El presidente, Javier Milei, firmó el martes los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Las designaciones serán para completar las vacantes en el máximo tribunal que dejaron las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y de Juan Carlos Maqueda, a fines del año pasado.
El artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.
En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”.
De hecho, en el comunicado recordaron “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
La historia de las postulaciones
El proceso de nominación comenzó el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo presentó al Senado los documentos de los candidatos para su aprobación correspondiente. Más tarde, el 15 de abril, se hicieron públicos en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas, y se pusieron en marcha los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Tras completar todas las etapas requeridas, la administración envió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su consentimiento.
Las audiencias de Lijo y García-Mansilla se llevaron a cabo el 21 y 28 de agosto, respectivamente. Después de estas etapas, ambos candidatos estaban listos para recibir un dictamen y ser votados en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron discutidos durante el período ordinario de sesiones.
Ante esta situación, el Presidente decidió incluir el tema en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el Senado tampoco avanzó en el proceso.
Debido a “la inacción del Senado y al prolongado estancamiento del proceso”, el Ejecutivo optó por proceder con la designación en comisión de los jueces, basándose en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que permite al Presidente realizar nombramientos temporales en caso de vacantes durante el receso legislativo. Esta medida permanecerá vigente hasta el final del próximo período legislativo.