Por el asedio de fuerzas de seguridad bolivianas sobre su embajada en La Paz, donde se refugiaron exfuncionarios de Evo Morales, México presentará un recurso contra el Gobierno de facto de Bolivia ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por lo que considera un asedio a su embajada en La Paz, así como a la residencia de su embajadora, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
“El día de hoy (26 de diciembre) México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas”, anunció el ministro en conferencia de prensa.
La tensión entre ambos países ha venido en aumento en los últimos días debido al fuerte cerco que impusieron las autoridades de facto bolivianas a la sede diplomática mexicana, donde una veintena de personas vinculadas al expresidente Evo Morales se encuentran solicitando asilo, según publicó el medio ruso Sputnik.
México denunció en días pasados “la intimidación de la que están siendo objeto la embajada y residencia oficial de México en Bolivia, lo que constituye una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reiteró el reclamo a Bolivia de que cumpla con sus obligaciones emanadas de la Convención, y que incluyen garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
También exigió a Bolivia “cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento” y advirtió que si la situación se mantiene, responsabilizará al país sudamericano “por cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país”.
Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre pasado y partió asilado a México dos días después.
El 13 de noviembre, tras otorgarle asilo, López Obrador expresó su compromiso de trasladar a su país a alrededor de una veintena de personas que se refugiaron en la Embajada en La Paz.
Morales salió de México hacia Cuba el 6 de diciembre y posteriormente viajó a Argentina, donde tramita el estatus de refugiado. El 18 de diciembre, la fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exmandatario, acusado de “sedición y terrorismo”.
