinadas a los coches particulares y la nula coordinación de los semáforos.
Esta iniciativa supone al mismo tiempo un hola, qué tal, a los 1.854 árboles que el Gobierno porteño no se cansa de afirmar, pese a las denuncias en su contra, que habrá al finalizar la puesta, distribuidos en los bulevares laterales y el carril central, pretendiendo potenciar el verde que, dicen, menguó como un mate lavado. Pero eso será en julio.
Se larga
Justamente, tras la resolución judicial de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, en la que se convalida el avance de la obra del metrobús de la 9 de Julio, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, informó que –casualidad o causalidad o las dos a la final– el 9 de julio, sí, el Día de la Independencia, se inaugurará el servicio. La medida cautelar que suspendió la obra fue revocada por el juez de primera instancia, pero los demandantes –Facundo Di Filippo, referente del Partido Social y exlegislador, y Marcos Zelaya– apelaron la decisión del magistrado. No obstante, se confirmó finalmente el levantamiento de la medida que había frenado los trabajos. Es que la Sala III consideró que la Ciudad tiene potestad para definir los recorridos de los buses rápidos y que no parece ilegítimo que lo haga sin acuerdo de la Legislatura, como reclamaban los demandantes. La semana pasada, a su vez, la Cámara del fuero Contencioso Administrativo revocó un amparo que cuestionaba la quita de árboles de la avenida, por lo que el Ejecutivo porteño tendría la habilitación definitiva para terminar las obras del nuevo metrobús, cuyas estaciones, dicen, tendrán cámaras de seguridad y Wi-Fi y, en un futuro no muy lejano, carteles con los anuncios de las frecuencias de los colectivos, previo ajuste de detalles con la CNRT.
Ya lo dijo Guillermo Dietrich, el subsecretario de Transporte porteño: “El traslado de los colectivos que hoy circulan por Esmeralda y Maipú hacia la avenida generará un ambiente más sano, aire más limpio, menos ruido y mayor seguridad vial para caminar por el microcentro. De esa forma, el peatón ganará en espacio y por supuesto en bienestar”. El subsecretario cuya área funciona dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, también expuso: “El metrobús reordenará la avenida para darle prioridad al transporte público, que usa la mayoría de la gente. Así se mejorará ostensiblemente la circulación y el ordenamiento de los vehículos. Los autos particulares mantendrán su capacidad actual, mientras que la operación de frentistas, garajes, hoteles, bancos y los distintos comercios y establecimientos, muy activa en la zona, así como la circulación y el ascenso y descenso de taxis, también intensa, mejorarán porque se aumentará la capacidad de Cerrito/Lima y Pellegrini/Irigoyen, al eliminar el pasaje de colectivos sobre ellas”.
Las obras para la construcción del metrobús volvieron a retomarse luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo diera a conocer un fallo donde deja sin efecto la cautelar dictada antes por el juez subrogante en la causa, Francisco Ferrer. Si bien este primer fallo mantenía vigente la cautelar y prohibía la continuación de las obras porque provocarían un fallo irreversible al ambiente por la destrucción de espacios verdes, la Cámara desestimó la medida y autorizó a continuar las tareas, solamente pidiendo al Gobierno de la Ciudad mitigar su efecto negativo.
Una novela de cautelares, con los canteros como personajes principales
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler, en una resolución fechada el 5 de marzo, resolvió una serie de planteos realizados por diversos actores que presentaron acciones de amparo con el objeto de suspender las obras para la construcción del metrobús sobre la 9 de Julio. En la resolución, el magistrado analizó diversos planteos –entre ellos, por caso, el amparo impulsado por Di Filippo– que solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos, como monumentos, restos arqueológicos y arbolado.
Tras desestimar varios de los planteos de los amparistas por no existir “algún grado de protección patrimonial integral a la avenida 9 de Julio” ni de la Plaza de la República “que la torne intangible”, el magistrado también rechazó los cuestionamientos por el traslado de monumentos, y destacó la existencia de normativa que autoriza –bajo una precisa serie de condiciones– la plantación, poda, trasplante o tala sobre el arbolado público.
“Sin que lo que aquí se expone implique abrir juicio respecto de la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones adoptadas respecto del arbolado público existente en los espacios parquizados de la avenida 9 de Julio o pueda superar la aversión que produce la imagen de la extracción de un árbol de gran porte, no constarían elementos para afirmar que la decisión adoptada al respecto por las autoridades competentes se haya apartado de modomanifiestamente arbitrario o ilegítimo de las normas vigentes en la materia. Sin perjuicio de ello, ha de recordarse que –tal como lo exigen los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 3.263, de Arbolado Público Urbano, y se ha remarcado en las actuaciones administrativas– la tarea relativa a las intervenciones sobre el arbolado deben realizarse por parte de “especialistas”, “respetando las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante” y “en el período más apropiado para ello”, expresa el fallo al que tuvo acceso Noticias Urbanas.
Si bien las polémicas obras del metrobús no estarían en infracción ni con los monumentos, ni con los árboles, ni con los supuestos restos arqueológicos, los casi invalorados canteros que decoran la 9 de Julio se convirtieron en la piedra en el zapato del proyecto macrista. Según se destaca en la resolución judicial, la Constitución porteña impone “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas” y, de acuerdo a los informes brindados por el Gobierno porteño en la causa, la instalación de las estaciones del sistema de transporte público afectaría negativamente la superficie de las plazoletas de la avenida más ancha del país.
“Del cotejo a simple vista de los planos anejados a las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, se desprende que más allá de los recortes parciales que se efectúan en las veredas de plazoletas laterales, la obra proyectada afecta integralmente al menos diez (10) de las plazoletas centrales parquizadas existentes en la avenida 9 de Julio, tanto en su extremo norte como sur. No nos referimos a los pequeños canteros que existían entre las avenidas Belgrano y Córdoba, sino a las extensas plazoletas (alrededor de 18 a 20 metros de ancho por una cuadra de largo) parquizadas existentes entre avenida Belgrano y Carlos Calvo por el sur, y avenida Córdoba y Arenales por el extremo norte, que en los términos del proyecto en ejecución pierden más de la mitad de su superficie y de modo completo y total su carácter de espacio verde parquizado”, se manifiesta en la resolución.
El juez Scheibler también subraya que “la solución a un problema generado por una variable en constante aumento (el tránsito) no puede pasar por la disminución de otro elemento (espacios verdes), cuyo número es estático y escaso”. “Resulta evidente que tal camino solo conduce al progresivo sacrificio de un bien (espacios verdes) por otro (tránsito fluido u ordenado). En la Ciudad de Buenos Aires no resultaría constitucionalmente tolerable la opción ‘calles versus espacios verdes’. Las opciones que siempre otorga la técnica y la creatividad de los funcionarios y responsables políticos de la gestión deben encontrar soluciones que concilien los intereses en juego sin que uno implique la anulación del otro”, destacó el magistrado en los fundamentos del fallo.
Con la protección de las plazoletas como eje, Scheibler ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de reducir la superficie de espacios verdes parquizados con motivo de la ejecución de la obra en cuestión”. A su vez, dispuso que “previo a reiniciar las intervenciones sobre el arbolado público existente en el área afectada a la obra ‘Metrobús Corredor 9 de Julio’ acredite fehacientemente ante el Tribunal: a) que la totalidad del personal interviniente se encuentra debidamente capacitado para tales tareas; b) la participación de un especialista en la materia acompañando al tribunal sus datos y antecedentes profesionales; c) la supervisión de todo el proceso por parte de un reconocido organismo público especializado en la materia que pueda dar cuenta ante el Tribunal del cabal cumplimiento de ‘las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante’; d) haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 in fine de la Ley 3.263, y e) un detalle del destino de los árboles trasplantados y la cantidad, especie y ubicación proyectada de la totalidad de los nuevos ejemplares a implantar”.
“A pesar de los intentos desesperados del Pro por tergiversar la sentencia, al decir que lo que ordena la Justicia ya estaba previsto en sus planes, esta medida cautelar les impide proseguir las obras tal como lo pretendían hacer y deberán rediseñar integralmente el proyecto”, sostuvo el actor del amparo que inició la causa, Facundo Di Filippo, quien agregó: “No podrán afectar ningún espacio verde, incluyendo plazas y plazoletas, y deben tomar medidas para no afectar la arboleda existente en la 9 de Julio. El gobierno no podrá realizar el desastre ambiental y paisajístico que tenía previsto”. Pese a ello, desde la oposición al macrismo se sigue denunciando que las obras en marcha arremeten contra las plazoletas protegidas.
Del Obelisco a Constitución, una denuncia penal
El servicio que quedará inaugurado casi un mes antes de las primarias –de nuevo, casualidad o causalidad o las dos a la final– también provocó una denuncia penal contra el propio Mauricio Macri y su Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. La organización PropAMBA, patrocinada por la legisladora María José Lubertino (FpV), fundamentó la acusación en el hecho de que los funcionarios violaron, sin más, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la firma del decreto 555/12, que dio origen a la obra, desde este punto de vista, inconstitucional. Concretamente, el punto conflictivo fue la quita y poda de árboles en la zona de influencia del metrobús. El artículo 27 de la Carta Magna local, refirieron desde la ONG, establece precisamente que no se puede disminuir la superficie de espacio verde, que debe protegerse: si es posible, debe multiplicarse.
En el fallo, “el juez Lisandro Fastman considera que el efecto de la quita y poda es leve y le pide al gobierno de Macri que especifique de qué manera va a mitigar el daño que produce al ambiente”, detalló la arquitecta Nidia Marinaro, integrante de PropAMBA.
Marinaro afirmó que PropAMBA considera este fallo “contradictorio y hecho a medida del Gobierno porteño”. Y aseguró: “Vamos a apelar a todas las instancias, ya que es evidente que la Justicia es funcional a Macri”.
“A su vez, tanto el Código de Planeamiento Urbano y el Plan Urbano Ambiental regulan el uso del territorio de la Ciudad y ambos sostienen que las Urbanizaciones Parque (UP) no pueden tener otro destino”, explicó Marinaro.
“Todos los fallos anteriores consideran relevantes este artículo; sin embargo, la Cámara ni siquiera lo menciona. Esto nos da la pauta de que este es un fallo negociado”, expresó, muy polémica. “Creemos que este último fallo es una vergüenza, los anteriores tenían argumentos sólidos y consistentes, citaban normativas y contaban con estructura jurídica, este último no cuenta con nada de eso”, denunció.
Y saltó la oposición. Es que venía pidiendo pista. Al respecto, el legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, cuestionó la decisión de la Cámara que permitió el reinicio de las obras del metrobús al sostener que “no sorprende la cantidad de fallos de la Justicia porteña donde se convalidan las actuaciones del gobierno macrista”.
Camps rechazó también la iniciativa del metrobús que derivó en “la destrucción del arbolado existente en su totalidad, la desaparición de las plazoletas centrales y el desplazamiento de algunos monumentos, como el de la Democracia, que fueron instalados por leyes de la Legislatura porteña”.
Por su parte, el diputado Alejandro Bodart, del MST, sumó críticas al nuevo servicio al manifestar que “es una obra innecesaria y contraproducente”. “A nadie en el mundo se le ocurriría montar semejante operativo que plantea hacer competir dos medios de transporte como el subte y los colectivos, cuando lo que hay que sacar es el transporte de superficie”, cuestionó el legislador.
Además, Bodart consideró que “la Justicia se movió mal” frente al tema y agregó que “es evidente que desde el macrismo tomaron la decisión de avanzar por sobre todo y meter presión a la Justicia para lograr una obra de efecto visual para la campaña electoral, pero que seguramente va a tener un impacto negativo que se va a ver después”.
