El próximo domingo vencen más de 50 mil contratos de empleados del Estado nacional que habían sido prorrogados a finales de marzo cuando se produjo la ola de despidos más grande de la administración deJavier Milei. Los gremios estatales esperan otra gran cantidad de bajas pero coinciden con el Gobierno en que las cifras mermarán respecto a las registradas hace tres meses -hubo poco más de 15 mil cesantías- y ahora se circunscribirían básicamente a algunos ministerios, a secretarías que fueron eliminadas, como la de Mujeres y Géneros, pero también a organismos autárquicos como el INTI.
La mayor parte de los afectados son los empleados de planta transitoria regidos bajo la resolución 48, cuyos vínculos fueron renovados el 31 de marzo pasado en el marco de una “auditoría permanente” impulsada por el Ejecutivo. Si bien en Presidencia reconocen que la semana próxima podría haber entre “7 mil y 10 mil” cancelaciones de contratos, no hay cifras confiables. Ni siquiera las hay para calcular las cesantías registradas desde el comienzo del mandato.
El propio Javier Milei, en ocasión de disertar en el Latam Economic Forum el pasado 5 de junio, adujo que “en materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil”. Pero unas semanas antes el entonces jefe de gabinete, Nicolás Posse, reconoció que “al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada”.
Desde Jefatura de Gabinete, de donde depende la secretaría de Transformación del Estado, destacaron que no hay números y dependerá de cada organismo o empresa pública determinar qué contratos no serán renovados el 30 de junio. Recién en julio próximo se sabrá cómo quedarán las dotaciones de las distintas reparticiones públicas. Un funcionario consultado estimó, no obstante, que las bajas serían menos importantes ya que “los dos cortes fuertes fueron al comienzo de la gestión y el 31 de marzo”.
En los gremios UPCN y ATE, en tanto, están preocupados por lo que pueda pasar el fin de semana pero estiman que las bajas serían menores a las registradas anteriormente. No obstante, están atentos a lo que pueda ocurrir con eventuales notificaciones vía telegrama o por el GDE (el sistema de gestión documental) durante el próximo sábado.
En ATE, por lo pronto, se preparan para movilizarse este jueves al Congreso para repudiar la eventual sanción de la Ley Bases y el lunes, en tanto, podrían hacer una vigilia en la puerta de los organismos de los eventuales cesanteados.
📢 Masiva asamblea de las y los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud donde se resolvió por unanimidad reivindicar el acompañamiento al Plan de Lucha Nacional de ATE en una semana clave.
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— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) June 27, 2024
Los puestos de trabajo en riesgo son aquellos de los organismos disueltos, como la secretaría de las Mujeres o el Inadi, pero también puede haber bajas en el ministerio de Salud, en Cultura o en organismos como el INTI. En el INTA, en tanto, también se estudian reestructurar institutos: en el Gobierno aducen que hay cuatro oficinas de Agricultura Familiar que cumplirían una misma función.
Los gremios estatales, además, tienen la sospecha que continuará “el goteo” de despidos más allá que vuelvan a renovarse por 3 meses este tipo de contratos. Y ponen en alerta que habrá áreas que, de confirmarse la Ley Ómnibus, donde hay una mayor cantidad de empleados de planta permanente que se van a intentar, creando como en los años ´90 un fondo de reconversión (los empleados pasan a estar un “limbo” y pueden ser reubicados o no).
Las empresas que se podrían privatizar son Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. En las ferroviarias desde hace meses vienen informándose cesantías.
Pero la mayor preocupación es que en algunas reparticiones los funcionarios buscarían garantizar el nivel de “dotación óptima” que se había estipulado durante el gobierno de Mauricio Macri a través de regulaciones del entonces ministerio de Modernización, el que ahora podría volver de la mano de Federico Sturzenegger.
“Hay organismos que van a estar protegidos del desguace por una comisión bicameral. Pero otros no. Igual si quieren, les vacían la caja, y quedan sin gestión. Está claro que quieren un Estado líquido, quitarle estructura y funciones. Después vemos las consecuencias como el accidente de tren en Palermo”, concluyó un dirigente de ATE.