Fue a fines del año pasado cuando el tema se trató por primera vez en una reunión del gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El propio jefe de Gobierno porteño puso sobre la mesa la necesidad de desarrollar un nuevo Metrobus sobre la avenida 9 de Julio, sin lograr convencer a sus ministros, que desaconsejaron la obra alegando que iba a generar grandes congestiones de tránsito y, por lo tanto, grandes molestias y malos humores a los porteños, justo en medio de un año electoral.
Finalmente, Macri se habría retirado de la reunión dudando de la oportunidad de la obra, pero sin poder evitar un cierto mal humor. Por eso, el jefe de Gobierno volvió a la siguiente reunión dispuesto a plantear nuevamente el tema. Sus ministros se dieron cuenta de la seriedad de la cuestión cuando notaron la presencia de su asesor estrella, Jaime Durán Barba.
El ecuatoriano, con su verborragia proverbial, justificó la construcción del Metrobus en la necesidad de que Macri deje tras de sí una gran obra que perpetúe su memoria. Ante este argumento, que los exponía a la posibilidad de estar saboteando la performance de su propio jefe, los ministros fueron cediendo de uno en uno hasta que casi hubo unanimidad en aceptar la obra, sin que eso obstara la existencia de alguna objeción más.
Finalmente, el 11 de enero comenzaron los trabajos, que desde los primeros momentos generaron controversias. Las primeras quejas tuvieron que ver con el manejo de la arboleda, , sin un plan de movimientos responsable. Fuentes consultadas por Nu insisten en que existen las certificaciones y documentos que comprueban su cuidado del medio ambiente y que el sello de Ciudad Verde que aparece en todos los afiches del Gobierno porteño les cabe perfectamente.
También llegaron los urbanistas, que plantearon que extender el Metrobus por sobre la traza de la Línea C, que va desde Retiro a Constitución, era un despropósito, un argumento basado en la superposición de los recorridos de ambos sistemas de transporte.
A mediados del mes de octubre del año pasado, la legisladora porteña María José Lubertino (FpV) ya había cuestionado los costos que se barajaban para la obra y algunos manejos del Poder Ejecutivo porteño en el tratamiento legislativo de la cuestión.
“El tema de las obras del Metrobus lo pusieron y lo sacaron de la agenda en la Comisión de Transporte en dos oportunidades. El subsecretario (de Transporte porteño, Guillermo) Dietrich dijo que habían desistido del proyecto en la Comisión Especial de Metrobus y ahora lo incluyeron en el Presupuesto 2013 con cifras que cuadriplican el costo que se venía presupuestando hasta el momento”, planteó la diputada.
El primer amparo
El 8 de febrero de este año, el exdiputado Facundo Di Filippo, del Partido Social, presentó un amparo, alegando que con las obras “están destruyendo el paisaje cultural urbano de la 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de la metrópolis e integrante del patrimonio urbano de nuestra ciudad”.
Además, Di Filippo planteó que “las obras carecen de legalidad porque se omitió la aprobación legislativa previa correspondiente”. “Están destruyendo sus plazoletas, sus frondosos árboles (son más de 200 los afectados), modificando la Plaza de la República donde se emplaza el Obelisco y alterando radicalmente la fisonomía y un paisaje urbano que debiera ser protegido. Por lo tanto, se ha lesionando el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano”.
Otro amparo encrespa la aguas
El 13 de febrero, el mismo día en que el juez Guillermo Scheibler dictaba una medida cautelar para suspender la tala y el traslado de árboles en la zona de las obras, la organización Red por el Patrimonio Propamba y la legisladora María José Lubertino presentaron un segundo recurso de amparo ante el Fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño.
“Mientras que la primera (acción de amparo) ponía el foco en el impacto ambiental, nosotros hacemos hincapié en la destrucción simbólica, paisajística, urbana, arquitectónica y arqueológica a partir de una violación de derechos constitucionales, de la Constitución de la CABA, del Plan Urbano Ambiental y del Código de Planeamiento Urbano”, explicó Nidia Marinaro, de Propamba.
Vecinos protestando en las calles
Por su parte –esta es una obra con muchos protagonistas–, vecinos autoconvocados en asamblea decidieron realizar una nueva concentración el miércoles último –la primera había sido el lunes de carnaval–, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio.
“La ejecución de las obras del Metrobus Corredor 9 de Julio afecta el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires al destruir el paisaje cultural urbano sobre la avenida más importante, referencia mundial de la Ciudad, uno de sus espacios más emblemáticos, que sobresale por su fisonomía, emplazamiento, entramado y construcciones como el Obelisco y la Plaza de la República. En efecto, se están alterando el paisaje cultural urbano de mayor singularidad y reconocimiento de la Ciudad. Se están destruyendo sus plazoletas, sus frondosos árboles, modificando la Plaza de la República, afectando radicalmente su fisonomía, en definitiva, alterando este paisaje urbano que debiera ser protegido y, por lo tanto, lesionando el derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los habitantes de la Ciudad”, señalaron los opositores a la obra en un comunicado.
Las respuestas surgidas del Poder Ejecutivo
Mientras tanto, el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, explicaba en Radio 10 que “las obras arrancaron fuerte en el verano porque hay menos tránsito”. “Estamos adelantados en el proceso de construcción de estaciones”, sostuvo el funcionario. También expresó que los principales inconvenientes se registran en la zona de la calle Cerrito y Carlos Pellegrini, a la vez que les pidió “paciencia” a los automovilistas.
Horacio Rodríguez Larreta, entretanto, defendió la iniciativa lanzando un hipotético “la gran mayoría de la gente está a favor”, sin fundamentar su afirmación más que en un acto de voluntarismo gramatical.
Por su parte, el titular de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno porteño, Javier Corcuera, aseguró que iban respetar “la orden del juez” y dijo que presentarían “toda la documentación requerida” en relación a los trabajos de trasplante de árboles que se están haciendo sobre el principal corredor de la Ciudad.
Corcuera insistió con “tomar medidas pertinentes dentro del ámbito de la Justicia” y recordó que la puesta en marcha del Metrobus “fue una propuesta aprobada en la Legislatura”. Todo para concluir con un desafiante “vamos a dar batalla”.
Terciando en la discusión, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, informó que en la mañana del viernes entregarían el estudio de impacto ambiental solicitado por el juez. “Todos los papeles están en regla”, dijo.
Acerca de los vecinos que se manifestaron en contra de las obras, la funcionaria los calificó como “un grupo minoritario”, y destacó nuevamente que el Metrobus es una mejora para todos los que circulan por la 9 de Julio. “Vamos a presentar la información requerida por el juez y esperamos que decida pronto”, sentenció Vidal, también desafiante.
Cuando reciba la documentación, el juez Guillermo Scheibler resolverá si suspende o no en forma definitiva la tala de árboles.
Metrobus, paredón y después
De todas maneras, a pesar de la profusión de palabras, la imagen que proyecta el Gobierno porteño sobre la construcción del Metrobus es de improvisación, ya que el propio subsecretario de Tránsito y Transporte, Guillermo Dietrich, responsable de la obra, afirmó el sábado último que “el diseño final no está terminado”, con respecto al recorte de la Plaza de la República, que perderá cinco metros y medio de cada lado.
Paralelamente, el martes de la semana pasada, al ser interrogado acerca de la cantidad de árboles que serán removidos, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, manifestó ignorarlo. Se limitó a afirmar que “algunos van a ser trasplantados, pero no todos. No sé cuántos, porque el subsecretario de Tránsito me tiene que pasar el proyecto”.
