El vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff, presentó el miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura del juez Ariel Lijo, quien fue propuesto por Javier Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
En un escrito que entregó ante Guadalupe Tagliaferri (Pro), la senadora que preside ese cuerpo legislativo, Naidenoff argumentó que Lijo carece de “idoneidad” para convertirse en ministro del máximo tribunal del país por haber beneficiado al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en una causa conexa al caso Ciccone.
Naidenoff, integrante del comité nacional de la UCR, que conduce Martín Lousteau, impugnó a Lijo como abogado y ciudadano particular. Mientras la cúpula del radicalismo dilata un pronunciamiento orgánico sobre el pliego del controvertido juez a la espera de que empiecen las audiencias públicas en la Cámara alta, el exsenador formoseño ratificó su rechazo a uno de los dos postulantes que impulsa la Casa Rosada –el otro es Manuel García-Mansilla– para reemplazar a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quien se retirará en diciembre cuando cumpla 75 años.
“La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei”, dijo tras su presentación en el Senado, que abrió ayer el período para recibir impugnaciones y adhesiones a los postulantes de Milei.
Naidenoff considera que Lijo benefició a Insfrán en una causa que se desprendió de la investigación de Ciccone. “Fui denunciante contra Boudou y Gildo Insfrán por el entramado de este negocio y la firma The Old Fund, que permitió el desembarco en Ciccone”, puntualiza Naidenoff. Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou y titular de The Old Fund, cobró 7,6 millones de pesos en 2010 para asesorar a la provincia de Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación. O sea, con Boudou, entonces ministro de Economía de la Nación. Esa fue la primera operación comercial que desarrolló la sociedad que pasó a controlar Ciccone Calcográfica.
Si bien Insfrán fue indagado en esa causa, Lijo aceptó un pedido de la defensa del gobernador, que sostenía que debía ser juzgado en su provincia. El juez dividió la pesquisa y la envió a Formosa, provincia donde Insfrán controla todos los resortes del poder desde 1995. Sin sorpresas, la causa naufragó. “Fue un salvoconducto a la impunidad”, resalta Naidenoff, quien respaldó a Patricia Bullrich en la campaña presidencial de 2023.
En mayo de 2022, y sin citar a declarar a Vandenbroele, quien admitió el pago de coimas, el juez Marcelo López Pïcabea sobreseyó a Insfrán y Boudou en la causa que investigó un fraude en el proceso del canje de deuda pública durante el kirchnerismo. “Fue la crónica de un final anunciado. Lijo no reúne la idoneidad para ser ministro del máximo tribunal de justicia del país”, remarca Naidenoff, una de los primeras autoridades del radicalismo que se manifestó en contra del candidato de Milei.
El caso Lijo provoca incomodidad y divide aguas en la UCR, que cerró filas para defender al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien fue denunciado por el fiscal Guillermo Marijuan por supuesto encubrimiento en la desaparición del Loan Danilo Peña. Valdés es uno de los radicales que apoyan la candidatura de Lijo.
La denuncia del Fiscal Marijuan contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tiene la intención de utilizar políticamente un hecho que preocupa y angustia a todo el pueblo argentino. pic.twitter.com/moBcW2fdeQ
— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) July 24, 2024