El Gobierno de Javier Milei eligió al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla como posibles nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lijo fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó en el máximo tribunal en octubre de 2021 cuando renunció, mientras que García-Mansilla ingresaría por Juan Carlos Maqueda, que podría dejar su puesto en diciembre cuando llegue a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.
La decisión se oficializó a través de un comunicado de la Oficina del Presidente se oficializó. “Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contentos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, reza el texto.
Desde noviembre de 2021 que la Corte funciona con cuatro miembros : el presidente, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Tras la renuncia de Highton de Nolasco en 2021 esa vacante todavía no se cubrió.
Lijo, uno de los magistrados más icónicos y polémicos de los tribunales federales de Comodoro Py, será el candidato a ocupar la vacante que dejó Highton de Nolasco en 2021. El oficialismo enviará sus pliegos para que el Senado apruebe su designación y el máximo tribunal de justicia del país quede completo.
Lijo asumió como titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py en 2004 y desde ese entonces tuvo en sus manos varias causas resonantes. No solo fue quien procesó y envió a juicio oral al exvicepresidente Amado Boudou por su supuesto involucramiento en los manejos de la ex Ciccone Calcográfica. También estuvo al frente de la investigación por la posible comisión de delitos por parte de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, en el marco del acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda.
En tanto que García-Mansilla considera que la ley de interrupción del embarazo es inconstitucional y también cuestionó “el marcado tinte anticlerical” de quienes impulsaron la legalización del aborto.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ya había adelantado la existencia de “candidatos” para ocupar ese lugar en la Corte. “Está en estudio, tenemos candidatas y candidatos y está en estudio”, indicó durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde presentó la reforma Procesal Penal Federal. Sin embargo, no hizo explícito que ese candidato sea Lijo, aunque sí descartó una eventual ampliación del máximo tribunal.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 20, 2024
Los antecedentes de Ariel Lijo
Lijo, de 55 años y nacido en Villa Domínico, es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py desde 2004 cuando asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tuvo varias causas de alto impacto político como el caso Ciccone en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires e hizo su carrera en el Poder Judicial, donde llegó a ser secretario de la Cámara Federal. Antes pasó por la Fiscalía de la Cámara del Crimen y por la Defensoría General de la Nación. Formó parte de la renovación de jueces del menemismo de Comodoro Py cuando fue designado junto a Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Como abogado se especializó en administración de Justicia y Piratería y Fraudes Marcarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Como juez Lijo tuvo varias causas de relevancia política. Investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó a Cristiano Nicolaides. También tuvo causas vinculadas al atentado a la AMIA como fueron las irregularidades en la investigación judicial del caso y procesó y envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano.
Lijo también tuvo causas contra el kirchnerismo. La más resonante fue el caso Ciccone en el que procesó a Boudou y lo envió a juicio. Contra el ex vicepresidente Lijo tiene abierto otro expediente por presunto enriquecimiento ilícito. En esa causa, el juez ordenó la detención de Boudou. También investigó la gestión de Mauricio Macri por el negociado del Correo Argentino. Por las vacantes de jueces que hay en Comodoro Py, Lijo también tiene hoy a su cargo los juzgados 6 -donde está la causa por el atentado a la AMIA- y el 12.
Además, el juez fue docente en diversas universidad como la de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Lanús y en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y en la Universidad Nacional de Lanús, del Salvador, del Museo Social Argentino, entre otras. También fue profesor en el Posgrado de Prevención de Lavado de Dinero y Crimen Organizado en la Universidad de Buenos Aires; como director y profesor del Curso Delitos Complejos, organizado por la Secretaría de Capacitación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente, es profesor de Derecho Constitucional en la Cátedra del Dr. Alberto Dalla Vía, UBA, donde dicta Derecho Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional.
También fue uno de los fundadores de Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE), entidad que nuclea a jueces federales de todo el país, y que es su actual secretario general. Precisamente, fue AJUFE la que organizó la reunión de jueces en Rosario, hasta donde llegaron los ministros de la Corte Suprema como una muestra de unidad y el compromiso de la lucha contra el avance del narcotráfico.
También integra la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Actualmente, es profesor de Derecho Constitucional en la Cátedra del Dr. Alberto Dalla Vía, UBA, donde dicta Derecho Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional.
Con veinte años de experiencia en investigaciones de crimen organizado, trata de personas, narcotráfico y casos de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad, ha asistido y participado como capacitador en diversos cursos, seminarios y jornadas en la Argentina y en el exterior.
Quién es García-Mansilla
García-Mansilla tiene 53 años, es oriundo de Bariloche y desde 2019 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Se recibió de abogado en 1996 en la Universidad del Salvador y desde entonces ejercer la profesión de abogado. Lo hizo en alguno de los estudios más importantes del país como “Marval, O’Farrell y Mairal” y “Liendo & Asociados”. También desde 2014 es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
Tiene una una maestría en leyes en la Universidad de Georgetown y el año pasado obtuvo el título de doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ese doctorado lo vincula en parte con la Corte Suprema. El juez del máximo tribunal Rosenkrantz fue uno de los integrantes del jurado. Si se concreta la llegada de García-Mansilla a la Corte compartirá el perfil de Rosenkrantz: los dos vienen de la profesión de abogados y del mundo de las universidades.
En 2008 y 2012, García-Mansilla fue elegido por sus pares como uno de los abogados más destacados y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está cargo del Consejo de Dirección de la Facultad y de la Escuela de Gobierno que tiene las carreras de grado de Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y todos los doctorados, maestrías y programas de posgrado de la facultad. Además desde 2006 da cursos referidos al derecho constitucional.
García-Mansilla también integra distintos institutos académicos en Argentina y en el exterior. Desde 2006 es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 integra el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También es miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde hace más de 10 años, y de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro individual de la International Association of Constitutional Law desde 2006.
