“Mitad de abril”, mencionó el jefe de Estado citado por la agencia Bloomberg Línea. El Gobierno trabajaba con una hoja de ruta que preveía un programa aprobado y vigente hacia el fin del primer cuatrimestre, es decir, a fines de abril.
El titular de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, son los responsables de dirigir la negociación técnica que deberá establecer, antes de su presentación ante el directorio, el monto definitivo de la operación. Este monto incluirá tanto nuevos fondos como la reestructuración de vencimientos previos. Además, se definirá un marco de políticas económicas consensuadas, que abarcarán medidas relacionadas, entre otros aspectos, con el tipo de cambio.
En cuanto a los pasos a seguir, desde el Ministerio de Economía informaron que no será necesario realizar otro viaje a Washington para finalizar los detalles del Staff Level Agreement (SLA), el primer requisito antes de la discusión en el directorio. Esta idea fue planteada por el jefe de gabinete Guillermo Francos el miércoles por la mañana.
La Cámara de Diputados respaldó la autorización mediante un DNU que el Poder Ejecutivo se otorgó para establecer un nuevo acuerdo técnico con el organismo, el cual será enviado al directorio para su aprobación final. Con la cuestión legislativa y normativa solucionada por decreto —algo que fue criticado por la oposición debido a que no se presentó un proyecto de ley como lo establecía la “Ley Guzmán”— el equipo económico ahora deberá llevar a cabo una nueva serie de reuniones con el personal técnico para ultimar los detalles.
El DNU no proporciona detalles sobre gran parte del contenido del acuerdo que se está cerrando, pero sí establece claramente la estructura que lo sustentará. El nuevo programa se integra en un Extended Fund Facility (EFF), con una duración proyectada hasta 2035. Este tipo de acuerdo permite plazos más extendidos para la devolución de los préstamos. Habrá un período de gracia de cuatro años y medio, durante el cual el país no efectuará pagos de capital al FMI. Esta medida busca reducir la carga financiera a corto plazo y facilitar una recuperación económica más robusta.
Aunque el monto total del acuerdo aún no se ha oficializado, las estimaciones del mercado indican que podría variar entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Este financiamiento incluiría la renovación de vencimientos de deuda existentes -aproximadamente USD 14.000 millones solo para la refinanciación de capital- además de otra parte de deuda nueva para cancelar Letras Intransferibles.
El período de gracia de cuatro años y medio significa que Argentina comenzará a hacer pagos de capital al FMI a partir de 2029. En lo que respecta a la tasa de interés, se anticipa que sea inferior a lo que Argentina podría conseguir en los mercados internacionales. Aunque hubo estimaciones privadas que la ubicaban más elevada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, afirmó ante la bicameral de Trámite Legislativo que será del 5,63% anual en dólares.
Una parte importante de los fondos del FMI se destinará a la recompra de Letras Intransferibles emitidas por el Ministerio de Economía y actualmente en manos del Banco Central. Estas letras, que suman alrededor de 23.000 millones de dólares, constituyen una parte significativa del activo del Banco Central. Según las estimaciones preliminares del mercado, para cancelar la primera Letra Intransferible del cronograma, que vence el 1° de junio por USD 10.000 millones a valor nominal, el Gobierno necesitaría USD 3.000 millones en financiamiento adicional del FMI.
