La legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, presentó una denuncia penal contra Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos, y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación. La acusación señala un “desmantelamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos, que incluye despidos masivos, desfinanciamiento y el cierre de áreas clave para la conservación de la memoria histórica y el avance de las investigaciones judiciales sobre crímenes de lesa humanidad.
La denuncia en cuestión se presentó en el juzgado federal 6 de Comodoro Py, a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas. Montenegro sostuvo que los denunciados incumplieron la ley 26.691, que establece la protección y preservación de los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura civico-militar como sitios de memoria. Subrayó la importancia de preservar estos espacios como lugares de reflexión, pero también para el cumplimiento de la justicia: “Los sitios de memoria son pruebas judiciales. Allí se preservan restos que pueden ayudar a las investigaciones y al proceso judicial de los crímenes ocurridos durante la dictadura”.
La legisladora explicó que, entre las medidas que evidencian el desmantelamiento, se encuentra el cierre de áreas esenciales, como los equipos de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo clave en la restitución de la identidad de los hijos e hijas de desaparecidos y en la búsqueda de personas nacidas durante la última dictadura. Además, confesó que varios de estos sitios están funcionando sin personal, dependiendo exclusivamente de la colaboración de mesas de trabajo y organizaciones sociales. “Esto pone en riesgo el cumplimiento de las leyes vigentes y afecta directamente el avance de los juicios”, agregó.
Impacto en los sitios de memoria
El pasado 4 de enero se llevó a cabo un festival artístico en lo que fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ex ESMA), espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dentro de este complejo se encuentra el Centro Cultural Haroldo Conti, que fue el foco de la protesta. Bajo la consigna “Una memoria que arde”, miles de personas se reunieron para expresar de manera pacífica su rechazo al desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. El evento incluyó diversas presentaciones culturales, donde invitaron a los presentes a encender velas como símbolo de resistencia, en rechazo al cierre del centro, a los despidos y en defensa de la memoria colectiva.
Al respecto, Montenegro aclaró: “Los sitios de memoria no son solo edificios; son pruebas judiciales. Allí se preservan restos que pueden ayudar a las investigaciones y al proceso de justicia.” Además, advirtió que el desfinanciamiento afecta la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, poniendo en peligro el trabajo pedagógico y de reflexión que se realiza en estos lugares.
Según datos revelados por diversas organizaciones de derechos humanos, el presupuesto destinado a la preservación de sitios de memoria ha sufrido una reducción del 30% en el último año, lo que afecta la conservación de infraestructura y la realización de actividades educativas. La legisladora aseveró: “La memoria es patrimonio de todos los argentinos, independientemente del espacio político que ocupemos”.
Desvinculaciones y precarización
Uno de los puntos más graves señalados en la denuncia son los despidos masivos. “Más de 2.000 trabajadores fueron despedidos la última semana”, dijo Montenegro. Entre ellos se encuentran equipos pedagógicos, de archivo y de preservación. Aseguró que la reducción de estos trabajadores significaría la imposibilidad de sostener los sitios como transmisores de memoria.
También, expresó su preocupación por la precarización laboral en estos espacios y destacó que los trabajadores que permanecen en sus puestos lo hacen “sin insumos básicos para desarrollar sus tareas”. Además, denunció que las mesas de trabajo conformadas por familiares de víctimas y organizaciones sociales están asumiendo roles que deberían ser responsabilidad del Estado.
Montenegro destacó el caso del ex centro clandestino “El Atlético”, ubicado en el barrio de San Telmo, como uno de los lugares más afectados por el abandono y la falta de recursos. Este centro, donde se realizaron múltiples torturas y desapariciones forzadas, actualmente se utiliza para llevar a cabo excavaciones en busca de restos que podrían ser claves para identificar a víctimas de la dictadura. Sin embargo, el trabajo en este espacio enfrenta dificultades debido a la falta de insumos y condiciones adecuadas. “Los trabajadores no tienen los materiales necesarios, como impresoras o volquetes. Ni siquiera baños químicos para que los trabajadores puedan cambiarse durante las excavaciones”, detalló.
En la ex ESMA, mencionada anteriormente, se han producido despidos que afectan áreas esenciales, como el Archivo Nacional de la Memoria. Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Secretaría de Derechos Humanos podría perder hasta el 75% de su personal, pasando de 800 trabajadores a solo 200. Esta situación generó una fuerte preocupación por parte de los trabajadores y organismos de derechos humanos, quienes advierten sobre esta posible desarticulación de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en el país.
“Sin estos operarios, los sitios de memoria quedan completamente desprotegidos”, ratificó. Criticó la falta de respuesta por parte del gobierno nacional y llamó a que sectores políticos de distintos espacios se comprometan con esta causa. “La memoria no es propiedad de un partido político, es un patrimonio de todos los argentinos”, remarcó.
Recalcó que el compromiso con la preservación de la memoria trasciende las fronteras de Argentina. “El mundo nos mira como un ejemplo en la búsqueda de justicia y verdad, pero estas acciones ponen en duda nuestra seriedad y compromiso en esta materia”, afirmó. En ese sentido, organismos internacionales como la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han manifestado su preocupación por la situación. Por otro lado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, objetó que el gobierno de Javier Milei ordenó los despidos en estas áreas como un plan para “cerrar la ex ESMA”.
Montenegro busca que la justicia actúe con rapidez y que se exija a los funcionarios cumplir con sus responsabilidades: “Necesitamos que garanticen el funcionamiento de los sitios de memoria y que protejan el trabajo de quienes los sostienen”, Finalmente, reafirmó su compromiso con la causa: “No podemos permitir ni naturalizar que se cierren los sitios de memoria. Esto no va a suceder. No lo vamos a permitir”. La legisladora concluyó con un llamado a la sociedad: “Defender la memoria es defender nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro”.
Cada historia se refleja en un sitio de memoria. Hace apenas unos días, encontramos al nieto 138, gracias a la lucha incansable de las Abuelas y la memoria activa que mantenemos día a día. Permitir que cierren estos espacios es dar cabida a un atropello contra las historias que tienen rostros, nombres y por las cuales seguimos luchando hoy para mantener viva su memoria. No podemos, ni debemos, permitir que se olvide lo que nunca debe olvidarse. Es nuestra responsabilidad como sociedad mantenerla viva y defenderla con cada acción. La memoria no se trata de un partido político, se trata de un patrimonio que es de todos, y no se negocia.
