En medio de la discusión por los dos candidatos que impulsa Javier Milei para conformar la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno validó para la justicia un presupuesto muy por debajo de lo solicitado. El proyecto remitido al Congreso de la Nación contempla una partida para la Justicia de 1.760 billones de pesos contra los 2.594 billones requeridos por la Corte y el Consejo de la Magistratura.
El desagregado es de 1.538 billones de pesos para el Consejo de la Magistratura y de 222 mil millones para la Corte. Así, el máximo tribunal recibirá un 41% menos de fondos de lo requerido, que eran más de 374.618 millones de pesos para el 2025.
Una situación simular ocurrió con el Consejo de la Magistratura, que solicitó 2.219.567.186.189 de pesos pero el gobierno le aprobó 1.538 billones de pesos.
Los números de la Corte
Con ese telón de fondo otra discusión se libró entre la cabeza del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo: el pedido de los fondos requeridos para el funcionamiento del máximo tribunal.
El presupuesto 2025 firmado por el presidente Horacio Rosatti y remitido a la Casa Rosada asciende a 374.618.102.145 pesos. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Clarín que lo aprobado fue una partida de 222.025 millones de pesos. Esto es, un 41% menos de lo solicitado.
Las oficinas y organismos que componen y dependen de la Corte suman un total de 2.500 empleados. El máximo tribunal está integrado por ocho secretarías judiciales (civil y comercial, penal, previsional, laboral, contencioso, tributario, relaciones de consumo, juicios originarios, juicios ambientales, jurisprudencia y penal especial). También por la Oficina de la mujer, la Obra Social del Poder Judicial, la Oficina de Violencia Doméstica, la Base general de datos de niños, niñas y adolescentes.
El organigrama se compone, entre otras áreas, de la Oficina Pericial, que a su vez se integra por el cuerpo médico forense, el de peritos contables, peritos calígrafos y tasadores. La Oficina de servicios auxiliares cuenta con la dirección general de mantenimiento, de notificaciones, la oficina de subastas, el archivo general del Poder Judicial.
La estructura es aún más amplía, con diversas secretarías y direcciones. Todo el personal que integra el máximo tribunal representa 2.500 empleados y el 91% de la partida presupuestaria solicitada ante el Poder Ejecutivo Nacional.
Al analizar la implicancias de la recepción del 41% menos de lo pedido, señalaron que en primer lugar en el que impacta es en la modernización del Poder Judicial.
Esta semana el Ministerio de Justicia implementó el sistema acusatorio en la Patagonia. La puesta en marcha de este sistema, que le da preponderancia las investigaciones al Ministerio Público Fiscal, demanda una importante inversión.
Gran parte de ese financiamiento proviene del Consejo de la Magistratura, y del Poder Ejecutivo, aunque también se tomaron préstamos.
Pero otra porción de los fondos requeridos para que se avance hacia una implementación integral del sistema acusatorio, es aportada por el Poder Judicial.
“Cuando se habla de una mejor administración de justicia, de mayor celeridad, lo que hay que pensar que la mayor partida presupuestaria se destina exclusivamente al pago de salarios, lo que no deja margen a inversión, adquisición de recursos ni capacitación sobre los mismos”, explicaron.
El presupuesto 2025 que la Corte había remitido al Gobierno contemplaba, por ejemplo, 4.797.615.398 de pesos para el alquiler de edificios y 73.338.261 para el alquiler de bienes muebles. También, se habían pautado 1.028.187.795 pesos para pasajes y viáticos.
Hay otro ítem en el proyecto original al que la Casa Rosada le redujo un 41%, que detallaba 1.284.233.221 pesos para “papel, útiles de oficina, pisos vinílicos, cortinas y otros”. Para “insumos de computación/impresión”, se habían pedido 5.295.040.024 pesos.
Pese al presupuesto ajustado que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó, fuentes judiciales indicaron a este medio que “no peligra el funcionamiento de la justicia”.
El Consejo de la Magistratura
Los números del Consejo de la Magistratura, que liquida los salarios del Poder Judicial y del personal administrativo de dicho organismo responsable de la designación de jueces como también de su investigación cuando son denunciados, también fueron desoídos.
El proyecto de Presupuesto para el 2025 exponía una demanda de 2.219.567.186.189 de pesos. Ese número no fue avalado por el Poder Ejecutivo.
El proyecto que el gobierno presentó en el Congreso contempla 1.538 billones de pesos para el Consejo de la Magistratura.
El organismo había aprobado una planta de 24.489 empleados, de los cuales poco más de 1.100 corresponden a la rama administrativa del Consejo. El resto se distribuye entre juzgados nacionales, federales, Cámaras, Tribunales Orales de diversos fueros, Cámaras Correccionales, entre otros.
Cerca del 96% de la enorme partida presupuestaria se destina al pago de salarios del Poder Judicial nacional y federal, excepto la Corte.
Hay que considerar, además, que la Justicia tiene vacante el 30% de los cargos de jueces. Hay un porcentaje considerable de los fondos presupuestados que se destinan a la subrogancias, el sistema utilizado para cubrir los cargos que no cuentan con magistrados titulares.