El Gobierno ha decidido disolver el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), un instrumento financiero creado con el propósito de financiar la expansión del sistema de energía eléctrica en alta tensión.
Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 234/2025 publicado en el Boletín Oficial, se justifica, según el texto de la norma, por las irregularidades detectadas en auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, relacionadas con la gestión y funcionamiento de los recursos del fondo.
El FFTEF fue establecido por la Secretaría de Energía del antiguo Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos con el fin de financiar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, especialmente las ampliaciones del sistema de transporte en alta tensión destinadas a satisfacer la demanda y fomentar la interconexión de regiones eléctricas. Para ello, se implementó un recargo en la tarifa eléctrica de 0,0006 pesos por kilovatio-hora (kWh), destinado específicamente a nutrir el fondo.
De acuerdo con el Decreto 234/2025, la clausura del FFTEF no conlleva la supresión del recargo tarifario, ya que los recursos seguirán asignándose a la financiación de obras señaladas por la Secretaría de Energía. Esta disposición también determina que el 19,86% de lo obtenido por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica seguirá destinado a iniciativas de infraestructura en el transporte de energía eléctrica.
El decreto menciona informes de la SIGEN y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía que destacan deficiencias en la gestión del FFTEF. Entre las observaciones señaladas se encuentran la ausencia de manuales o procedimientos internos formalizados, el incumplimiento del “Reglamento de Contrataciones CAF” y la falta de un sistema integral para la gestión y el registro financiero. Según el informe de la SIGEN, las operaciones del fondo se documentaban sin un sistema informático adecuado.
Las auditorías también señalaron retrasos en la ejecución de obras financiadas por el FFTEF, lo que resultó en aumentos en los costos de los proyectos. En ciertas ocasiones, se detectaron hasta 47 re-determinaciones de precios para una misma obra. Además, se señaló que el fondo carecía de indicadores estadísticos para evaluar el impacto de su gestión.
Otro aspecto destacado en el decreto es el aumento en el número de empleados del fondo fiduciario, que se elevó de nueve trabajadores en enero de 2023 a 45 en diciembre de ese año, a pesar de que la normativa actual estipula que los fondos fiduciarios públicos no pueden tener una plantilla de personal, ya sea permanente o temporal, a su disposición.
De acuerdo con el decreto, se identificaron gastos no vinculados al propósito del fondo, como la contratación de servicios de catering para eventos internos y la firma de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Como parte del proceso de disolución, los activos líquidos, los títulos públicos y otros activos financieros del FFTEF serán transferidos a la Secretaría de Energía para seguir adelante con la ejecución de proyectos en curso.
La gestión de los fondos destinados al transporte eléctrico será responsabilidad de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que asumirá el papel de comitente en los contratos de obra en progreso. Además, la Secretaría se encargará de la documentación técnica y de la supervisión de las obras financiadas con los recursos reasignados.
El Decreto 234/2025 también introduce cambios que implican una nueva distribución de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Según esta nueva normativa, el 60% de los fondos se destinará a subsidios para compensaciones tarifarias regionales a los usuarios finales, mientras que el 40% restante se asignará al Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.