“No hay ley de la guerra que justifique torturar, violar, robar y asesinar”

“No hay ley de la guerra que justifique torturar, violar, robar y asesinar”

Así lo aseguró GIl Lavedra tras ver el documental “El juicio”, junto a sus colegas camaristas Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.


El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, recibió en el salón Auditorio a sus colegas camaristas, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz para ver juntos el documental “El Juicio”, de Ulises de la Orden.

Ante un salón lleno de abogados, y con la presencia también de alumnos de colegios secundarios, el trabajo audiovisual de tres horas que se estrenó este año, fue emitido en la sede del CPACF como parte de las actividades desarrolladas a raíz del convenio firmado con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Tras la proyección y gracias a la colaboración de la periodista y abogada, Paz Rodríguez Niell, dialogaron sobre el histórico proceso judicial y sus sentimientos más íntimos al revivir esos largos meses a través de la obra. Allí confesaron que volvieron a sentir que se les “revolvieron las tripas”, y repudiaron la calificación de “excesos” de los crímenes de lesa humanidad que, por estos días, volvió de la mano del debate presidencial.

Ledesma subrayó que al ver las imágenes nuevamente sintió que “nunca hubo arrepentimiento” por parte de los condenados, y agregó que “siempre en ellos, el sentimiento fue la soberbia y el no hacerse cargo”. A su vez, resaltó el trabajo hecho por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) “para establecer la carga de la prueba en el juicio que determinó la cantidad de desaparecidos, muertos y donde estaban los centros (clandestinos) de detención”. Al respecto, Gil Lavedra agregó que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había iniciado ese camino en tiempos de dictadura, clasificándolos por centro de detención. Hecho que puso de relieve y señaló que sirvió de mucho en el posterior desarrollo del juicio.

En el terreno de las confesiones, narraron que en los días previos al inicio, Carlos Arslanián recibió la visita de un alto funcionario del Ejecutivo que les aseguró que “los comandantes estaban dispuestos a asumir la culpa si se cancelaba la realización de la audiencia (oral y pública)”. “Por supuesto, no lo hicimos”, fue la tajante respuesta de todos, según reconstruyeron. Gil Lavedra agregó que, en su caso, ni siquiera creyó en la veracidad de la propuesta.

Ledesma advirtió que “cuando uno es juez, se vuelve audaz”. Y recordó que, desde el primer día, recibieron amenazas de bomba en el recinto. Pese a ello, consensuaron seguir adelante. Gracias a esas maratónicas audiencias se conocieron los desgarradores testimonios de los sobrevivientes, que son la base documental del film, así como las declaraciones de los fiscales, las defensas y los militares acusados.

“La palabra excesos es un locura ante delitos aberrantes como los que cometieron las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, señaló Guillermo Ledesma, micrófono en mano. La pregunta formulada por Rodríguez Niell remitió naturalmente a las recientes declaraciones de uno de los candidatos presidenciales. “Hablar de excesos es una barbaridad y demuestra ignorancia porque un crimen de lesa humanidad no es exceso, sino que es un delito gravísimo”, enfatizó Gil Lavedra.

Valerga Aráoz sostuvo que “no deja de llenarme de asombro el caradurismo de los militares en sus declaraciones ante el tribunal negando sin disimulo que haya habido alguna irregularidad”.

Los tres recordaron, sonrisas mediante, el periplo que llevaron adelante para rescatar las copias fílmicas de las más de 530 horas que duró el juicio. Su traslado al parlamento noruego en Oslo. “Sentíamos que debían ser resguardadas”, declararon al unísono. Ledesma recordó que temían que hubiera un golpe militar, tras las asonadas carapintadas que comenzaron en la Semana Santa de 1987.

Basado en el registro audiovisual de las audiencias orales del Juicio a las Juntas, el documental recorre el proceso que se llevó a cabo en 1985 -por decisión del gobierno del presidente Raúl Alfonsín- en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces León Carlos Arslanián, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco, y Jorge Valerga Aráoz.

Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron sentenciados a reclusión perpetua con destitución, entre otros. Ni bien asumió, el presidente Carlos Menem indultó a esos comandantes y a otros militares y civiles condenados y procesados por los crímenes de la dictadura militar.-

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