El oficialismo sufrió el miércoles un duro traspié en Diputados cuando la oposición rechazó el decreto de los “gastos reservados” millonarios para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El Gobierno de Javier Milei podría recibir otra derrota legislativa este jueves, cuando se trate el proyecto de recomposición de jubilaciones que ya tiene media sanción de la Cámara baja. El propio presidente adelantó que la vetará, pero el escenario se mantiene complicado.
La normativa establece una actualización mensual según el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otorga una compensación extra de un 8,1%, que el presidente Javier Milei ya había adelantado que iba a vetar.
La sesión será presidida por Victoria Villarruel, en medio de las tensiones que mantiene con Javier Milei y la Casa Rosada. Luego de debatir el tema de los haberes se discutirá el aumento en las dietas de los senadores que volvió a generar polémica.
A pesar de los intentos de La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UP), con la ayuda de algunos radicales y federales, logró imponer como dictamen de mayoría el texto que ya había sido aprobado en Diputados. De esta manera, la iniciativa se sancionaría con dos tercios, lo que se conoce como “mayoría agravada”. Esta mayoría es clave, ya que ambas Cámaras podrían insistir con ese número en un futuro si Milei hace uso del veto presidencial, de forma parcial o total, de la eventual norma.
Para lograrla, Unión por la Patria (UP) necesita tener a casi todos sus integrantes, más los cuatro senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) que apoyaron el dictamen- Martín Lousteau, Pablo Blanco, Flavio Fama y Daniel Kroneberger- y los dos del bloque Por santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia. Sin embargo, no se descarta que otros legisladores opten por apoyar esta norma.
Además de la actualización y el “empalme”, el proyecto que sancionó Diputados también agrega de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el promedio de los salarios y el IPC, para que exista la posibilidad de mejorar las jubilaciones en caso de que haya crecimiento económico.
Desde el oficialismo sostienen que el sistema previsional “ya tiene muchos parches” y el tema “desequilibra con facilidad las cuentas de las provincias y de la Nación”, por lo que piden que la recomposición se realice a partir de la publicación de una ley potencial, sin retroactividad.
Aumento de las dietas
Luego se dará paso a un tema que generó controversias: el aumento de las dietas de los senadores. Como hasta ahora están atadas a las paritarias de los trabajadores parlamentarios, los legisladores iban a recibir un incremento de 6,6% en sus dietas, llevándolas a 9 millones de pesos brutos. Los jefes de los bloques acordaron dar marcha atrás con el incremento y adelantaron que presentarán una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso.
En las últimas horas del miércoles, diferentes fuentes parlamentarias adelantaron que el consenso al que llegaron los bloques es desenganchar sus dietas, pero además congelarlas hasta diciembre. Aunque el texto final de lo que votarán se conocerá este jueves, todo hace suponer que los senadores no verán modificados sus recibos de sueldo por los próximos cuatro meses.
Tiene razón el Sr. Presidente, son momentos difíciles y complejos en dónde los que tenemos el privilegio de representar al Pueblo deberíamos estar a la altura de las circunstancias y entender que éstas conductas nos ponen de espaldas a los que menos tienen y más sufren.
Insisto… https://t.co/7C8WTBEUWf
— Luis Juez (@ljuez) August 19, 2024
Un punto que podría generar controversias es que en el temario está incluido el tratamiento de un proyecto de ley de José Mayans, presidente del interbloque de Unión por la Patria, que no solo busca establecer un modelo para las dietas de los legisladores, sino también topes para los salarios de los tres poderes del Estado.
En el texto, Mayans propone que el límite sea para los salarios del presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados, procurador general, defensor general, consejeros de la Magistratura, auditores generales y personal del Servicio Exterior.
Ninguno de estos cargos podrá superar los 20 salarios mínimos, vitales y móviles. Luego, baja a 15 para los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo, y establece un tope para los directores del Estado en las empresas privadas donde el mayor accionista es el Estado, como por ejemplo, YPF. El SMVM será de $268.056,50 a partir del 1 de septiembre.
